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ıllı Escándalo del Palomar wiki: info, historia y vídeos


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salud  Escándalo del Palomar 


El escándalo del Palomar o bien escándalo de la venta de tierras del Palomar empezó a causa de una demanda, realizada el dieciseis de mayo de mil novecientos cuarenta, por el senadorBenjamín Villafañe, con relación a una venta de tierras destinadas a la ampliación del Instituto Militar de El Palomar por un mediador, a costo sobrevalorado para que las ventajas, una vez pagados los auténticos dueños, fuesen repartidos entre miembros del Congreso de los Diputados y empleados de la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados y funcionarios del Ministerio de Guerra de la Nación Argentina. La suma había sido aprobada en el presupuesto del Ministerio de Guerra por el Congreso de la Nación Argentina, anterior pago de sumas de dinero a miembros del Congreso de los Diputados radicales y al presidente de la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados y de la Comisión de Presupuesto.


El negociado de El Palomar tiene su origen en hechos precedentes a la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz y el ministerio del General de Brigada Carlos D. Márquez. El Ministerio de Guerra decidió adquirir doscientos veintidos hectáreas para ampliar el Instituto Militar de El Palomar y otras dependencias militares. Las dueñas de esas tierras eran las hermanas Pereyra Iraola de Herrera Vegas que se la ofrecen a la venta al Ejército Argentino a dólares americanos 1 el metro cuadrado. Mas el veintiseis de noviembre de mil novecientos treinta y seis, la Dirección General de Ingenieros tasa esas tierras en dólares americanos 0,20 la unidad métrica por "ser terrenos anegadizos y de poca calidad", cancelándose la operación de adquiere.


Un mediador, Néstor Luis Casás, se ofreció a las dueñas a vender las tierras al Ministerio de dólares americanos 0,65 en favor de ellas, con una diferencia a favor suyo. Admitida la oferta, el veintidos de diciembre de mil novecientos treinta y siete las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola de Herreras Vegas, firmaron una alternativa de compra y venta por ese costo. Ese día, por intermedio de su apoderado Jacinto Baldassarre Torres, Casás ofreció a la venta las tierras a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados de la Nación Argentina, al coste de dólares americanos uno con diez el metro cuadrado. El treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, dicha Comisión incluyó en el presupuesto para mil novecientos treinta y ocho una partida destinada a la adquisición de esas tierras a un valor autorizado de dólares americanos uno con diez por unidad métrica. El once de enero de mil novecientos treinta y nueve el ministro Márquez pide al Presidente la firma del decreto 21.683/38 de autorización de adquiere "a un coste no mayor de dólares americanos uno con diez (pesos uno con 10/100) el metro cuadrado a quien resulte dueño de exactamente las mismas", a pesar de la precedente tasación de la Dirección General de Ingenieros.


La venta se hace de este modo: el Banco Nación de La Plata levantó una hipoteca de dólares americanos setecientos veintitres mil que gravaba el terreno; se firmó una primera escritura de venta por dólares americanos 1 cuatrocientos cuarenta y siete novecientos seis pesos entre las dueñas y el intermediario; y una segunda escritura de venta por un importe de dólares americanos dos cuatrocientos cincuenta trescientos tres, entre Casás y el Ministerio de Guerra de la Nación. No obstante, el orden de los pagos realizados fue en sentido inverso: el ministerio pagó en títulos al mediador, este entregó una parte de los títulos a los dueñas por el valor acordado entre ellos y estas últimas levantaron la hipoteca.


La subscripción de las 3 escrituras, realizadas en exactamente el mismo banco, no merecieron la observación del representante del Ministerio de Guerra, ni de una parte del Escribano del Banco, ni del Escribano Mayor del Gobierno, ni del presidente de la Contaduría General de la Nación Argentina. La diferencia por dólares americanos 1.002.397 se distribuyó de la próxima manera: una parte quedó en poder de Casás, que vende por su cuenta, el resto se repartió entre parlamentarios, funcionarios administrativos de mediano rango y personas con nombres supuestos.


El conservador Juan G. Kaiser, presidente de la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados de la Nación Argentina que administró la autorización presupuestaria para adquirir a dólares americanos uno con diez, se favoreció con dólares americanos 126.925,18; el conservador Gregorio R. Godoy, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que hizo aprobase la autorización, con dólares americanos ciento setenta y siete mil en títulos del Tesoro y dólares americanos 140.689,26 en efectivo; el miembro del Congreso de los Diputados radical Miguel Á. Aguirre Zabala, admitió un soborno de dólares americanos 25.373,85; y otros 2 miembros del Congreso de los Diputados, el radical Guillermo Bertotto y el antipersonalista Víctor Juan Guillot, cobraron títulos del Tesoro que, vendidos significaban dólares americanos 12.612,48 para cada uno de ellos.


Esta demanda fue formulada en la sesión del dieciseis de mayo de mil novecientos cuarenta por el miembro del Senado Benjamín Villafañe y descubierta por el ex- gobernante de la ciudad de Buenos Aires, Manuel Fresco. Este, movido por el rencor a consecuencia de la intervención decretada por Ortiz a su gobierno, puso la operación en conocimiento del cronista José Luis Torres, ex- ministro del gobernante Nougués en Tucumán, que denunció los hechos en la gaceta semanario “Ahora” y entregó la información al miembro del Senado jujeño.


La demanda ponía en lona de juicio la política moralizadora de Ortiz, puesto que este había firmado el decreto autorizando precisar la operación de adquiere de las tierras a solicitud del Ministro de Guerra, el general Carlos D. Márquez. Villafañe la llamó "algo que no se puede menos que calificar de horrible" y solicitó una comisión estudiosa. Se formó entonces la Comisión Estudiosa de la Adquiere de Tierras en El Palomar, integrada por los miembros del Senado Gilberto Suárez Lago, Héctor González Iramain y Alfredo Palacios. El ocho de agosto de mil novecientos cuarenta la Comisión, encabezada por Palacios, publicó sus conclusiones. Acusaba de mal desempeño de sus funciones al ministro Carlos D. Márquez, para quien pedían un proceso de juicio político, y al titular de la Contaduría General de la Nación, Mario Argentino de Tezanos Pinto; haciendo responsables por cohecho a los miembros del Congreso de los Diputados implicados, para quienes pedía la exclusión del cuerpo, y solicitando el sometimiento del resto de los intervinientes frente a la justicia ordinaria.


La defensa de Márquez fue débil: la tasación fue a lo largo del ministerio de Pertiné y los terrenos resultaban indispensables para ampliar el Instituto Militar. Además de esto, nada debió ver en la fijación del coste.A pesar del apoyo de los miembros del Senado radicales, el informe fue aprobado y pasó a Miembros del Congreso de los Diputados a fin de que se fomentase el juicio político al ministro y la exclusión de los legisladores implicados. Hubo manifestaciones callejeras —organizadas por el radicalismo— de apoyo al presidente Ortiz y al ministro Márquez, en "defensa de la democracia". Se generaron altercados con los conjuntos nacionalistas.


El veintidos de agosto de mil novecientos cuarenta el editorial del diario La Prensa demandaba la renuncia del gabinete tras el escándalo. La investigación Senatorial motivó la renuncia del presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz, ese día, al sentirse perjudicado políticamente por los resultados de exactamente la misma. Pensó en hacerla indeclinable, mas fue convencido de ello por quienes —el ex- presidente Agustín P. Justo entre ellos— le advirtieron sobre un supuesto golpe para derrocar al gobierno que darían el ministro Márquez y los suyos si Ramón Castillo quedaba como presidente titular. Si "el país" confiaba en la inocencia del líder, rechazaría unánimemente su renuncia.


El texto de la renuncia rechazaba las imputaciones y defendía al ministro de Guerra: "Absolutamente nadie, que no sea un desalmado, podría insinuar siquiera que haya enmascarado o bien facilitado la venalidad en ningún instante de mi ya larga vida política y de funcionario, término en que incluyó al muy, muy digno general don Carlos D. Márquez. Protesto y no admito la pretensión de vincularme a esta menguada confabulación de intereses, que repudio y condeno..."


La defensa no persuadía totalmente, pues si Ortiz y Márquez no habían sido participantes del negociado, lo habían facilitado por negligencia o bien tolerancia. Publicado el texto en los vespertinos, se generó una viva inquietud entre los oficiales adeptos a Márquez, considerándose con seriedad la posibilidad de mover a Castillo. Motivó más agitación una visita hecha por el general Accame al vicepresidente, se creyó que ese jefe ocuparía el Ministerio de Guerra para desmontar el aparato militar de Márquez. Las cosas se aquietaron al saberse que el Ministerio había quedado —interinamente— al cargo del almirante Scasso, quien aclaró en un radiograma que no se planteaba remover los nombramientos de Márquez.


El Congreso de la Nación Argentina, en reunión legislativa del veinticuatro de agosto, rechazó la renuncia por ciento setenta votos a 1. El único voto en contra perteneció al Miembro del Senado Matías Sánchez Sorondo, quien acusó a Ortiz de “incapacidad constitucional”.


Detrás del escenario se movía, de nuevo, la figura del general Agustín P. Justo. Estaba interiorizado del tema ya antes del informe de la comisión del Senado y —presumiblemente— habría ofrecido a Márquez detener el escándalo a cambio de su renuncia. El ministro de Guerra, confiando en sus apoyos políticos y militares, no admitió. Justo deseaba regresar a la presidencia en mil novecientos cuarenta y cuatro y para esto requería el apoyo del radicalismo a cambio de la supresión del fraude.


Sin embargo, Roberto M. Ortiz le quitaba esa posibilidad, se entregaba incondicionalmente a los radicales. Además de esto, Márquez compartía esas ambiciones presidenciales, de ahí que había reordenado el ejército a su medida y tenía buenas posibilidades de ser aspirante radical. El único juego posible para Justo consistiría en frenar el golpe de Márquez, conseguir la renuncia del gabinete y también influir en la reorganización que hiciese Ramón Castillo. El escándalo debería pasar sin mayor deterioro para el presidente y el ministro de Guerra y la investigación no se ahondaría. Se movió con habilidad, consiguiendo que la renuncia de Ortiz no fuese "indeclinable". Logró que fuera rechazada en forma prácticamente unánime, probando a los conservadores que —para eludir un golpe militar— era mejor que prosiguiera Ortiz desde la vivienda, mientras que Castillo regía interinamente con gabinete propio. Los radicales, naturalmente, votaron por el rechazo a fin de mantener la política oficial de cancelación del fraude.






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