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ıllı Escándalo Schoklender wiki: info, historia y vídeos


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salud  Escándalo Schoklender 


Este artículo trata sobre las acusaciones de desvío de fondos estatales. Para el caso de doble homicidio de los Schoklender, véase Caso Schoklender.

«Escándalo Schoklender» hace referencia a las demandas conforme las que Sergio Schoklender y otras personas habrían intervenido en el supuesto desvío de fondos entregados por el Estado por la construcción de residencias sociales por la «Misión Sueños Compartidos», organizada por las Madres de Plaza de Mayo y creada por Sergio Schoklender.El treinta de mayo de dos mil dieciocho la Cámara Federal Penal de Apelaciones dispuso el procesamiento de Julio De Vido, Pablo y Sergio Schoklender, Hebe de Bonafini, José López, Abel Fatala, Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrian Serventich, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Omar Galán, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi por considerarlos supuestos autores de la maniobra de defraudación a la administración pública consistente en administrar y conseguir fondos públicos destinados a la construcción de residencias sociales usando para esto a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que entonces eran desviados cara otros fines.


El ocho de mayo de dos mil once Sergio Schoklender se desligó de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aduciendo que ese trabajo no era compatible con sus proyectos personales. Otras fuentes refieren que fue echado por Bonafini por motivos vinculados al manejo de fondos. Estos hechos se hicieron públicos el veinticinco de mayo y empezó una investigación para determinar el supuesto desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por la construcción de residencias sociales en el marco de la Misión Sueños Compartidos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no hay funcionarios en la discusión judicial ni los habrá jamás, pues no es un inconveniente de dinero público. El dinero entregado no son subsidios, sino más bien financiamiento que se paga cuando se certifica la obra: el dinero es del particular.


Causas judiciales


La primordial causa judicial estuvo al cargo del juez Norberto Oyarbide y se empezó a causa de una alarma emitida por 2 bancos por estimar sospechosos los movimientos en cuentas de empresas ligadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, puesto que talones cobrados al Estado por las Madres por el plan de residencias eran endosados a nombre de la compañía Antártica Argentina y retirados entonces por ventana en un banco de Villa Rizado, urbe de la ciudad de Buenos Aires. Más tarde compareció la Unidad de Información Financiera (UIF) que la tuvo sin ahondar a lo largo de prácticamente un año. El juez dispuso allanamientos en propiedades y oficinas de Schoklender, raptó documentación y le prohibió salir del país. En esta causa los hermanos Schoklender y otras personas son investigados por los presuntos delitos de fraude al Estado, lavado de dinero y asociación ilegal.


El juez pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) un informe sobre los movimientos de fondos mandados por el Estado Nacional cara la Fundación de las Madres.También ordenó un peritaje con contadores de la Corte Suprema y también ingenieros de la Universidad de la ciudad de Buenos Aires (UBA) sobre todas y cada una de las obras de la Misión Sueños Compartidos para contrastar si los setecientos sesenta y cinco millones de pesos entregados por el estado fueron ciertamente usados en las construcciones de residencias sociales o bien si hubo una administración fraudulenta.


Como demandante el juez aceptó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, mas no a Bonafini en forma individual como presidente por el hecho de que estaría en estudio si le cabe alguna responsabilidad. Las Madres –como querellantes– afirman que fueron engañadas por los Schoklender. Igual se estudia si tuvieron responsabilidad en un supuesto desvío de fondos. Mas Oyarbide mandó a evaluar las obras por el hecho de que piensa que todavía no tiene pruebas de una defraudación con dinero público.


Oyarbide dispuso la inhibición, embargo de recursos y alzamiento del secreto bancario respecto de sus cuentas, de cerca de cuarenta personas y treinta empresas que son investigadas, entre aquéllas que figuran 2 financistas próximos a Sergio Schoklender, su ex- esposa Viviana Sala y ciertas personas implicadas en la venta de cuatro inmuebles efectuada por Meldorek poco después que estallase el escándalo. Ordenó iguales medidas respecto de Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini y además de esto actual apoderada de Madres, haciendo sitio al pedido que elaboró el fiscal al confirmar que en dos mil diez vendió a Meldorek en veinticinco mil dólares estadounidenses un departamento de ochenta metros sito en la urbe de la La Plata cuyo valor de mercado sería de unos ciento veinte mil dólares americanos, para entonces adquirir una casa de doscientos metros cuadrados. El fiscal desea determinar si sus movimientos bancarios se condicen con los montos de las operaciones.Respecto de esta última los abogados de Madres mostraron sorpresa, aseveraron que había sido una operación normal para lo que aun había sacado un crédito por lo consideraron inútil investigar a Alejandra Bonafini y a su patrimonio.


A principios de septiembre de dos mil once el juez interviniente consideró que la investigación judicial podría transformarse «en una megacausa» y precisó que el caso es «un tema muy complejo» y que la causa tiene «70 cuerpos de actuación y doscientos folios», señalando que los equipos de especialistas trabajan «doce horas por día» para encontrar pruebas y asistir a determinar responsabilidades.


La Auditoría General de la Nación determinó que en el periodo entre dos mil cinco y dos mil once, el Estado nacional entregó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo dólares americanos 1.295 millones para la construcción de residencias sociales del plan "Misión Sueños Compartidos", que edificó cuatro.757 residencias, de las que apenas ochocientos veintidos fueron adjudicadas. El informe refiere pagos a Sergio Shocklender por un total de veintitres millones, a Pablo Schoklender por trece millones y a la constructora Meldorek, de los 2 mentados, dólares americanos cuatro,4 millones sin que en ninguno de los casos el desembolso del dinero estuvo vinculado a administración de obra que pudo ser probada.


La segunda causa, que gestiona en el juzgado federal del juez Marcelo Martínez de Giorgi, fue iniciada por un particular y también estudia la responsabilidad penal que podrían tener los funcionarios que debían supervisar las obras que hacían las Madres por supuesta violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, defraudación a la administración pública y abuso de la autoridad. Uno de los puntos a determinar es si en las 2 puntas de la contrataciación estaba exactamente la misma persona: Schoklender como apoderado de la Fundación y como titular de las compañías contratistas que hacían las obras. Asimismo estudia si hubo sobreprecios en las obras, para lo que empezó requiriendo a provincias y ayuntamientos la documentación de exactamente las mismas.En junio de dos mil dieciseis el juez de Giorgi citó a indagatoria a José Francisco López, Julio De Vido, Carlos Tomada, Miguel Lifschitz, Gerardo Zamora, Maurice Closs, Jorge Capitanich, Hebe de Bonafini, Abel Fatala, Alejandro Granado, Julio Zamora, Darío Giustozzi y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La "hipótesis delictiva" del juez, es que los Schoklender administraron y consiguieron ilegítimamente fondos de la Segregaría de Obras Públicas puesto que parte de esos fondos se sustrajo de su destino concreto que era la construcción de residencias sociales, en perjuicio de las arcas del Estado. El primer juez que estudió los fondos desviados fue Norberto Oyarbide, apartado del caso por la cámara. Por último, todo se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi.


El treinta de mayo de dos mil dieciocho la Sala I de la Cámara Federal Penal de Apelaciones dispuso el procesamiento de Julio De Vido al tiempo que confirmaba los que se habían dictado en primera instancia respecto de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, Hebe de Bonafini, José López, Abel Fatala, Manuel Camet, Mariano Moncada, Emilio Mauro Gutiérrez y Guillermo Alejandro Greppi. El fallo considera a los procesados supuestos autores de la maniobra de defraudación a la administración pública consistente en administrar y conseguir fondos públicos destinados a la construcción de residencias sociales usando para esto a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que entonces eran desviados cara otros fines.


Montos y obras


Los fondos eran girados por la Subsecretaría de Residencia, al cargo de Luis Bontempo, o bien de la Subsecretaría de Obras Públicas, al cargo de Abel Fatala, las dos del Ministerio de Planificación Federal, al cargo de Julio De Vido a los ayuntamientos o bien provincias que contrataban a la Fundación.


Patrimonio de Sergio Schoklender


La investigación trata de determinar cuál es el patrimonio de Schoklender. Conforme versiones periodísticas tiene 2 aeroplanos y un yate a nombre de Meldorek, una casa en Pilar y doce lotes en José C. Paz. Hay inmuebles en las calles Alvarez Thomas y Guevara de la Capital Federal y un entramado de empresas en las que no está claro cuál es su participación.


En su primera aparición pública en la tradicional ronda a la Pirámide de la Plaza de Mayo que todos cada jueves efectúan las Madres, Hebe de Bonafini afirmó que las demandas era «una pelotudez».


Tres días después echó a Pablo Schoklender y acusó a Sergio de haber querido transformar la Fundación en una compañía. Este por su lado aseveró el veintinueve de mayo de 2011: «Yo era un apoderado más de la fundación; soy el gestor meridianamente, mas la dirección y la presidencia del Consejo de Administración es de Hebe. No soy dueño de Meldorek. Trabajo para ellos, les facturo, cobro honorarios por eso».Una semana después, el siete de junio, Bonafini afirmó: «Los Schoklender son estafadores y traidores. Mas una cosa son y otra son las Madres, que pusimos el cuerpo treinta y cuatro años para reivindicar a nuestros hijos». En el interín, el tres de junio, el juez Oyarbide había prohibido a los hermanos Schoklender salir del país.


El dieciocho de agosto de dos mil once se formó un fideicomiso que administre todos y cada uno de los recursos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que abre un haz de luz a fin de que la Fundación Madres de Plaza de Mayo pueda proseguir con su obra y fue la solución concebida a fin de que la entidad pueda hacer en frente de la comprometida situación financiera en la que quedase. Su objetivo es resguardar el proyecto originalmente propiciado por Madres, después de que los diferentes obradores del programa Sueños Compartidos fuesen encargados a las intendencias y gobernaciones donde la Fundación había empezado a edificar residencias. La radio AM quinientos treinta, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) que marcha en la ex- ESMA y la factoría de paneles con los que las Madres construían las residencias van a quedar protegidos bajo una figura legal que impide su quiebra y les deja continuar trabajando.Durante los meses siguientes se va a hacer un análisis sobre las finanzas de la entidad, que tiene las cuentas corrientes embargadas por la justicia, aparte de ciertos pedidos de quiebra.


El gobierno a pesar del «durísimo impacto que significó comprobar que Sergio Schoklender y su hermano Pablo administraron de forma irregular el proyecto de construcción de viviendas» decidió sostener la idea que lo inspiraba y traspasó al control de las provincias y ayuntamientos implicados la totalidad de las obras de construcción de residencias que regulaba Madres de Plaza de Mayo. En el mes de julio de dos mil once el jefe de Gabinete del gobierno de Misiones, Ricardo Escobar, aseveró que la Fundación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ya no administra el programa Sueños Compartidos y que esta responsabilidad recaerá en los gobiernos provinciales y los ayuntamientos, a salvedad de Buenos Aires. En esta última se decidió que en la obra se impliquen empresas privadas y cooperativas de trabajo. Estas últimas se ocuparán de emplear a los trabajadores y, asimismo, de hacer posible la administración autónoma de cada emprendimiento. El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, aceptó un rol de link con las cooperativas de trabajo, las que aceptarán el compromiso de asegurar un puesto para cada uno de ellos de los obreros que participaron de Sueños Compartidos.






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