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ıllı Conferencia de Gobernadores de la República Argentina wiki: info, historia y vídeos


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salud  Conferencia de Gobernadores de la República Argentina 


En mil novecientos trece, desde una iniciativa de la Dirección General de Territorios Nacionales, se efectuó la Primera Conferencia de Gobernantes de Territorios Nacionales, con el propósito de deliberar sobre las problemáticas de estos espacios y acordar la propuesta de reforma de la ley de territorios preparada por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina.


Hasta el Centenario de la Revolución de Mayo, los territorios nacionales eran creados como entidades político-administrativas dependientes del poder central, con escasa o bien nula participación en la toma de resoluciones que afectaban de manera directa sus intereses. El derecho de representación les había sido negado en forma reiterada y los gobernantes eran considerados puros ejecutores de la normativa en vigor, con poco margen de autonomía para proponer ideas particulares o bien discrepar ante alguna medida tomada.


Ciertamente, conforme la Ley N.º mil quinientos treinta y dos de mil ochocientos ochenta y cuatro, para instalar legislatura los territorios debían contar con treinta mil habitantes y para ser provincializados sesenta mil. Esta predisposición cuantitativa de la ley jamás se cumplió en la larga vigencia de la organización territorial.


Así las cosas, los habitantes de los territorios nacionales tenían todas y cada una de las obligaciones del ciudadano de la nación mas sus derechos políticos estaban limitados. No podían participar en elecciones nacionales y solo ejercitaban el sufragio en localidades de más de mil habitantes en las escogían un Consejo Municipal de 5 miembros y un juez de paz.


Bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta el gobierno empezó a meditar los territorios de una forma más integral, con propuestas considerablemente más articuladas y convenientes a la realidad, entre aquéllas que se resaltó el plan de Promuevo de los Territorios Nacionales, de autoría del Ministro de Agricultura y de Obras Públicas Ezequiel Ramos Mexía. Este cambio en la política tuvo su correlato en la faz burocrática. En mil novecientos doce el Ministerio del Interior de la Nación Argentina decidió la creación de la Dirección General de Territorios Nacionales, oficina que quedó al cargo del jurista y político Isidoro Ruiz Moreno.


La Conferencia de mil novecientos trece significó para los territorios la apertura de un espacio de participación y deliberación que no obstante careció de continuidad. Aunque con posterioridad se festejaron congresos, conferencias y asambleas organizadas por organismos concretos como las municipalidades o bien la prensa territorial, el Estado no volvió a convocar a los gobernantes de los territorios nacionales hasta el peronismo.


La modalidad de Conferencia se enmarcó en el contexto aperturista del Centenario de la Revolución de Mayo. Fue un hecho novedoso que se tomó como modelo para años consecutivos, en los que se convocaron asambleas puntuales por la parte de organismos sectoriales o bien agrupaciones de los territorios: la Conferencia de la Prensa Territorial, efectuada en santa Rosa cara 1917; la Conferencia de Encargados de los Territorios Nacionales de mil novecientos veintidos convocada por la Sociedad Rural de Río Negro y Neuquén; el Congreso de la Junta Permanente Pro -representación Parlamentaria de los Territorios Nacionales de mil novecientos veintitres, el Congreso de los Territorios Nacionales citado por la Liga Patriótica Argentina de mil novecientos veintisiete, el Primer y Segundo Congreso General de Municipalidades de los Territorios Nacionales, reunidos en la ciudad de Buenos Aires en mil novecientos treinta y tres y 1935; los Congresos Generales de los Territorios Nacionales en mil novecientos treinta y nueve y mil novecientos cuarenta, en los que participaron representantes de ayuntamientos, comisiones de promuevo, asociaciones económicas, gremiales y culturales; la Primera Sesión Nacional de Ayuntamientos, convocada en mil novecientos cuarenta y cinco por el Presidente Edelmiro Farrell y también integrada por encargados de los territorios, entre otros muchos.


En cuanto a las Conferencias de gobernantes, se generó un intervalo en su convocatoria hasta la década del Cuarenta, en que el presidente Juan Domingo Perón volvió a reunir a los gobernantes en conferencias efectuadas en mil novecientos cuarenta y siete, mil novecientos cuarenta y nueve, mil novecientos cincuenta, mil novecientos cincuenta y uno, mil novecientos cincuenta y dos y mil novecientos cincuenta y cuatro, exuberantemente publicitadas y en las que intervenía personalmente -en contraste a mil novecientos trece- el presidente de la Nación Argentina.


Ahora bien, la modalidad de Conferencia no era totalmente novedosa, en tanto que zonas económicas con problemáticas concretas asimismo usaron este formato para decidir acciones en situaciones críticas, como fue el caso de las provincias del nordoeste argentino -reunidas frente a la Crisis azucarera- en conferencias de gobernantes y empresarios en mil novecientos veintiseis y mil novecientos veintisiete.


Los fundamentos de la convocatoria a la Conferencia mencionaban a las deficiencias en la organización de los territorios, con normativas anacrónicas que requerían de urgentes reformas. El gobierno consideraba que los gobernantes eran quienes conocían mejor esta realidad y podían aportar medidas y soluciones prácticas. Por esta razón, el ministerio del Interior destacaba que aguardaba que la Conferencia formara un jalón esencial para la vida de los territorios nacionales al permitir los cambios que requerían para su desarrollo.


La Conferencia de Gobernantes se reunió en la ciudad de Buenos Aires el diez de marzo de mil novecientos trece y su desarrollo incluyó 15 sesiones públicas y 3 segregas finalizando el cinco de abril. Se materializó la idea de reunir en un mismo tiempo y espacio a los gobernantes con encargados de las carteras y oficinas que tuviesen bajo su incumbencia temas vinculados con los diez territorios nacionales existentes: Chaco, Misiones, Formosa, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, santa Cruz, Tierra del Fuego y Los Andes -que existió desde mil novecientos hasta mil novecientos cuarenta y tres, cuando quedó repartido entre las provincias de Brinca, Catamarca y Jujuy-.


En representación del Gobierno nacional asistieron diecisiete encargados de los ministerios del Interior, Agricultura, Hacienda, Justicia y también Instrucción Pública, Obras Públicas, Guerra, Marina y la Contaduría General de la Nación.


La sesión no tenía temario abierto sino había un programa pre-fijado por el ministerio del Interior que incluía las problemáticas consideradas más urgentes: el proyecto de ley orgánica para los territorios, el presupuesto para mil novecientos catorce y cuestiones vinculadas con la división territorial, comunicaciones, administración de la tierra pública, riquezas naturales, navegación, contabilidad, policía, alcoholismo y prostitución.


Este programa dejaba fuera cuestiones esenciales para los territorios, contenidas originalmente en la propuesta Galán, como las reformas al Código Rural de la República Argentina o bien la cuestión de los indígenas. Tampoco incluyó aspectos vinculados con la justicia, la inmigración, la educación y el trabajo. Frente al reclamo del gobernante de Formosa Juan José Silva, el ministro del Interior adujo que eran temáticas que no era preciso agregar en tanto que existían ensayos y estudios anteriores y personas especializadas que podían opinar y que, la incorporación de problemáticas de esta extensión, prolongarían innecesariamente los debates.


Sin embargo, no se generó la revisión de las políticas de administración de las tierras públicas, que prosiguió siendo un resorte exclusivo y excluyente del Estado nacional. Ni en la ley de territorios de mil ochocientos ochenta y cuatro como de esta forma tampoco en la ley de tierras N.º cuatro mil ciento sesenta y siete y su decreto normativo del ocho de noviembre de mil novecientos tres, daban capacitad alguna a los gobernantes sobre la tierra pública. Por contra, la ley de mil novecientos tres fortaleció esta orientación e inclusive suprimió las facultades de las municipalidades para la concesión de terrenos en su ejido, lo que causó múltiples inconvenientes con las tierras concedidas hasta el instante, quedando títulos pendientes de resolución por largo tiempo.


El despacho por último aprobado sugería la conveniencia de encargar a los gobernantes la vigilancia de los contratos sobre tierra pública, la creación de la oficina para la tramitación de los temas relativos a la tierra pública y la capacitad concedida a los gobernantes de concesión de permisos de ocupación a título oneroso o bien precario de tierras no ofrecidas a la venta o bien alquiler.


El ascenso político de Juan D. Perón generó cambios significativos en las tradicionales 14 Provincias, actuales desde la temporada de la Confederación Argentina, y alteró la naturaleza de las relaciones políticas entre el gobierno central y los gobiernos de provincia. Por una parte, amplió y afianzó la presencia del Estado Nacional a través de un amplio plan de obras públicas, enseñanza y sanidad y reformas institucionales orientadas a igualar y también integrar a los territorios a la problemática nacional. Por otra parte, favorece la politización de la sociedad y la centralización de las resoluciones políticas en el "conductor nacional único y natural" del peronismo.


El reconocimiento de derechos políticos a los habitantes de los territorios nacionales se formalizó con la reforma constitucional argentina de mil novecientos cuarenta y nueve, cuyo texto, en el artículo 82º, establece la elección directa de la fórmula presidencial "a cuyo efecto las provincias, la Capital Federal y los territorios nacionales formarían un distrito único" y se amplía a la elección general del once de noviembre de mil novecientos cincuenta y uno.


La Ley N.º trece y diez de mil novecientos cuarenta y siete, que reforma del sistema electoral y también incorpora el sufragio femenino, institucionaliza la participación de los habitantes de los territorios nacionales. A la posibilidad de votar la fórmula presidencial, se añade la provincialización de Chaco y La Pampa; el derecho a escoger un encargado parlamentario -con voz, mas sin voto-, el alzamiento de las intervenciones en las comunas -actual desde mil novecientos cuarenta y tres- y el reconocimiento de rango municipal a diferentes comisiones de promuevo.


Basado en que la idea de que “toda organización supone 2 cosas: la capacitación de todas y cada una de las ánimas creando un ánima colectiva que piense coherentemente y actúe coherentemente", Juan D. Perón convocaba a los gobernantes de las provincias a "asambleas administrativas" que suponían un sistema de poder basado en un orden igualado al que se integraban en condiciones de igualdad con sus pares, y al que no podían retar. Desde esa óptica, para Perón las funciones de gobierno estaban bien determinadas en los papeles de "conductor estratégico" -el Presidente de la República Argentina- y de "conductor táctico" -el gobernante de provincia-. El primero, había de estar en todas y cada una partes ejercitando la dirección superior de las relaciones entre los diferentes ámbitos de la conducción; el segundo, había de estar en su función singular y predeterminada geográfica y también institucionalmente. Cualquier exceso de actuación funcional -por poner un ejemplo, mediante una "liga de gobernantes"-, formaba un factor disociante de la organización política llamada Nación.


El viejo instituto de la intervención federal, ahora aplicado a provincias cuyos gobiernos integra el peronismo, va a ser el recurso legal para formar una organización política con conducción unificada reduciendo o bien mitigando enfrentamientos intrapartidarios. Efectivamente, en un mismo acto, Perón dispuso las intervenciones a las provincias de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero por decreto del veintiocho de enero de mil novecientos cuarenta y ocho aduciendo que, aunque existían autoridades formales legalmente constituidas, "el desarrollo discordante de sus poderes, traba la acción homogénea y concordante que imponen las presentes demandas del país". Así, el orden popular tiene por único interprete al Gobierno nacional.


Por su parte, las intervenciones a los poderes judiciales provinciales de la ciudad de Buenos Aires, Brinca, Córdoba -cuya característica especial, es que exactamente la misma fue pedida al Poder Ejecutivo Nacional por el Gobernante Raúl Lucini a lo largo de la VI Conferencia de Gobernantes de mil novecientos cincuenta y cuatro-, santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero respondían a la necesidad de ampliar y resguardar los derechos sociales del ciudadano que, como sujeto perteneciente al tejido social nacional y homogéneo, es portador de un derecho social que no puede ser limitado, limitado o bien cancelado por disposiciones particulares de las autoridades locales. En tal sentido, en los considerandos de la intervención federal al Poder judicial de Brinca, por Decreto N.º cuatro mil seiscientos del siete de marzo de mil novecientos cincuenta y uno -B.O. 09/03/51-, se lee que "la anormal situación" de tal poder impedía "el establecimiento del fuero del trabajo", fuero que tenía la meta de "la recta aplicación de los principios del derecho social y laboral".


El veintinueve de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve por un pacto de las Provincias, la Municipalidad de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida y también Islas del Atlántico Sur se formó el Consejo Federal de Inversiones"como organismo permanente de investigación, coordinación y asesoramiento, encargado de aconsejar las medidas precisas para una conveniente política de inversiones y una mejor utilización de los diferentes medios de tipo económico conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización" (Art. 1º de la Carta de Constitución).


Es un organismo federal de promoción de las actividades económicas en Argentina, que se financia con recursos de las provincias, procedentes de la Coparticipación Federal de Impuestos (Art. 15º de la Carta de Constitución). El órgano superior del Consejo es la Reunión de Gobernantes (Art. 5º de la Carta de Constitución).


Excepto por lo que respecta a la deliberación y pacto sobres la pautas distributivas contenidas en la Coparticipación Federal de Impuestos, a lo largo de las presidencias de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa donde la mayor parte de las provincias argentinas eran regidos por el peronismo, el CFI no ha sido un campo de discusión política permanente.


Durante la breve administración de Fernando de la Rúa, por caso, el CFI fue la "tribuna" lugar desde el que los ?íderes provinciales se reunían para resistir los recortes de gastos y también inversiones públicas desde la Nación y producir en forma conjunta, una Carta abierta al presidente de la Nación del veinticinco de abril de dos mil, cuestionando “la lentitud en la implementación del Compromiso para la Eficiencia y Trasparencia del Gasto Social” -firmado en el mes de diciembre de dos mil- y denunciando que “la falta de reactivación económica, la caída del consumo agravada por el aumento de la presión fiscal, la paralización de esenciales obras de infraestructura y el incumplimiento del Acuerdo Federal Educativo, facilitan el desarrollo de la tensión social”.


A través del CFI, los gobernantes acordaron pautas de distribución en la adjudicación de las obras del Plan Federal de Infraestructura -creado por el Decreto de Necesidad y Emergencia N.º 1299/00- que fijaba un plan de obras de expansión y conservación de la red nacional de vialidad no concesionada, a 5 años de plazo y con el acuerdo de cada uno de ellos de los gobiernos provinciales, elaborado por el entonces Ministro de Infraestructura y ViviendaNicolás Gallo.


No obstante, la ausencia de un espacio institucionalizado de asamblea y deliberación de los gobernantes de las 23 provincias argentinas, existen organismos internacionales, a los que han adherido diferentes provincias y ayuntamientos argentinos, que nuclean a los llamados gobiernos intermedios.

De la Sota a lo largo de una entrevista en dos mil once.

Entre las más esenciales, se mienta la Organización Sudamericana de Gobiernos Intermedios -OLAGI- creada en la en la Primera Cima Sudamericana de Gobernantes, Intendentes, Prefectos y Presidentes Regionales, efectuada en Ecuador en dos mil cuatro.


Esta entidad, reúne los gobiernos de nivel intermedio en los países Sudamericanos (estados subnacionales, zonas, departamentos y provincias). Es el órgano asociativo interlocutor y de link entre los gobiernos intermedios, sus asociaciones nacionales y las instituciones de colaboración internacional, fomentando el hermanamiento interregional. En dos mil doce fue designado presidente de exactamente la misma, el gobernante de Córdoba (República Argentina)José Manuel de la Sota.






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