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salud  Defensor del Pueblo de la Nación Argentina 


Su misión es doble: primeramente, la defensa de los derechos humanos y otros derechos, garantías y también intereses tutelados por la constitución, ante actos o bien omisiones de la administración pública, y por otro, el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.


Cuenta con legitimación procesal y también iguales inmunidades y privilegios que los legisladores.


Es escogido por el voto afirmativo de 2/3 de los miembros presentes de cada cámara del Congreso por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido. El defensor del pueblo debe, asimismo, proteger a los derechos de incidencia colectiva conforme lo planteado en el artículo catorce del Nuevo Código Civil y Comercial. Frente al avasallamiento de los derechos individuales cara los recursos de incidencia colectiva.


Se trata de un órgano extraño al poder, vinculado al Congreso mas independiente de él, puesto que no recibe instrucciones de autoridad alguna y disfruta de inmunidades y fueros iguales a los de un legislador.


Esta figura procede del derechoescandinavo, (nació en Suecia) y se lo integró al orden normativo argentino en la reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro con el objetivo de progresar los mecanismos de control entre los 3 poderes tradicionales de las democracias liberales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de esta forma para combatir la corrupción y hacer más alcanzable la justicia para muchos campos de la población por medio de su legitimación procesal. Esta última supone la capacitad del Ombudsman para empezar procesos sin perjuicio del derecho del perjudicado a hacer lo propio.


Si bien se trata de un órgano unipersonal, nada obsta a que tenga tantos cooperadores y aconsejes como estime preciso (dadas la dificultad y el alcance de sus labores y atribuciones).


El Defensor del Pueblo limita su campo de competencia al espacio federal, lo que quiere decir que no puede intervenir en aquellos campos reservados a las provincias. Además, actúa siempre y en todo momento a nombre propio, con lo que sus actos no pueden ser atribuidos al Congreso Nacional.


Sus competencias incluyen las precautorias y las reparadoras.


Por las primeras, tiene la atribución de investigar, criticar, opinar y percibir demandas, requiriendo para todo esto la cooperación de los órganos del poder. Con relación a las segundas, usa su legitimación procesal para demandar ante organismos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus facultades. El empleo de exactamente las mismas ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Su competencia se extiende, por el Art. cuarenta y tres de la Constitución, asimismo a derechos de incidencia colectiva. Además de esto, la expresión "funciones administrativas públicas" del Art. ochenta y seis, deja estimar en su campo a todo género de entidades públicas no necesariamente estatales (como las compañías prestatarias de servicios públicos).


En el caso de delitos administrativos, solo puede incitar la acción pública frente al Procurador General de la Nación.


A partir de dos mil quince, la administración de la Defensoría al cargo de doctor Juan José Böckel, produjo la iniciativa de ejercer el rol de la corporación en el plano internacional. En ese periodo de un par de años, la Corporación participó en la Reunión Anual del GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions) dentro de las Naciones Unidas, donde consiguió el Status “A” (el máximo status entre las ciento veintidos Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del planeta); planteó allá una nueva mecánica para los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) a fin de sistematizar más apropiadamente las presentaciones de las INDHs y, por esa vía, dotar de una mayor eficiencia a la Agenda dos mil treinta. Se sumaron a esta iniciativa, después de los México y Canadá, Alemania y Dinamarca, y completaron el cuadro representantes de otras zonas por lo que, con el apoyo del Special Envoy del GANHRI, Prof. Alan Miller, se conformó un Conjunto de Trabajo Agenda dos mil treinta, representado por Dinamarca, en relación con Europa; Indonesia por Asia; Ghana por África; y Argentina por América, desde el Conosur hasta Canadá. Fue en este último sentido que se participó en el Foro de discusión Político de Alto Nivel en Organización de la Naciones Unidas, N. York, donde, tras haber presentado sesenta y seis países su informe voluntario, la Defensoría argentina fue la única que presentó un informe de ODS y la única que subió a ese pódium convidada por el Consejo Organizador de Políticas Sociales.


Fue en ese marco de las ODS que se conformó el 1º Observatorio Estatal de Femicidios; que se subscribieron más de cuarenta convenios nacionales y también internacionales; que se creó la primera plataforma digital inteligente con buscadores para más de cuatro mil documentos de Organización de la Naciones Unidas sobre ODS, actualizada diariamente; en su compromiso con los DDHH se crearon tres programas integrales vinculados con la Salud y DDHH, el Medio Entorno y los DDHH y las Empresas y los DDHH, siendo vanguardistas en este último tema en fomentar los principios rectores (obligaciones que deben cumplir las compañías en beneficio de las sociedad). Es en este sentido que el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete efectuó una jornada de formación en la Biblioteca Nacional con participación de las Naciones Unidas, de la Confederación General de Trabajadores, Ministerio de Trabajo, AMIA, y funcionarios de la Secretaria de DDHH, del área Social del PE. y del Instituto Danés de DDHH. Además de esto, juntamente con Organización de la Naciones Unidas y el Consejo Organizador de Políticas Sociales, se capacitó a la sociedad Civil en materia de DDHH en Jujuy y Brinca, Tucumán, Córdoba, Chaco, y Tierra del Fuego.






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