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ıllı Decretos de aniquilamiento wiki: info, historia y vídeos


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salud  Decretos de aniquilamiento 


La expresión "decretos de aniquilamiento" acostumbra a ser usada para referirse a los 4 decretos dictados por el Poder Ejecutivo de la República Argentina, a lo largo del año mil novecientos setenta y cinco, redactados a lo largo del gobierno constitucional peronista con la intención de "anular y/o aniquilar el activar de los elementos subversivos".


El primer decreto llevó la firma de la presidente María Estela Martínez de Perón y sus ministros, y se dictó el cinco de febrero para dar comienzo al "Operativo Independencia" generado para combatir el foco insurreccional establecido en la Provincia de Tucumán.


Los 3 sobrantes decretos fueron dictados el seis de octubre y firmados por el presidente temporal del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo por licencia de la presidente María Estela Martínez de Perón, Ítalo Luder y los ministros, y tuvo como objetivo ampliar a todo el país la política represiva "antisubversiva" al cargo de las Fuerzas Armadas, que se venía ejecutando en Tucumán desde principios de año.


Las Fuerzas Armadas y los conjuntos policiales y parapoliciales, se valieron de los decretos para ir alén de la orden de "anular y/o aniquilar el activar" de los rebeldes, procediendo a aniquilar a las personas a las que le atribuían conductas subversivas, sin juicio anterior. Muchos de los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos después de mil novecientos setenta y cinco, invocaron los decretos de aniquilamiento como una orden del Poder Ejecutivo constitucional, para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio de personas.


Los decretos de aniquilamiento se consideran un antecedente inmediato y directo del golpe para derrocar al gobierno de mil novecientos setenta y seis. Una vez instalada la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, se dictó la Orden Segrega del diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y seis, suprimiendo la orden de "anular y/o aniquilar el activar" subversivo, para detallar que la orden era "aniquilar a los criminales subversivos".

Isabel Martínez de Perón, quien firmó el primer decreto de aniquilamiento de la subversión

El primer decreto es el Decreto 261/75 del cinco de febrero de mil novecientos setenta y cinco. Exactamente el mismo está firmado por la presidente María Estela Martínez de Perón que, en su condición de vicepresidente escogida, había sustituido al presidente Juan D. Perón, fallecido el año precedente.


En un contexto de alta violencia política, el decreto tuvo como objetivo tomar medidas militares para combatir el activar insurreccional del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la nórdica Provincia de Tucumán, zona en la que el ERP se había instalado desde mediados de mil novecientos setenta y cuatro, a través de la Compañía Ramón Rosa Jiménez, controlando para entonces una tercera parte del territorio provincial, eminentemente en la zona de Monteros, con el propósito inmediato de producir una zona liberada que pudiese ser reconocida a nivel internacional.


El artículo primero del Decreto establece el principal objetivo del mismo, ordenando al Ejército actuar militarmente en Tucumán con la intención de "anular y/o aniquilar el activar" subversivo:


El Decreto ordena asimismo a la Policía Federal ponerse bajo el mando del Ejército y pide al gobierno de la Provincia de Tucumán, hacer lo mismo con la policía provincial.


Los firmantes del Decreto fueron María Estela de Perón, Alberto L. Rocamora (ministro del Interior y también interino de Justicia), Oscar Ivanissevich (ministro de Educación), Alberto J. Vignes (ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Adolfo M. Savino (ministro de Defensa), José López Rega (ministro de Bienestar Social), Alfredo Gómez Morales (ministro de Economía) y Ricardo Otero (ministro de Trabajo).


Esta operación del Ejército argentino en la Provincia de Tucumán se llamó Operativo Independencia. A lo largo de su desarrollo el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea Argentina, las fuerzas policiales y el conjunto parapolicial Triple A, no solo actuaron militarmente sobre los combatientes del ERP, al que se sumaron en mil novecientos setenta y cinco combatientes de la organización guerrillera Montoneros, sino más bien asimismo sobre componentes sindicales, de los partidos legales, recurriendo además al empleo extendido de la tortura y el homicidio . Los jefes militares del Operativo Independencia desarrollado bajo el Decreto 261/75 fueron los generales Acdel Vilas, primero, que fuera sustituido por Antonio Domingo Bussi en el mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. Este último fue juzgado y condenado a cárcel perpetua por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán.


En mil novecientos setenta y cinco la violencia política en Argentina aumentó hasta lograr el punto más alto de las 2 décadas precedentes. La lista elaborada por el Conjunto Farenheit contabiliza trescientos treinta y seis personas detenidas-desaparecidas en mil novecientos setenta y cinco, en frente de cuarenta y tres del año precedente, con la actuación desembozada del conjunto parapolicial Triple A, dirigida por el ministro de Bienestar Social José López Rega, con la tolerancia de las Fuerzas Armadas. La CONADEP por su lado estimó que trescientos cincuenta y nueve personas habían desaparecido en mil novecientos setenta y cinco.


Entre mayo y agosto de mil novecientos setenta y cinco, los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola organizaron el conjunto de militares que darían el golpe para derrocar al gobierno el veinticuatro de marzo del año siguiente. El once de julio López Rega renunció después de una gigantesca manifestación sindical en contra suya y poquitos días después escapó del país. El tres de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, por decreto 3130/1975 se designa Comandante del Ejército al Sr. Jorge Rafael Videla. El trece de septiembre, la presidente María Estela Martínez, muy desgastada políticamente, pide licencia por un mes, debiendo aceptar el Poder Ejecutivo interinamente, el Presidente del Senado, Ítalo Luder.


La dependencia de Luder respecto del poder militar fue tal que la historiadora María Seoane afirma que "el auténtico gabinete de Luder 'pasó a ser el triunvirato militar de Videla, Massera y Fautario. Un ataque sanguinolento de Montoneros a un regimiento de Formosa fue la disculpa a fin de que Luder y el triunvirato avanzasen en el andamiaje represivo".


El domingo cinco de octubre de mil novecientos setenta y cinco, la organización guerrillera Montoneros atacó los cuarteles del Regimiento de Infantería Monte veintinueve, el Casino de Suboficiales de dicha fuerza y el Aeropuerto "El Pucú" de la Urbe de Formosa en la provincia homónima.


El enfrentamiento armado le causó al Ejército, entre fallecidos y heridos, treinta bajas. El ataque provocó una convulsión nacional y todas y cada una de las fuerzas políticas condenaron el ataque. Al día después Luder, en pacto de ministros, dictó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, propagando a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la política represiva de "anular y/o aniquilar el activar de los elementos subversivos", que se iniciara con el Operativo Independencia, en la provincia de Tucumán.



  • El decreto número dos mil setecientos setenta creaba 2 Consejos:El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente y también integrado por los ministros y los 3 jefes militares para dirigir “los sacrificios para la lucha contra la subversión”.El Consejo de Defensa, encabezado por el ministro de Defensa y también integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más le interesaba a los militares por sus funciones, y le dejaba entre otras muchas cosas conducir la lucha contra todos y cada uno de los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir la utilización de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.
  • El decreto dos mil setecientos setenta y uno disponía que el Ministerio del Interior firmase convenios con los gobernantes a fin de que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedasen bajo control del Consejo de Defensa.
  • El decreto dos mil setecientos setenta y dos le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que va a ser ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean precisas a efectos de aniquilar el activar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.

Los 3 decretos fueron firmados por Ítalo Lúder, Manuel Aráuz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo.


Tanto el decreto doscientos sesenta y uno del cinco de febrero, como el dos mil setecientos setenta y dos, de octubre, fueron conocidos en público recién el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, cuando los publicara el Diario La Prensa, de la ciudad de Buenos Aires el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, en su página cuatro.


El historiador Marcelo Borrelli ha explicado que los decretos obedecían a la visión del "bloque civil que solicitaba una opresión 'ordenada' y 'legal', mas dura y eficaz. Esta visión se alineaba con la opinión desectores civiles que proponían que la única forma de finalizar tanto con la violencia guerrillera como con la opresión paramilitar de 'bandas de ultraderecha' era poniéndola en las manos 'legales' de las Fuerzas Armadas. De esta manera, se acabaría con la 'anarquía' y se pondría fin a la deriva violenta por medio de una fuerza perteneciente al propio Estado".


Los decretos ciertamente tuvieron el efecto de mover la acción parapolicial de la Triple A, que prácticamente desapareció en el primer trimestre de mil novecientos setenta y seis y cuyos miembros van a ser integrados en los gruposde labores que efectuaron la opresión furtiva a lo largo de la dictadura militar. Mas asimismo sirvieron de "paraguas" a fin de que se consolidaran los conjuntos civil-militares que estaban planificando el golpe de Estado y a fin de que las Fuerzas Armadas aumentaran la cantidad de operaciones efectuadas fuera de la ley. Borrelli cuenta que los decretos fueron demandados por las Fuerzas Armadas, bajo la extorsión de no dar un golpe de Estado.


Tres días tras la sanción de los decretos, el diario Clarín, que como órgano vinculado al MID había participado de la alianza de gobierno hasta el momento en que empezó a separarse a mediados de mil novecientos setenta y cinco, publicó una editorial en la que sostenía:


El razonamiento de que la Argentina había entrado en guerra, fue uno de los primordiales razonamientos que desde el próximo año usaría la dictadura civil-militar para justificar el terrorismo de Estado.


Pocos días después, el veintiocho de octubre de mil novecientos setenta y cinco, Jorge Rafael Videla, en su condición de comandante general del Ejército, emitió la directiva segrega 404/75, famosa como "La Peugeot", complementaria de los decretos. Por esta directiva se zonificó militarmente todo el país, sosteniendo a todas y cada una de las autoridades a los jefes militares secretos y se estableció un extenso sistema de inteligencia bajo el que se puso a toda la población.


Ya afianzada en el poder la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, el Jefe Estado Mayor del Ejército, General Roberto Viola, dictó el diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y seis una Orden Segrega que altera las órdenes dictadas por los decretos del gobierno constitucional depuesto, suprimiendo toda referencia a la "neutralización" y estableciendo que la orden de aniquilación no había de ser del "activar subversivo", como establecían los decretos de mil novecientos setenta y cinco, sino más bien de las personas mismas consideradas como "subversivas".


La Orden Segrega del diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y seis afirma textualmente:


Por medio de los decretos de aniquilamiento y las reglas complementarias, las Fuerzas Armadas consiguieron que el poder político constitucional les diera la autoridad que habían estado buscando a lo largo de bastante tiempo para aceptar la lucha contra los llamados "subversivos", la que hasta este instante había sido en buena medida manejada por la Policía Federal, las policías provinciales y el conjunto parapolicial Triple A. Esta última dejó de actuar cuando se dictaron los decretos de octubre.


Esto asistió a conformar una red de poder militar paralela a lo largo del último año del gobierno constitucional, que se usó para desgastar al gobierno constitucional y dar el golpe para derrocar al gobierno del veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis, la última y más violenta dictadura vivida en la historia del país.


La introducción del controvertido término militar "aniquilar" en los decretos doscientos sesenta y uno y dos mil setecientos setenta y dos ha generado fuertes discusiones sobre su significado y alcance en vinculación directa al término de guerra sucia, puesto que en la aplicación de esa orden se procedió a torturar, raptar, matar y hacer desaparecer a personas señaladas arbitrariamente como "subversivas".


Carlos Ruckauf, que era ministro de Trabajo en aquel momento, iba a rememorar años después que Luder afirmó que había que ampliar el área de repercusión de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a mandarse esos decretos inmediatamente al Congreso, y que se iban a expedir, además de esto, 2 proyectos de ley que explicaban la manera de aplicar los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por la parte del poder político sobre las fuerzas militares, que evidentemente jamás se ejecutó: las clases hacían lo que deseaban e incluso detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba.


Ya en el ocaso del "Proceso de Reorganización Nacional", previendo inconvenientes judiciales por las violaciones a los derechos humanos, los jefes militares mantuvieron que había sido una guerra y que no habían hecho más que obedecer los decretos, emitidos por un gobierno democrático. Ese mismo razonamiento fue esgrimido por los defensores de los comandantes juzgados en mil novecientos ochenta y cinco, y prosiguió siendo empleado por los partidarios de los militares presos.


Sin embargo, en el juicio contra los comandantes, Luder precisó que "aniquilar el activar de los elementos subversivos" mencionaba a "incapacitar la capacidad de combate de los conjuntos subversivos, mas de ningún modo significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país continuaba para derivar todo cuanto fuera opresión en un marco legal".En la acusación contra los militares, los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo resaltaron las explicaciones de Luder y destacaron que ninguno de los oficiales superiores convocados a declarar por la defensa (de los comandantes) comprendió que la orden de aniquilar autorizaba a raptar, torturar y matar. En la sentencia, leída por León Arslanián el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Delincuente y Correccional Federal coincidieron en que la orden de Luder no podía comprenderse fuera del contexto jurídico de aquel instante, cuando la Carta Magna, las leyes de la Nación y los tratados con las naciones extranjeras proseguían siendo la ley suprema de la Nación.






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