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ıllı Conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno por la pauta publicitaria wiki: info, historia y vídeos


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salud  Conflicto entre Editorial Perfil y el gobierno por la pauta publicitaria 


El diario El día de hoy que se publicaba en la urbe de La Plata propuso en el año mil novecientos noventa y siete una demanda demandando por la discriminación en la adjudicación de la publicidad oficial de que era objeto por la parte de la Municipalidad de La Plata y la Corte Suprema de Justicia en la que por entonces prevalecía una mayoría de jueces conveniente al gobierno del presidente Carlos Menem rechazó la acción, en la medida en que la minoría del Tribunal se pronunció por hacer sitio a exactamente la misma emitiendo un voto que se transformó en uno de los primordiales basamentos del derecho a la comunicación en el país y abrió la puerta a fin de que más adelante, ya renovada su integración, el tribunal fallase en favor de la libertad de expresión en demandas de peculiaridades afines, como la de Editorial Perfil.


En una investigación efectuado sobre el periodo de dos mil siete al primer semestre de dos mil diez la Auditoría General de la Nación declaró que no pudo hallar criterios concretos y objetivos que justifiquen técnicamente la distribución de la publicidad oficial, añadiendo que no se aplicó un criterio vinculado a la tirada y circulación de los diarios ni hizo estudios sobre la segmentación del mercado.En dos mil diez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció los Principios sobre Regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión. La Comisión aseveró que la “distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta”, citó el fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina “Editorial Perfil contra Estado Nacional” y coincidió con exactamente el mismo en que los avisos oficiales no han de ser usada para fines diferentes de la comunicación lícita y no discriminatoria con el público, añadiendo que los recursos estatales para fomentar la diversidad y el pluralismo de medios deben consistir en mecanismos de ayudas indirectas o bien subsidios explícitos yneutros, distinguidos de los gastos de publicidad oficial.


Editorial Perfil sociedad anónima presentó en mayo de dos mil seis un recurso de amparo a fin de que se condenara al gobierno nacional a entregarle publicidad oficial en exactamente las mismas condiciones que lo hacía a medios de relevancia afín. En su defensa, el Poder Ejecutivo reconoció que no le daba tal publicidad a la editorial reclamante y arguyó que era su capacitad exclusiva repartirla como lo considerase más recomendable.En primera instancia el Juez rechazó el amparo con fundamento en el fallo de la Corte Suprema de Justicia del cinco de septiembre de dos mil siete en la causa “Editorial Río Negro SA c/Neuquén, Provincia de” conforme la que aunque el Estado no podía asignar los recursos de propaganda de forma arbitraria, sobre la base de criterios irrazonables, a fin de que su proceder fuera ilegal se requería que la disparidad de trato entre los diferentes medios periodísticos debía llevar a una afectación económica de la compañía editora.


Para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los factores a tomar en consideración para la distribución de la publicidad eran “la periodicidad de su aparición, la tarifa actual, la esencial participación de publicidad privada en sus páginas, y el costo de tapa, que es un cien por ciento más cara que la de diarios más económicos y un cincuenta por ciento más cara que la del diario Miradas al Sur, “por lo que si ha existido discrecionalidad ha sido una positiva “a favor de pequeños y nuevos medios del interior del país; en favor de abonar tarifas más bajas en resguardo del principio de economía del gasto, promocionando en diarios populares con poca publicidad privada” y aseveraba que “los criterios empleados para decidir la distribución resultan razonables, teniendo en cuenta que la discrecionalidad técnica de su elección corresponde al administrador escogido para tal fin por el pueblo soberano”. Añadía también que para la comparación no debía tomarse la publicidad encomendada por otras agencias públicas o bien por el Poder Judicial o bien el Poder Legislativo.


Editorial Perfil SA apeló la sentencia y el diez de febrero de dos mil nueve la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) hizo sitio al recurso y aseveró que sin libertad de expresión no hay democracia y que la libertad constitucional de prensa tiene un sentido más extenso que la pura exclusión de la censura anterior y que es la base esencial de la garantía de la ciudadanía de sostenerse informada para poder ejercer sus derechos políticos. El Tribunal añadió que se trata de un derecho de la persona reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su artículo diecinueve. Consecuentemente ordenó que el Estado Nacional distribuyera avisos oficiales en las diferentes publicaciones de la editorial en un plazo de 15 días, respetando un “equilibrio razonable con aquellas de equivalentes características”.


El Poder Ejecutivo interpuso entonces un recurso contra la sentencia que fue resuelto por resolución unánime de los 7 miembros de la Corte Suprema de Justicia; el Tribunal aseveró que el Estado no había acreditado una causa justificada para la exclusión de publicidad oficial y ratificó que el Estado –si dispone la realización de propaganda de sus actos y de la concreción de sus proyectos- no puede asignar los recursos libres de forma arbitraria, sobre la base de criterios irrazonables, con lo que confirmó la sentencia recurrida.El voto mayoritario de la Corte Suprema asimismo remitía a los razonamientos que había dado en el caso Río Negro. Allá, la Corte había sentado esenciales pautas para la interpretación de este género de casos, al mantener que los gobiernos “deben eludir las acciones que intencional o bien solamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y asimismo aquellas que lleguen de forma indirecta a ese resultado” y que, para acreditar ese hecho, no es preciso probar “la ahoga económica o bien el quiebre del diario”.


Al comentar el caso la Asociación de Derechos Civiles estimó que era imperioso que se adoptase una ley que regulara el manejo de la pauta oficial conforme a los estándares de libertad de expresión y trasparencia, y también instó al Congreso a incluir este tema en sus prioridades legislativas.


Editorial Perfil hizo una presentación frente al juez interviniente en la que aseveraba que el Poder Ejecutivo no estaba cumpliendo lo ordenado en la sentencia; como fundamento expuso la cantidad de publicidad que exactamente el mismo había asignado a medios de su propiedad y la equiparó con la publicidad oficial que habían recibido otros medios que consideraba afines. De este modo, por poner un ejemplo, en el mes de agosto de dos mil once Diario Perfil recibió un solo aviso y lo equiparaba con los recibidos –solo en sábados y domingos- por Página doce (veintidos avisos) y Tiempo Argentino (siete avisos) o bien -solo en domingos-, por Miradas al Sur (siete avisos) y apunta los recibidos por el El Cronista Comercial (treinta y siete avisos) y Campo Financiero (cincuenta y siete avisos). Asimismo tomaba los datos del mismo mes de otras publicaciones de Perfil para comparlas con sus afines, de esta manera la gaceta Libre no había recibido avisos y lo equipara con Diario Popular y Crónica (cincuenta y nueve avisos); la gaceta Noticias tampoco recibió publicidad en contraste con El Guardián (cuatro), Discute (trece), Newsweek (trece) y 23 (dieciseis) ni la gaceta Caras si bien la gaceta Pronto había tenido dos avisos a página entera.


En su sentencia del veintinueve de febrero de dos mil doce el juez federal Ernesto Luis Marinelli consideró infringida la sentencia y también impuso al Estado una multa equivalente a las sumas que en término de publicidad oficial debió haber recibido editorial Perfil conforme con la pauta concedida a los medios considerados de equivalentes características; respetando un equilibrio razonable" en el periodo trascurrido entre marzo de dos mil once y febrero de dos mil doce.


El catorce de agosto de dos mil doce la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó que se acate el fallo de la Corte Suprema de la Nación. En su fallo, el tribunal exhortó al Estado nacional a que, en el caso de quedar firme la sentencia, en un plazo de quince días presente un plan de pauta oficial que incluya a 3 publicaciones de Editorial Perfíl: Noticias, Fortuna y el diario Perfil. En el caso de no acatarse el fallo, el tribunal dispuso una multa de 1 cero pesos al día de incumplimiento.


El veintinueve de enero de dos mil catorce la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala I en los autos La Cornisa Producciones sociedad anónima c. EN- JGM- S.C. s/ amparo ley dieciseis.986 ratificó la doctrina de los casos Río Negro y Perfil y declaró que el estado no podía interrumpir ásperamente sin un motivo válido la contratación de publicidad oficial que venía efectuando con una productora independiente de radio y T.V..En febrero de dos mil catorce, siguiendo exactamente el mismo criterio del fallo de Editorial Perfil, la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno encabezado por Cristina Fernández conceder publicidad al Canal trece perteneciente al Conjunto Clarín en un fallo que resaltaba "la relevancia de la libertad de expresión en el régimen democrático y la protección de la actividad crítica de los cronistas".


En su sentencia del veintinueve de febrero de dos mil doce el juez federal Ernesto Luis Marinelli aseveró que la clasificación de los medios gráficos de comunicación a los fines de la distribución de publicidad oficial se debe efectuar con exclusión de cualquier criterio que implique examinar las líneas editoriales o bien los puntos de vista que expresan, por lo que las peculiaridades equivalentes de las diferentes publicaciones han de ser establecidas atendiendo a la superficialidad de los formatos, a la temática general de cada medio y a otras circunstancias objetivas, semejantes como: el costo, el campo geográfico de distribución, el perfil del público al que se halla dirigidas –edad, género, situación social y económica,etc.-, entre otras muchas. El límite en este punto es que las consideraciones que se elaboren resulten neutras con relación a los contenidos y puntos de vista del medio.Agregó que las diferencias de costo de venta al público que no sean significativas o bien que el medio se publique solamente los días sábados y domingos no son pautas que razonablemente excluyan la semejanza de las publicaciones en esta materia. Afirmó que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia alcanza a toda la publicidad oficial con prescindencia de los departamentos del gobierno o bien del carácter autosuficiente de determinadas empresas o bien agencias. Por último, declaró que el monto de la publicidad privada que reciba el medio no es razón para retacearle la asignación de pauta promocional oficial y aunque los medios pueden percibir presiones de ámbitos económicos respecto de su línea editorial “la solución al desequilibrio que pueden provocar los anunciantes privados se debe localizar mediante convenientes y también inteligentes políticas de subsidios que establezca el Congreso de la Nación y no a través de una pretendida asignación compensatoria de pauta promocional oficial que realice el Poder Ejecutivo Nacional, puesto que ello conduce a la desnaturalización de la publicidad oficial que no es otra que poner en conocimiento del pueblo los actos y acciones de gobierno. El propósito de la publicidad oficial, es claro, no puede ser otro que el de propagar las políticas y también ideas gubernativos y, por norma general, informar a la comunidad sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública.


Para Sergio Szpolski, un empresario dueño de múltiples medios, el número de trabajadores empleados en el medio debe incidir en la pauta concedida por el Estado.Eduardo Bertoni, exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que ese factor no tiene ninguna relación con la publicidad y que lo relevante es el público al que se quiere llegar y añadió que la CIDH “rechazó de forma explícita la posibilidad de que la publicidad oficial se utilice como un sistema de subsidios. La Comisión Interamericana reconoce que puede haber criterios vinculados con la promoción de la diversidad, mas estos criterios son secundarios y están subordinados a los criterios de público objetivo y difusión del mensaje”.


Por su parte la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) estima que “La publicidad oficial debe tener como objetivo propagar mensajes de interés público para la población.El estado precisa comunicar diferentes facetas de su acción: en función de eso, debe delimitar un público-objetivo y, con base en un conveniente análisis de medios, escoger cuáles son aquellos que dejan una mejor difusión del mensaje. Esos criterios son estándares interamericanos de derechos humanos y deben guiar al estado en la distribución de la pauta”.


La ley veintiseis quinientos veintidos de medios audiovisuales dispuso que “para la inversión promocional oficial el Estado va a deber contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de exactamente la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”.


El veinticuatro de agosto de dos mil dieciseis el nuevo gobierno de Mauricio Macri dictó la Resolución 247/16 que fijó los próximos criterios conforme los que se debía asignar y repartir la publicidad oficial, señalando en los considerandos que lo hacía conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de los casos “Editorial Río Negro” Fallos 330:3908; “Perfil” Fallos 334:109; y “ARTEAR” Fallos 337:47: a) Alcance del medio, en función de su circulación o bien audiencia; b) Pertinencia del mensaje, dependiendo de la especialización del medio o bien plataforma y con relación a la audiencia o bien público objetivo del mensaje; c) Zona geográfica en la que se halle circunscripta la audiencia o bien público objetivo del mensaje; d) Promuevo del federalismo y la pluralidad de voces, en función que los medios o bien plataformas sean gestionados por organizaciones sociales sin fines de lucro que acrediten correctamente su fin social, que emitan en lenguas de pueblos originarios y/o que emitan en las categorías de baja potencia.






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