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ıllı Destitución del juez Roberto Marquevich wiki: info, historia y vídeos


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salud  Destitución del juez Roberto Marquevich 


El doctor Roberto Marquevich se había desempeñado como juez de instrucción en la década de mil novecientos ochenta y por un decreto del entonces presidente Carlos Menem fue puesto al cargo del juzgado federal de San Isidro que tiene competencia en un extenso territorio aledaño a la urbe de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo la quinta presidencial de Olivos.


En años precedentes a su destitución fue acusado de falta de independencia o bien de interés personal en ciertas causas. En el mes de diciembre de mil novecientos noventa, cuando era titular del Juzgado de Instrucción diez de Buenos Aires, Marquevich tuvo a su cargo la investigación del supuesto suicidio del brigadier Rodolfo Echegoyen, quien días ya antes había renunciado a su cargo de administrador de la Aduana. Echegoyen, que había estado estudiando serias irregularidades en esa dependencia estaba enemistado con el empresario postal Alfredo Yabrán, con cuya empresa había cooperado y que había sido su guía en tal cargo. Sus hijos denunciaron que Marquevich había cerrado la investigación apenas un par de meses tras la muerte del militar sin tomar las más elementales medidas de prueba al punto tal que no se estableció la hora de la muerte, no hubo prueba pericial sobre la trayectoria de la bala y tampoco se explicó por qué razón no aparecieron restos de pólvora en la mano del supuesto suicida. En dos mil un juez federal resolvió que Marquevich había de ser indagado por prevaricato, mal desempeño de sus funciones y falsificación de documentos.


En mil novecientos noventa y siete Marquevich interceptó un cargamento de más de 2 toneladas de coca en la ciudad de Buenos Aires, en lugar de permitir una "entrega controlada" en Hamburgo, Alemania, para detener a todo la banda tal y como había pedido, mediante canales informales el gobierno alemán, que se incordió por dicha actuación. Conforme una versión, el juez lo hizo a pedido del expresidente Carlos Menem quien procuraba dar un golpe de efecto promocional y quedar bien con los USA y el resultado fue que en mil novecientos noventa y nueve, el tribunal Oral Federal N tres de San Martín exculpó a los pocos encausados que quedaban, anuló la causa llamada "Operativo Strawerry", y mandó investigar a Marquevich y a los policías actuantes.


En una investigación sobre ataques a la hermana del fiscal Pablo Lanusse el juez de San Isidro Conrado Bergesio había encontrado elementos que vinculaban esos ataques con el ambiente del empresario postal Alfredo Yabrán. Los abogados de este recusaron a Bergesio y cuando la causa pasó a manos de Marquevich, los abogados le solicitaron que no admitiera exactamente la misma por el hecho de que conocía a Yabrán y la hija de uno de los abogados del empresario postal trabajaba en su juzgado. Marquevich manifestó a la Cámara Federal de San Martín que no tenía relación alguna con Yabrán mas un análisis de las llamadas telefónicas descubrió que desde una de las compañías de Yabrán había habido veinte llamados al celular de Marquevich, que otros veinte llamados a su juzgado habían sido hechos por el jefe de la custodia del empresario y otros más al juez procedieron del teléfono de la secretaria privada de Yabrán; además de esto, uno de los choferes de Marquevich descubrió que el jefe de la custodia de Yabrán se había entrevistado por lo menos un par de veces en privado con el juez en su despacho de San Isidro.


El diecisiete de diciembre de dos mil dos el juez Marquevich ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble que en ese instante tenía setenta y siete años, imputándole haber incurrido en una falsedad en las partidas de nacimiento de sus 2 hijos adoptivos y vinculando la adopción con la sustracción de menores a lo largo del último gobierno de hecho. De forma inmediata le rechazó la excarcelación y el beneficio del arresto domiciliario pedido en virtud de su edad.


Esa resolución fue dejada sin efecto por la Cámara Federal de San Martín que comprendió que el juez había actuado sin “mesura” al contar con la "injusta detención" de la empresaria y que fue "mendaz" cuando negó haber brindado información a la prensa sobre el caso, como resultó de las declaraciones del cronista de España, Francesc Relea Ginés, que mentó al juez en una entrevista, y a los cronistas Luis Majul y Horacio Verbitsky, quienes declararon haberlo consultado. La resolución dispuso además de esto separar a Marquevich de seguir con la investigación por estimar que era forzoso alardear que existía algún género de interés del mismo en el resultado de la causa incluso cuando el Tribunal ignorara en qué consistía, pues había hecho lo impensable por proseguir en el control de exactamente la misma.


A pedido del agente fiscal el Consejo de la Magistratura empezó a investigar la conducta de Marquevich y decidió el once de diciembre de dos mil tres suspenderlo precautoriamente en sus funciones y, más adelante, acusarlo frente al Tribunal de Enjuiciamiento. Conforme una versión publicada en la prensa, en los meses de abril y mayo de dos mil cuatro el juez habría viajado a S. de Chile, vía Brasil, para buscar la ayuda del expresidente Menem que estaba radicando en aquella urbe, algo que Marquevich negó.


El Consejo de la Magistratura, a través de sus consejeros Jorge Yoma (miembro del Senado por La Rioja por el Partido Justicialista) y Luis Pereira Duarte, representante de las asociaciones de abogados, le elaboraron al ex- juez 3 cargos: haber detenido a la señora Herrera de Noble en forma arbitraria; haberle rechazado arbitrariamente la excarcelación, y haberle rechazado el beneficio del arresto domiciliario.Por nueve votos contra dos el Jurado de Enjuiciamiento lo encontró responsable de los 2 primeros cargos y decidió removerlo por "mal desempeño". Integraron la mayor parte los jurados Guillermo Sagues y Enrique Basla, representantes de los abogados, Jorge Agúndez, miembro del Senado por San Luis por La Unión Civil Radical, los camaristas Horacio Billoch Caride y Sergio Dugo, y Manuel Baladrón, miembro del Senado por La Pampa por el Partido Justicialista. Por el rechazo de los cargos votaron Sergio Gallia, miembro del Senado por Neuquén por el partido Justicialista y el presidente del Jurado, Augusto Belluscio, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.


La sentencia mantuvo que la parcialidad del juez se habría mostrado en el hecho de haber ordenado la detención de Herrera de Noble de modo arbitrario, alejándose de las reglas del Código Procesal. El juez le imputaba el delito de haber incurrido en una falsedad en las partidas de nacimiento de sus hijos mas como exactamente el mismo había prescripto y no podía ser investigado, sin prueba alguna vinculó la adopción con la sustracción de menores a lo largo del último gobierno de hecho para proseguir adelante con el proceso. Por otro lado, la detención y la denegación de la excarcelación resultaron resoluciones descubiertamente desmedidas y patentizaron que el juez ejercitó sus facultades en forma irrazonable y arbitraria, puesto que la Sra. de Noble carecía de antecedentes penales y siempre y en todo momento estuvo a predisposición de la Justicia. Asimismo consideraron demostrado que el ex- juez empleó términos indignos cuando le negó la excarcelación y la trató de “perversa”. En lo que se refiere al delito que se imputó a Noble, la adopción irregular de sus 2 hijos Felipe y Marcela, aparentemente apropiados en la dictadura, la sentencia del Jurado asevera que no contaba con el mínimo dato cierto de su autoría. Todo ello patentizó falta de pertinencia técnica y ética que conforme el fallo justificó su remoción.


En octubre de dos mil cinco Roberto Marquevich fue procesado penalmente por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica, privación ilícita de la libertad y violación de secretos con relación a la arbitraria detención de Ernestina Herrera de Noble, en el último mes del año de dos mil dos. El delito de falsedad ideológica se refiere a la inserción, en un documento público, de declaraciones falsas (art. doscientos noventa y tres del Código Penal) se imputó pues Marquevich en el expediente de recusación aseveró textualmente: “pese a las repercusiones del caso (…) evité tomar contacto con la prensa”, lo que fue negado por el testimonio de diferentes cronistas. En esa ocasión habría incurrido en el delito de “violación de secretos por funcionario público” (artículo ciento cincuenta y siete del Código Penal), al descubrir datos de las actuaciones que por ley debían quedar en secreto en frente de terceros extraños a la causa.






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