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ıllı Agua potable y saneamiento en Colombia


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salud  Agua potable y saneamiento en Colombia 




En el año dos mil cuatro, la población con acceso a agua bebible y a un saneamiento conveniente representaba el noventa y tres por ciento y el ochenta y seis por ciento , respectivamente. La población rural, que representa más o menos el veintitres por ciento de la población total del país, mostraba las tasas de cobertura más bajas, en tanto que solo el setenta y uno por ciento tenía acceso a agua bebible y el cincuenta y cuatro por ciento a un saneamiento conveniente.​​ La cobertura es menor en la Costa Atlántica (zona del Caribe), en la Orinoquía y en la Amazonía. Entre mil novecientos noventa y dos mil cuatro, el acceso a agua bebible aumentó tenuemente del noventa y dos por ciento al noventa y tres por ciento . En exactamente el mismo tiempo, el acceso a saneamiento subió del ochenta y dos por ciento al ochenta y seis por ciento .​

El empleo de agua bebible ha bajado del veinticinco por ciento entre mil novecientos noventa y seis y dos mil uno, primordialmente a raíz de aumentos tarifarios esenciales y a la incorporación de usuarios de bajos recursos que no recibían servicios básicos.​

Además de los inconvenientes relativos a la cobertura de los servicios, el ámbito de agua y saneamiento de Colombia encara inconvenientes de calidad de servicio. No obstante, la calidad de servicio ha mejorado sensiblemente a lo largo de los últimos diez años. Las urbes más grandes tienden a tener un servicio de mejor calidad que las urbes pequeñas y las zonas rurales.​

El promedio ponderado de continuidad de servicio al nivel nacional era de ochenta y ocho por ciento en dos mil seis, lo que significa una mejora equiparado a años precedentes.​ En las 4 urbes más grandes el servicio es progresivo. No obstante, en muchas urbes pequeñas el racionamiento del agua y el abastecimiento intermitente son algo común.​

Según una encuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSPD) en dos mil cuatro, el setenta y dos por ciento de los usuarios tenía agua de calidad potable, y el veintiocho por ciento tenía agua de calidad no potable.​ En ciertos casos, la presión del sistema de abastecimiento de agua es inapropiada, lo que aumenta el peligro de polución Bacteriana.

Según el tercer diagnóstico sobre calidad de agua para consumo humano de la Defensoría del Pueblo efectuado en dos mil siete, dieciseis con siete millones de colombianos no recibieron agua capaz para consumo humano conforme con los análisis fisicoquímicos y microbiológicos reportados por las secretarias de salud.​

Los sistemas de alcantarillado pero no tiene la capacidad hidráulica suficiente para manejar los flujos de aguas residuales, en especial en los distritos pobres, lo que repercute en inconvenientes de desborde. En dos mil seis, el veintiseis por ciento de las aguas residuales generadas en el país recibió algún género de tratamiento. El sobrante setenta y cinco por ciento de las aguas se descarga sin ningún género de tratamiento, contaminando una parte significativa de los recursos naturales de agua.​

En las últimas décadas, el campo colombiano de agua bebible y saneamiento se sometió a múltiples procesos de centralización y descentralización. Desde la promulgación de una nueva política sectorial en mil novecientos noventa y cuatro, los próximos gobiernos han perseguido políticas básicas estables, fomentando trasferencias dirigidas a municipalidades, participación del ámbito privado, consolidación de la regulación, restauración de costos y un sistema de subsidios cruzados.

En la primera mitad del siglo veinte, las municipalidades tenían la responsabilidad de brindar servicios de agua y saneamiento básico en Colombia. En mil novecientos cincuenta, como en otros muchos países, se adoptó un esquema centralizado y se creó el Instituto de Promuevo Municipal (INSFOPAL). A través del Instituto Nacional de Promuevo Municipal, creó las ACUAS, entidades departamentales conformadas con la participación del Departamento, los Ayuntamientos y también Insfopal, las que se ocuparían de dirigir y preservar los acueductos y alcantarillados de las poblaciones afiliadas, encauzando la inversión del Estado en ese esencial renglón de la salud pública. En mil novecientos setenta y seis, en seguimiento de un cambio en la política sectorial del gobierno, las ACUAS se convertían en EMPOS, organismos ejecutores de carácter regional o bien municipal, llamados Empresas de Obras Sanitarias (EMPOS).​ Las ACUAS y EMPOS eran las encargadas de la financiación, planificación, desarrollo y administración de los servicios públicos en la mayor parte de los ayuntamientos.

Diferente situación existía en las zonas rurales en donde el gobierno estableció programas de construcción de acueductos rurales desde el Ministerio de Salud y con participación de gremios como el Comité de Cafeteros; obras que más tarde eran entregadas a la comunidad adjudicataria para su administración, por medio de mecanismos como las "Juntas de Acción Comunal" (JAC) y de Juntas administradoras de acueductos; muchas de las que sobreviven prestando el servicio público de acueducto hasta hoy.

Sin embargo, ciertas municipalidades sostuvieron la responsabilidad para la provisión del servicio en el nivel local y crearon compañías municipales. El caso más notable es el de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín (EPM), una compañía multi-sectorial creada en mil novecientos cincuenta y cinco, cuyo dueño es el ayuntamiento.​

En toda esta temporada, a nivel nacional, el campo de agua bebible dependía institucionalmente del Ministerio de Salud.

En la década de los ochenta el ámbito se hallaba en crisis. El INSFOPAL se liquidó en mil novecientos ochenta y nueve y la responsabilidad para brindar servicios retornó tras 4 décadas a los ayuntamientos, salvo en ciertos casos como en el Val de Cauca donde las compañías regionales se sostuvieron. Además de esto, ya no se asignó la responsabilidad institucional al Ministerio de Salud, sino se integró el campo al Ministerio de Desarrollo Económico. Este cambio no fue únicamente un cambio de nombre y de dependencia, sino más bien un auténtico cambio institucional.​

La nueva política sectorial de 1994

El fundamento de la política mundial en el ámbito se estableció con la Ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro. En el marco de una política de apertura económica y modernización empresarial, los gobiernos liberales de César Gaviria (mil novecientos noventa-mil novecientos noventa y cuatro) y Ernesto Samper (mil novecientos noventa y cuatro-mil novecientos noventa y ocho) establecieron una nueva política sectorial con los próximos objetivos:

 

    • aumentar las inversiones en el campo de agua bebible y saneamiento mediante trasferencias determinadas a las municipalidades

 

    • mejorar la calidad y eficacia de los servicios por medio de participación privada en las partes más pobres del país, donde las compañías públicas no funcionaron bien

 

    • establecer agencias de regulación autónomas a nivel nacional

 

    • aumentar la restauración de costos y

 

  • proteger a los estratos más pobres de la población mediante subsidios cruzados en forma de tarifas basadas en zonas residenciales.

Las políticas sectoriales establecidas con la Ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro, con ciertas modificaciones en dos mil uno, prosiguen siendo las bases de las políticas del estado mediante múltiples gobiernos.​

En mil novecientos noventa y cinco, se dio una primera concesión de agua y saneamiento a una compañía mixta pública-privada en la urbe de Cartagena, seguido de una segunda concesión en Barranquilla en mil novecientos noventa y seis y de otras concesiones después. En dos mil dos, el gobierno lanzó el Programa de Modernización Empresarial para introducir la participación del ámbito privado en el campo asimismo en medianos y pequeños ayuntamientos, con éxitos espectaculares sobre la calidad y eficacia de la prestación de los servicios.​

Creación de un Viceministerio de Agua y Saneamiento y Planes Departamentales

El gobierno desea elevar el perfil del campo para dar mayor impulso al incremento de la cobertura, excediendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el campo en Colombia, y mejorando la calidad del servicio, en especial en pequeñas urbes y en áreas rurales que tienen la mayor brecha de servicios.

Para este fin en dos mil seis se creó el Viceministerio de Agua y Saneamiento,,​ cargo en el cuál se nombra en la cartera a Leyla Rojas Molano, letrada con estudios en ciencia política​ a fin de que lidere el nuevo vice ministerio desde el que se han comenzado 4 programas nuevos:

 

    • Planes Departamentales de Agua y Saneamiento

 

    • Programa de Saneamiento para Asentamientos (sociedad anónima en el marco de un Programa de Mejoramiento Integral de Barrios

 

    • Programa de Saneamiento de Vertimientos Municipales para acrecentar el volumen de aguas municipales tratadas

 

  • Programa de Lavado de Manos

El programa de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento sirve para planear y armonizar los recursos y esquemas regionales de prestación de servicios al nivel de cada departamento del país. El Programa va a ser incorporado primero en 4 departamentos que tienen entre las más bastante difíciles condiciones, que son Sucre, Córdoba, Magdalena y La Guajira. Asimismo busca enfrentar la atomización del ámbito en muchas pequeñas empresas para favorecer de economías de escala.​

Referendo por el agua

Inspiradas en la experiencia de Uruguay, mil doscientos organizaciones sociales de Colombia están fomentando un referéndum para consagrar en la constitución el acceso al agua bebible como un derecho humano esencial. Los promotores asimismo desean que la constitución garantice un "mínimo vital" de agua gratis, resguarde los ecosistemas y establezca que el manejo del agua bebible sea público.​ En el mes de octubre de dos mil ocho un Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), promotor del referéndum, hizo entrega de 2.039.000 de firmas, avalados por la Registraduría, a la cámara de representantes para respaldar el referéndum.​​

Bogotá, D.C.

Las responsabilidades del ámbito de agua y saneamiento en Colombia están definidas en la Constitución de mil novecientos noventa y uno, en la Ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) y en la legislación siguiente.

Política y regulación

El Viceministerio de Agua y Saneamiento, creado en el mes de octubre de dos mil seis bajo el Ministerio de Entorno, Residencia y Desarrollo Territorial, está al cargo de establecer la política sectorial. Estas políticas sectoriales se definen en el marco de políticas nacionales establecidas por el Departamento Nacional de Planificación (DNP). La Calidad del agua para consumo humano es regulada hoy en día por el Ministerio de Salud y Protección Social con la participación del Ministerio de Entorno y Desarrollo Sustentable.

La responsabilidad de regular los servicios de abastecimiento de agua en el campo nacional cae en 2 instituciones independientes: La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) define los criterios que rigen la prestación eficaz de los servicios y establece las reglas de revisión de tarifas, mas no está al cargo de supervisar la aplicación de estas reglas. Esto último es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), un ente regulador multisectorial.​

El Gobierno se plantea prosperar el desempeño del ámbito de agua y saneamiento a través de las próximas medidas: (i) fortalecimiento del marco regulador; (ii) implementación de programas de asistencia técnica; (iii) apoyo financiero para fomentar la modernización y la administración eficaz, como el subsidio de los pobres; y (iv) racionalización del marco institucional en el campo nacional para progresar la coordinación del campo. El Gobierno asimismo respalda la participación de la compañía privada en el campo.

Provisión de servicios

En Colombia, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de "asegurar que se presten a sus habitantes, de forma eficaz, los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado... por empresas de servicios públicos" (Art. cinco, Ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro). La responsabilidad directa por la prestación de los servicios recae entonces en empresas de servicios públicos, salvo en ciertos casos concretos definidos en la ley en los que los ayuntamientos pueden prestar estos servicios de forma directa. En zonas rurales y ciertas zonas urbanas marginales las juntas comunales de agua asimismo prestan servicios de agua bebible.​

En dos mil seis, entre los trescientos sesenta y cinco prestadores de servicios registrados con la SSPD y que atienden a más de dos mil quinientos subscriptores, trescientos dieciocho son empresas de servicios públicos, treinta y ocho son ayuntamientos y nueve otros. En los años pasados se crearon muchas empresas reduciendo significativamente la participación de los ayuntamientos como prestadores directos; se patentizó una transformación empresarial que implicó el traspaso de la prestación de los servicios de los ayuntamientos a empresas especializadas de naturaleza de EICE sociedad anónima ESP (empresas industriales y comerciales del estado constituidas por acciones), las que por su naturaleza jurídica tienen mayor flexibilidad para contratar bajo un régimen de derecho comercial privado si bien sostienes a los entes de control fiscal y disciplinario.De esta manera, se observa que para el año dos mil seis la mayor parte de las compañías de servicios públicos son del tipo EICE (cincuenta y tres por ciento del total), manteniéndose ayuntamientos con un esquema de prestación directa (quince por ciento del total), al paso que los sobrantes prestadores corresponden a empresas privadas (doce por ciento del total), oficiales (trece por ciento ), mixtas (seis por ciento del total) o bien organizaciones autorizadas (1 por ciento ).​Es preciso detallar que, aunque las EICE como las oficiales son empresas que tienen un origen público, su naturaleza es diferente, teniendo la primera de estas un mayor nivel de especialización. Incluyendo prestadores más pequeños, se calcula que existen más de mil quinientos prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas y doce.000 organizaciones comunitarias en las áreas rurales.​

Se resalta una alta atomización del campo que no deja conseguir economías de escala. La creación de empresas regionales se ha propuesto como solución a este inconveniente.​

Ejemplos de provisión de servicios en pequeñas urbes y zonas semi-urbanas

En ciertas pequeñas urbes y zonas semi-urbanas existen ejemplos de un manejo triunfante de agua y alcantarillado por empresas regionales y organizaciones comunitarias, que en ciertos casos dan muestras referentes a la devolución del control a las comunidades, trasparencia y responsabilidad.

Un ejemplo de una compañía regional es Acuavalle SA ESP que provee agua bebible y el servicio de alcantarillado a una población de quinientos ochenta y dos mil habitantes en treinta y tres ayuntamientos del Val del Cauca. La compañía se formó como sociedad anónima no lucrativo en mil novecientos cincuenta y nueve. Los accionistas de la compañía son el Departamento del Val del Cauca; la Empresa Autónoma regional del Val del Cauca; y los treinta y tres Ayuntamientos servidos por la compañía.​

Otro ejemplo es la Junta Administradora del Acueducto La Sirena en el Val del Cauca en la periferia Suroccidental de la urbe de Cali, que maneja setecientos setenta y ocho conexiones domiciliarias con servicio progresivo para unos cuatro mil doscientos usuarios, una red de alcantarillado, una planta de filtro lento y está facturando el agua en base del consumo con micromedición con un cargo promedio de US dólares americanos tres con cinco por veintiocho metros cúbicos por mes. No existe estratificación y se aplican tarifas singulares a los que consumen más de veintiocho metros cúbicos. Sus excedentes son de US dólares americanos diez.000 al año que se reinvierten en mantenimiento precautorio y en ciertas ocasiones en obras de infraestructura como ha sucedido en los últimos 3 años, cuando se edificó una bocatoma en la Quebrada Epaminondas, se mejoró la bocatoma del Río Meléndez y se edificó un tanque de almacenaje con capacidad para doscientos veinte metros cúbicos.​ Otro ejemplo es la Asociación Acueducto de Río Negro en Popayán, formada hace diez años, que integra a diez veredas con siete mil conexiones domiciliarias. La Asociación está edificando su planta de tratamiento de agua bebible y está en el proceso de instalar micromedidores con el apoyo de la organización colombiana Asociados en Desarrollo Rural (ADR) de Colombia y la agencia estadounidense USAID.​

Empresas públicas fuertes y participación del ámbito privado exitosa

Cartagena.

Unas de las compañías públicas más triunfantes de Latinoamérica son las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín (EPM), empresas municipales que proveen servicios de agua, saneamiento, aseo, electricidad y telecomunicaciones locales. Empresas públicas en otras grandes urbes del país, como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Bogotá, asimismo presentan buenos indicadores de desempeño en comparación con otras muchas empresas públicas de agua y saneamiento en Latinoamérica.

A diferencia de lo sucedido en numerosos países en vías de desarrollo, en donde la participación del ámbito privado en el abastecimiento de agua ha sido enormemente controversial, resultando habitualmente en la terminación adelantada de los contratos, en Colombia dicha participación ha sido estable y es considerada por muchos un auténtico éxito.​ En dos mil cuatro, Colombia contaba con ciento veinticinco empresas de agua privadas y cuarenta y ocho mixtas, incluyendo empresas grandes, medianas y pequeñas.​

La participación del ámbito privado en el campo colombiano de abastecimiento de agua tuvo su comienzo en Cartagena en mil novecientos noventa y cinco, con el apoyo del Banco Mundial. Los ejemplos más esenciales se hallan en Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tunja, Caza, Palmira, Girardot, Manizales, y Riohacha. Los operadores, en su mayor parte, son colombianos. El desempeño general de los servicios públicos en donde participa el ámbito privado ha mejorado, en ciertos casos de forma increíble, y ciertos –como en el caso de Barranquilla- han conseguido un éxito pasmante en ampliar la cobertura a las poblaciones rurales pobres en forma eficaz.​

Según el Banco Mundial, la clave para el éxito de la reforma Colombiana del campo fue el desarrollo de soluciones propias, y en ocasiones la adaptación hábil de modelos utilizados en otros lados a las circunstancias propias y a la cultura Colombiana.​

La brecha en áreas rurales

La cobertura en áreas rurales es menor de lo que se supondría teniendo presente el nivel de desarrollo económico del país y el desarrollo del campo. Si bien una de las razones del atraso es el conflicto bélico, asimismo hay otras razones importantes: por poner un ejemplo, los ayuntamientos emplean las trasferencias del Sistema General de Participaciones (Ley setecientos quince de dos mil uno) eminentemente para inversiones en zonas urbanas. Además de esto, en contraste a otros países de Latinoamérica, no hay una corporación o bien un programa a nivel nacional que ofrezca asistencia técnica a las doce.000 organizaciones comunitarias que prestan los servicios en áreas rurales. La Ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro asignó esta labor a los departamentos, mas estos no han llevado a cabo esta labor satisfactoriamente.

El Inventario Sanitario Rural (ISR) de dos mil dos confirmó esta situación. Resaltó, entre otros muchos, que únicamente el veintiuno por ciento de las organizaciones comunitarias habían recibido formación en fontanería y el diez por ciento en administración del servicio.Únicamente el treinta y dos por ciento emitía facturas y el diez por ciento contaba con micromedición. Para acrecentar el acceso y prosperar la calidad de los servicios en estas áreas el gobierno definió en dos mil cinco los lineamientos de política de agua bebible y saneamiento básico para las zonas rurales de Colombia. Más tarde en el mes de julio de dos mil catorce se aprobó en documento Conpes tres mil ochocientos diez POLÍTICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL.​

De pacto con el informe "Estado de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano- dos mil quince", publicado por el INS en el mes de julio de dos mil dieciseis, la calidad del agua para consumo humano que era distribuida por las redes de abastecimiento de los acueductos rurales presentó un índice de peligro (IRCA) de cuatrocientos cincuenta y dos por ciento ubicado en el rango de "Alto Peligro" de las reglas regulativas vigentes; muy sobre el índice de peligro pertinente a las zonas urbanas que alcanzaron solo el noventa y seis por ciento en el IRCA en tal año. Estas cifras prueban la alta vulnerabilidad que presentan en la actualidad dichas empresas de servicios públicos y la necesidad de inversión social en el fortalecimiento de semejantes entes administradores como en la modernización de la infraestructura sanitaria por la parte de las entidades territoriales departamentales y municipales.

El nivel de agua no contabilizada (pérdidas físicas y administrativas) en Colombia se estimó en dos mil seis en un promedio del cuarenta y nueve por ciento .​ Este nivel es más alto que el promedio en Latinoamérica, que es más o menos del cuarenta por ciento , y de la meta regulativa que es del treinta por ciento . Anteriormente el nivel da agua no contabilizada se había estimado a un promedio del cuarenta por ciento en dos mil uno, prácticamente exactamente el mismo nivel que en mil novecientos noventa.​ En las primordiales urbes del país el nivel de agua no contabilizada está bajo el promedio (cuarenta por ciento en la ciudad de Bogotá, treinta y cinco por ciento en la ciudad de Medellín y treinta y nueve por ciento en Cali).

Tarifas y subsidios

El esquema tarifario en Colombia es definido por la Ley ciento cuarenta y dos y se aplica tanto a las compañías públicas como a las mixtas y a las privadas. Este esquema tarifario y de subsidios, único en Latinoamérica, ha logrado:

 

    • un incremento esencial en las tarifas de agua y de la capacidad de autofinanciamiento de las compañías de agua y alcantarillado;

 

    • un incremento en las trasferencias de la nación a los ayuntamientos, destinados para el sector;

 

    • por consecuencia, un incremento significativo en las inversiones y en el acceso al servicio;

 

  • una protección de los bajos estratos asociado-económicos mediante la distinción de tarifas por estratos.

La tarifa básica se calcula sobre la base de los costos económicos y conforme una metodología definida al nivel nacional por la CRA en dos mil cuatro. Las tarifas cambian entonces entre ayuntamientos únicamente en función de sus costos y no de la voluntad del gobierno municipal de acrecentar o bien no las tarifas.​

En dos mil seis, la factura promedio al mes para un subscriptor residencial fue de quince y doscientos nueve pesos (US dólares americanos seis,1) por servicios de acueducto y diez.291 pesos (US dólares americanos cuatro con uno) por los servicios de alcantarillado.​​ Entre mil novecientos noventa y dos mil uno, la tarifa media por metro cúbico aumentó de US dólares americanos 0,32 a US dólares americanos 0,813, lo que significa una subida de un ciento cincuenta y tres por ciento .​

Para resguardar a las personas de reducidos ingresos en frente de tarifas demasiado altas se aplican factores para ajustar las tarifas básicas en todos y cada ayuntamiento a la capacidad de pago estimada de los usuarios. Para estos ajustes se utiliza el término de estratos asociado-económicos, una herramienta que emplea el gobierno de Colombia para clasificar a los ciudadanos conforme a sus ingresos. Cada ayuntamiento entonces ha acotado áreas geográficas que corresponden a cada uno de ellos de los 6 estratos asociado-económicos, que van del estrato 1 (bajo-bajo) al estrato seis (alto).​ Los factores para ajustar las tarifas de agua son los siguientes:

EstratoFactor de ajuste de tarifas130 por ciento 260 por ciento 3100 por ciento 4100 por ciento 5120 por ciento 6120 por ciento

La una parte de la población en áreas que corresponden a los estratos 1-tres es mucho mayor que la que vive en áreas que corresponden a los estratos cinco y seis. Por servirnos de un ejemplo, en la ciudad de Bogotá el setenta y tres por ciento de la población vive en los estratos 1-tres y únicamente el diez por ciento en los estratos cinco y seis.​ El esquema tarifario entonces produce un déficit permanente que requiere subsidios (trasferencias) del una parte del gobierno nacional. Por poner un ejemplo, conforme la SSPD en dos mil siete los "aportes solidarios" de los estratos cinco y seis eran de US dólares americanos ciento cincuenta y uno millones, al tiempo que los subsidios eran de US dólares americanos quinientos cincuenta y nueve millones, produciendo un déficit de US dólares americanos cuatrocientos ocho millones.​

Inversiones y financiamiento

Inversiones Entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil siete el campo recibió US dólares americanos seis,820 millones para inversión (US dólares americanos ochocientos cincuenta y dos millones anuales). En el periodo dos mil tres-dos mil seis la inversión era de 0,62 por ciento del Producto Interior Bruto, uno de los más altos niveles en Latinoamérica. Pese a un receso en dos mil uno, la inversión total en el campo de agua y saneamiento ha crecido de forma evidente desde el año mil novecientos noventa y nueve.​

Para los años de dos mil siete hasta dos mil diecisiete, la SSPD prevé inversiones de US dólares americanos dos mil doscientos millones (cuatro mil novecientos veintidos mil millones de Pesos Colombianos)​ en el campo de agua bebible y saneamiento.​

Financiamiento Conforme la SSPD estas inversiones se han financiado de la manera siguiente:

 

    • 42 por ciento trasferencias de la Nación a los ayuntamientos a través del Sistema General de Participaciones (SGP) definido en la Ley setecientos quince. Un cierto porcentaje de este financiamiento es destinado únicamente a agua y saneamiento.

 

    • 11 por ciento presupuesto directo de la Nación distribuido a través de audiencias públicas

 

    • 16 por ciento regalías (petróleo, minerales, otros) administrados por el Fondo Nacional de Regalías (FNR)

 

  • 31 por ciento autofinanciamiento por medio de ingresos tarifarios.​

Según una investigación del Banco Mundial las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) contribuyen asimismo en el financiamiento de inversiones de agua bebible y saneamiento.​ Las trasferencias por medio del SGP llegan eminentemente a los pequeños ayuntamientos con bajos niveles de ingresos.​ No obstante, muchos ayuntamientos usan las trasferencias del SGP destinadas al campo de agua y saneamiento para otros fines.Los CAR perciben ingresos del predial, de las compañías de generación de energía eléctrica y de tasas ambientales por la extracción de agua y tasas retributivas por la descarga de aguas residuales.​

El campo privado asimismo ha financiado inversiones en agua bebible y saneamiento. De los US dólares americanos dos mil novecientos treinta millones (siete mil novecientos sesenta y cinco mil millones de pesos colombianos)​ que se han invertido en el campo entre mil novecientos noventa y cinco y dos mil tres, el campo privado invirtió el dieciseis por ciento . Desde mil novecientos noventa y ocho, la financiación privada aumentó desde prácticamente cero a más de US dólares americanos cien millones en los años dos mil, dos mil dos y dos mil tres y de esta forma se transformó en una fuente de financiación esencial.






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