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ıllı Desaparición de Daniel Solano wiki: info, historia y vídeos


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salud  Desaparición de Daniel Solano 


La desaparición de Daniel Solano se refiere al caso de la desaparición de Daniel Solano (n. Tartagal, Brinca, dos de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro), trabajador salteño, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, quien fue detenido por la policía provincial rionegrina en la madrugada del cinco de noviembre del dos mil once, en Choele Choel, provincia de Rio Negro, Argentina, continuando desaparecido desde ese momento. La detención se generó a lo largo de la gobernación provincial de Miguel Saiz.


Solano fue detenido tras protestar contra la compañía Expofrut, del conjunto belgaUniveg, por las condiciones precarias en las que trabajaba y organizar a los trabajadores para demandar sus derechos legales. De la causa original se desprendieron más de veinte investigaciones sobre desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política, y menosprecio a comunidades originarias y a inmigrantes.


El caso fue investigado por la justicia penal provincial, siendo caratulado como desaparición forzada, privación ilícita de la libertad y humillaciones. La investigación concluyó en el mes de agosto de dos mil quince, con el procesamiento —semiplena prueba de culpabilidad— de 7 policías provinciales, que habrán de ser sometidos a juicio oral por un tribunal rionegrino.


Daniel Solano continúa desaparecido desde hace seis años y doscientos ochenta y tres días. El 1 de agosto de dos mil dieciocho, un tribunal condenó a cárcel perpetua a 7 policías por «homicidio agravado por alevosía» por la desaparición forzada de Daniel Solano.


Daniel Solano procedía de una familia humilde perteneciente a la comunidad guaraní de Misión Cherenta, al lado de la urbe de Tartagal (Brinca). Era hijo de Gualberto Solano y tenía 5 hermanas; su madre había fallecido cuando tenía 14 años.


Solano era un "trabajador golondrina", nombre que se le da en la Argentina al personal temporario que es contratado —exclusivamente por temporadas— para efectuar trabajos agrícolas o bien agroindustriales lejos de su urbe de origen. Solano trabajaba en la cosecha de manzanas, para lo que viajaba a Choele Choel cada año.


Según la Organizadora contra la Opresión Policial y también Institucional (CORREPI) y otras organización sin ánimo de lucro humanitarias, más de ciento noventa y cinco ciudadanos desaparecieron a manos de las fuerzas policiales en Argentina entre mil novecientos ochenta y tres, restauración de la democracia, y noviembre de dos mil trece. El caso paradigmático fue la desaparición de Jorge Julio López el dieciocho de octubre de dos mil seis. Otro caso de mucha influencia fue la desaparición de Luciano Arruga, el 1 de febrero de dos mil nueve. Entre mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa y nueve desaparecieron ochenta ciudadanos, al tiempo que entre dos mil tres y dos mil doce fueron sesenta y siete personas las desaparecidas.


En Río Negro ya habían desaparecido Héctor Villagrán y Pedro Cabañas Cuba en condiciones afines.


En dos mil once, Solano fue contratado por la compañía Agrocosecha, distribuidora de trabajadores temporarios "golondrinas" para la poda, el raleo y la cosecha de las manzanas. Agrocosecha opera para Expofrut Argentina sociedad anónima, una multinacional belga que maneja la producción, el procesamiento y la comercialización de fruta en la zona de Río Negro. Agrocosecha había informado a los trabajadores que cobraría el cuatro por ciento del sueldo de cada trabajador, mas se quedaban con prácticamente 2 tercios de lo que la multinacional Expofrut Univeg pagaba, con lo que los trabajadores recibían menos de la mitad de lo que les habían prometido; además de esto la compañía empleaba contratos desmesurados y cláusulas desmesuradas y vivían en condiciones infrahumanas. Por tal razón, Solano empezó a organizar una queja con sus compañeros.


Solano organizaba una queja entre sesenta "trabajadores golondrinas" como , cuando el cinco de noviembre de dos mil once la policía lo sacó por fuerza un local nocturno de Choele Choel, de nombre Macuba. Solano se había comunicado por teléfono la tarde precedente a su desaparición con su padre, a quien le afirmó que el primer día de la semana siguiente demandarían el dinero que les adeudaban. Por la noche se fue con sus compañeros al boliche bailable Macuba y a las tres de la mañana fue sacado por la policía y jamás más lo vieron.


La familia denunció un posible crimen planeado por los dueños de la compañía que lo había contratado para encubrir el fraude laboral que estaban cometiendo. Aparentemente, las compañías Expofrut y Agrocosecha estafaban a sus trabajadores reteniéndoles la mitad del salario convenido, lo que conforme el letrado de Solano elevaba la cantidad engañada en los últimos 4 años a los dieciocho millones de pesos.Solano organizaba una queja y, conforme su hermana Romina Solano, «él animaba a el resto para hacer una queja pues no les pagaban como les habían prometido cuando fueron a contratarlos a Tartagal».En ese instante la causa quedó caratulada como homicidio, treinta y cuatro personas fueron denunciadas por el letrado de la familia, de los que veintidos eran policías rionegrinos y siete de ellos fueron procesados —semiplena prueba de culpabilidad— y detenidos. Los 7 policías acusados fueron: Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez.


Según un informe de CORREPI, Solano fue desaparecido pues se negó a denunciar a sus compañeros. La Segregaría de Trabajo decretó que a Solano lo estafó la compañía.


Según Sergio Heredia, el letrado de de la comunidad guaraní de Misión Cherenta, en Tartagal:


Según la familia, Solano habría sido asesinado en la comisaría Octava, su cuerpo habría sido descuidado en el campo “La Manuela” y le habrían echado cemento encima. La causa quedó vinculada a la de Héctor Villagrán, jujeño, y Pedro Cabaña Cuba, paraguayo, desaparecidos en circunstancias afines en exactamente la misma provincia.


El diecinueve de julio de dos mil doce fueron detenidos los 7 policías acusados de raptar, matar y hacer desaparecer a Solano. El delito quedó caratulado como desaparición forzada de persona. En el mes de agosto de dos mil quince, al cerrarse la investigación judicial y elevar la causa a juicio, los acusados fueron liberados.


Un mes tras la desaparición, el Congreso Nacional derogó el Régimen de Trabajo Agrario, sustituido por un nuevo Estatuto del Peón, la Ley de Trabajo Agrario, y se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea).


A partir de su desaparición se dieron muchas marchas pidiendo por su aparición con vida, reclamándole a la Justicia que investigara. Las investigaciones habrían dejado al descubierto la complicidad de los mecanismos del Estado para mantener la explotación laboral de los trabajadores y la cooperación de las fuerzas policiales con la compañía.


En dos mil doce, conforme el letrado de la familia Solano, Sergio Heredia:


En julio de dos mil trece hubo una marcha tumultuaria en la que se entregó un petitorio al gobernante, Alberto Weretilneck. Asimismo efectuó una campaña denunciando la presunta complicidad del gobierno nacional con el aparato represivo que viene de la temporada de la dictadura.Su imagen se hizo muy conocida; los pedidos para su aparición se reproducen en grafitis y murales por toda la Argentina. Muchas organizaciones convocaron diferentes marchas y movilizaciones pidiendo por su aparición con vida, entre ellas ACTIVAR Lucha y Organización Contra el Genocidio y la Impunidad, Organizadora Norpatagónica Contra la Violencia Institucional, Multisectorial de Mujeres de Cipolletti, Gremial de Abogados y abogadas de Neuquén, Colectivo Cultural Mapuche “PEUHUMANGUEN”, Kasandras- Feministas Libertarias, Segregaría de DDHH- CTA Neuquén, MST Neuquén, PO Neuquén, PTS Neuquén, Unter Cipolletti y CTA Río Negro. De año en año se efectúan marchas pidiendo por su aparición.


En mayo de dos mil trece la presidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, declaró que «hoy a Dios gracias absolutamente nadie puede desaparecer de ningún lado; a la inversa, estamos todos vivitos y coleando». La oración, señalada en sus titulares por diferentes medios, fue de forma inmediata replicada por familiares de ciertos desaparecidos en la Argentina desde la última dictadura militar y por políticos de la izquierda radical, que recordaron a la presidente los casos de Jorge Julio López, Daniel Solano y Luciano Arruga, aparte de las más de trescientas mujeres desaparecidas por las redes de trata, conforme denunciaba en el mes de septiembre de dos mil trece el por entonces aspirante a miembro del Congreso de los Diputados Christian Castillo, del PTS, mientras que hacía memoria de aquellas aseveraciones de la presidente.


A finales de dos mil trece, la familia de Solano viajó a Río Negro y puso una carpa frente al Juzgado N.º treinta y uno, para demandar justicia.


En noviembre de dos mil quince, la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados de la Nación Argentina aprobó unánimemente una declaración —propuesta por la miembro del Congreso de los Diputados Myriam Bregman— de "acompañamiento a la familia, amigos y al letrado del joven Daniel Solano", expresando su "enorme preocupación frente a la reciente resolución del juez Julio Martínez Vibot que liberó a los siete policías de la provincia de Río Negro acusados por la desaparición y asesinato de Daniel, sembrando un nuevo mantón de impunidad", denunciando "el entramado mafioso entre policías, justicia y empresas que llevaron a la muerte a Daniel" y expresando asimismo preocupación "frente a las reiteradas amenazas y también intimidaciones que vienen padeciendo los familiares y el letrado de Daniel Solano."


La ministra de Derechos Humanos de la provincia de Brinca, Marianela Insistente se reunió con Sergio Heredia, el amigo de Solano que se dedicó a sostener vivo el caso, quien le había mandado días ya antes el reportaje sobre Solano a la ministra. No obstante, al instante de la asamblea no parecía estar enterada bien del caso ni había tenido tiempo de ver el reportaje.


Cinco años tras su desaparición, las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Val sacaron el próximo comunicado:


El tres de noviembre de dos mil diecisiete fue designado por Mauricio Macri como embajador de Argentina en Estados UnidosFernando Oris de Roa, nombramiento que fue criticado por ciertos medios que recordaron que el nuevo embajador había sido directivo de Expofrut S.A., la compañía para la que trabajaba Daniel Solano. Previamente Fernando Oris de Roa había sido subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires.


A raíz del nombramiento de Oris de Roa como embajador, medios digitales charlaron de la responsabilidad en el caso Solano tanto de miembros del gobierno precedente como del gobierno de Macri, con el que vinculaban al embajador Oris de Roa y a Gerónimo Venegas, titular en el instante de la desaparición del sindicato de trabajadores rurales UATRE, al que señalaban como «cómplice de su explotación, desaparición y siguiente impunidad en el caso (...) componente del presente gobierno sin haber sido siquiera indagado al respecto».


El caso Solano tenía en el último mes del año de dos mil catorce un expediente de más de cincuenta cuerpos,


La primera hipótesis que manejó la Justicia fue que Solano se había retirado borracho del boliche y se había ido por su cuenta. La versión de la compañía Agrocosecha fue que Solano se había ido a Neuquén a buscar empleo por su cuenta; la primera juez de la causa, Marisa Bosco, sostuvo esa hipótesis, con lo que fue recusada por encubrimiento y se jubiló inmediatamente después de ser alejada de la causa, antes que pudiese ser sometida a juicio político. La familia de Solano hizo un acampe frente al juzgado penal en reclamo por un avance. Tanto la familia como los testigos fueron conminados. Las posesiones de Solano habían quedado en el galpón en donde se hospedaba y no se había llevado sus cosas.


Luego la Justicia procesó a 7 policías por desaparición forzada de persona. La causa está caratulada como homicidio, con 22 policías encausados y 13 procesados. El diecinueve de julio de dos mil doce la Justicia detuvo a 7 policías rionegrinos: Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez. La Juez Natalia Constanzo los trasladó del Penal N.º 1 de Viedma a la cárcel de la localidad de Lamarque, a pocos quilómetros de donde campaba la familia Solano, después de que los policías iniciaran un motín para solicitar que los llevasen a un penal cerca de sus familiares.


La investigación judicial tuvo muchas irregularidades. Además de esto se desprendieron muchas causas e investigaciones en forma paralela. El geólogo Walter Ovejero fue llamado para efectuar un pozo en un campo buscando su cadáver, mas jamás apareció.


El veintiuno de agosto de dos mil trece, la juez Constanzo presentó una inhibición y se excusó de seguir al cargo del caso. La causa pasó al Juez Soto, quien renunció un mes después. El once de agosto de dos mil quince, el juez penal Julio Martínez Vivot dispuso la elevación a juicio de los policías detenidos y los liberó bajo fianza, tras 3 años de cárcel precautoria sin juicio y tras haber impuesto en el mes de julio una fianza de cuatrocientos cero pesos a los 7 policías acusados.


Una vez empezado el juicio, la justicia provincial declaró su ineptitud y hubo de ser suspendido. El juez Julio Martínez Vivot y el fiscal Guillermo Bobrato estimaron que el caso debía pasar a la Justicia Federal por el hecho de que estaba caratulada como desaparición forzada de personas. En el mes de diciembre de dos mil quince la justicia provincial de Río Negro, a través del Superior Tribunal de Justicia, decidió desamparar la causa y que exactamente la misma pasase al fuero federal. La competencia sobre a qué juzgado le correspondía juzgar fue muy discutida.


El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, que por su parte devolvió el caso a la justicia de Río Negro. Pasó a la Cámara Segunda en lo Delincuente de General Roca.


El 1 de agosto de dos mil dieciocho, el tribunal integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín, decidió condenar a cárcel perpetua a los policías Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello por «homicidio agravado por alevosía» por la desaparición forzada de Daniel Solano. Hasta tanto la sentencia quede firme, los policías proseguirán en libertad.


La demanda de la desaparición efectuada por el padre de Solano había desaparecido asimismo. Por ese motivo se hizo una nueva demanda y abrió una causa penal para investigar qué había pasado con esa primera demanda.


Hubo demandas de encubrimiento por la parte de las fuerzas políticas, funcionarios del gobierno y el poder judicial por cajonear la causa con la pretensión de encubrir a los responsables intelectuales de la desaparición.Del encubrimiento fueron acusados los gobiernos provincial y nacional.El quince de agosto de dos mil trece, la legislatura de la provincia del Neuquén aprobó unánimemente una declaración sobre la trama de impunidad y encubrimiento en la desaparición de Solano. La familia Solano denunció que no se avanzó con la causa para encubrir al resto de los responsables.


Cristian Bonin, el sacerdote de Choele Choel, que acompañaba a la familia Solano, fue conminado por consultar donde estaba Daniel Solano. Además de esto, la desaparición fue vinculada con la trata de personas.


El reportaje ¿Dónde se encuentra Daniel Solano? Diario de una causa fue escogido para participar en el Festival Sudamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca.






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