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ıllı Desaparición de Santiago Maldonado wiki: info, historia y vídeos


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salud  Desaparición de Santiago Maldonado 


Desde la conquista europea, los pueblos indígenas han considerado ilícita la ocupación de sus tierras ancestrales. A lo largo del siglo XIX y una parte del siglo veinte, el Estado argentino no reconoció la personería jurídica de los pueblos indígenas, ni derechos sobre esas tierras.Tampoco eran censados como semejantes, con salvedad del Censo Indígena ordenado en mil novecientos sesenta y cinco por el presidente Arturo Illia. Entre mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa y dos se robustecen en toda Latinoamérica diferentes movimientos de reivindicación indígena, teniendo como jalón la demanda del Quinto centenario de la invasión de América y contraponiendo a la «celebración», los «quinientos años de resistencia indígena».En mil novecientos noventa y cuatro el Estado argentino alteró sensiblemente su postura y reconoció por vez primera los derechos indígenas al reformar la Constitución Nacional en mil novecientos noventa y cuatro (artículo setenta y cinco, inciso diecisiete), entre ellos «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que de forma tradicional ocupan», prohibiendo su enajenación:


Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Asegurar el respeto a su identidad y el derecho a una educación políglota y también intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que de forma tradicional ocupan; y regular la entrega de otras capaces y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas va a ser enajenable, transmisible ni susceptible de impuestos o bien embargos. Asegurar su participación en la administración referida a sus recursos naturales y a el resto intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Artículo setenta y cinco, inciso diecisiete de la Constitución nacional de Argentina

El enfrentamiento liberado en torno a las tierras ancestrales indígenas, está de manera estrecha vinculado a los intereses de tipo económico relacionados con la megaminería (singularmente en la zona cordillerana) y la explotación de los yacimientos petrolíferos. En dos mil seis se sancionó la Ley de Urgencia Territorial Indígena n.º veintiseis.160, que suspendió los desalojos de tierras indígenas con el objetivo de efectuar el relevamiento catastral de las tierras ancestrales, paso anterior para formalizar los títulos de propiedad comunitaria.


El enfrentamiento se aguzó en dos mil diecisiete debido a la perspectiva de vencimiento del plazo de suspensión de los desalojos el veintitres de noviembre de dos mil diecisiete,pese a que solo se había completado el relevamiento catastral en un treinta por ciento (cuatrocientos cincuenta y nueve de las mil quinientos treinta y dos comunidades indígenas identificadas).Entre las provincias que no habían finalizado el relevamiento, se hallan las provincias de Neuquén, Río Negro y santa Cruz.Organizaciones indígenas, de derechos humanos y partidos habían reclamado la prórroga de la ley, para eludir que el enfrentamiento territorial ingrese en una situación de descontrol.Presionado por la demora en llenar el relevamiento de los territorios indígenas, el Congreso empezó en el mes de septiembre de dos mil diecisiete a tratar una nueva prórroga de la Ley veintiseis.094, esta vez hasta junio de dos mil veinte.


El pueblo mapuche encaró históricamente los intentos de conquista de las tierras en que habitaba por la parte del Imperio de España primero, y de Argentina y Chile, desde su independencia a inicios del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, los dos países llevaron adelante rutas guerras contra el pueblo mapuche, a través de las que ocuparon las tierras hasta ese momento controladas por los mapuches. Estas guerras son conocidas como la Conquista del Desierto en Argentina, y la Pacificación de la Araucania en Chile.


Las comunidades mapuches contemporáneas han reivindicado la propiedad ancestral sobre diferentes territorios que históricamente pertenecieron a sus ancestros, tanto en la Argentina como en la vecina Chile.


En Argentina, sus mayores éxitos se alcanzaron en la provincia del Neuquén, donde les fueron reconocidos abundantes territorios («reservas»), la mayor parte de ellos en el área del Camino de los 7 Lagos.


En las vecinas provincias de Río Negro y Chubut, en cambio, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras ha sido menor, dando sitio a una serie de enfrentamientos de baja intensidad, orientados a que los estados nacional y provincial reconozcan sus derechos territoriales constitucionales, singularmente sobre áreas ocupadas por parques nacionales y grandes latifundios.


En la provincia del Chubut, una gran parte de los reclamos mapuches se orientaron contra las propiedades rurales del Conjunto Benetton.Benetton es dueña de algo más de novecientos cero hectáreas en todo el país, una tercera parte de las que están situadas en Chubut,y opera en la zona bajo el nombre de Compañía de Tierras Sud Argentina sociedad anónima (CTSA) con centro en la estancia Leleque (de ciento ochenta cero hectáreas), situada en el departamento Cushamen, en el nordoeste de la provincia.Allí se desarrollaron los hechos que llevaron a la desaparición de la ciudad de Santiago Maldonado.


El Conjunto Benetton se instaló en la zona a inicios de los años noventa. En dos mil seis la compañía reconoció parcialmente los derechos constitucionales del pueblo mapuche sobre sus tierras y ofreció dar a la provincia de Chubut siete mil quinientos hectáreas en la zona de Esquel, para que exactamente las mismas fuesen entregadas bajo el régimen de territorios ancestrales a las distintas comunidades. El gobierno provincial ordenó efectuar estudios técnicos sobre la propuesta, que concluyeron que se trataba de tierras improductivas, inapropiadas para atender el reclamo mapuche.


El trece de marzo de dos mil quince una comunidad mapuche, perteneciente al Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP), instaló un lof (comunidad) llamado «Pu Lof en Resistencia» en la estancia Leleque, en el predio situado en el rincón Vuelta del Río, sobre la Senda Nacional cuarenta y a la vera del curso superior del río Chubut, entre Cholila y Esquel.


En dos mil dieciseis el líder indígena Facundo Jones Huala se integró a la comunidad mapuche instalada en Cushamen.Huala había sido objeto de la atención de la prensa nacional en dos mil trece, siendo detenido en Chile, acusado de violación a la ley de control de armas y también ingreso ilegal al país.El veintisiete de mayo de dos mil dieciseis Jones Huala fue detenido en el lof de Cushamen, a consecuencia de un pedido de extradición a Chile para ser juzgado por los hechos de dos mil trece y una orden de detención librada por la justicia argentina, por su presunta participación en la quema de un cobijo próximo a la urbe de Bariloche,siendo liberado 3 meses después.


A fines de junio de dos mil dieciseis efectivos del Conjunto Singular de Operaciones Policiales (GEOP), la Guarda de Infantería de la Policía provincial y la Unidad de Abigeato penetraron violentamente en los terrenos ocupados por la comunidad «Pu Lof en Resistencia», presuntamente en pos de ganado perteneciente a Benetton.Luego del procedimiento, que dejó múltiples heridos entre los miembros de la comunidad y 7 detenidos, se recobraron doscientos cuarenta y dos cartuchos pertinentes a la pluralidad famosa como «antimotines».


En septiembre de dos mil dieciseis miembros del lof bloquearon el paso del tren turístico conocido como La Trochita,y desde ese momento se repitieron los cortes de sendas, en especial sobre la vieja senda nacional cuarenta (RN1S40). La contestación del gobierno nacional fue mandar consecutivos conjuntos de agentes de la Gendarmería Nacional, que se apostaron reiteradamente en las cercanías del acampe mapuche.


En diciembre de dos mil dieciseis la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia rechazó un habeas corpus precautorio, presentado por el conjunto mapuche, frente a la posibilidad de que se realizase un operativo represivo en contra suya por la parte de la Gendarmería Nacional.


Un mes después, los días diez y once de enero de dos mil diecisiete, la comunidad de Cushamen padeció un violento ataque efectuado por fuerzas de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia del Chubut. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los indígenas presentes, entre aquéllos que se hallaban mujeres y pequeños, destrozaron sus residencias y detuvieron a múltiples de sus miembros.


La opresión produjo un escándalo de alcance nacional y los miembros del lof denunciaron que el gobierno provincial los calificaba de «terroristas» y «peligrosos», y que el desalojo -prohibido por la Ley veintiseis y ciento sesenta- había sido informalmente pedido por el Conjunto Benetton.El gobernante Mario Das Neves rechazó esas imputaciones y culpó de la opresión al juez federal de Esquel, Guido Otranto.Desde entonces, el control de las actividades de la comunidad quedó solamente a cargo de la Gendarmería Nacional, al paso que la Policía provincial se sostuvo al lado.


El veintiocho de junio de dos mil diecisiete fue de nuevo detenido Facundo Jones Huala, produciendo una sucesión de quejas y marchas en reclamo de su libertad.El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete organizaciones mapuche y de derechos humanos efectuaron un corte de calle frente al Juzgado Federal de Bariloche para solicitar la liberación de Facundo Jones Huala. Los participantes de la manifestación fueron reprimidos por Gendarmería Nacional, que detuvo a múltiples personas.El mismo día el gobernante de Chubut, Mario Das Neves, solicitó la destitución del juez Guido Otranto, por haber liberado a Jones Huala en el mes de agosto de año precedente, apoyado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti.


En la madrugada del día después se generaría el allanamiento de la comunidad «Pu Lof en Resistencia» de Cushamen y la desaparición de la ciudad de Santiago Maldonado dentro de exactamente la misma.






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