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salud  Compañía Ítalo Argentina de Electricidad 


La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), más famosa como "La Ítalo" fue una compañía argentina de electricidad perteneciente al holding suizo Motor Columbus(fr:), (de:), creada en mil novecientos once, que se resaltó por prestar el servicio eléctrico en la Urbe de la ciudad de Buenos Aires y sus aledaños entre mil novecientos doce y mil novecientos setenta y nueve.


Realizó un pacto monopólico con la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), para repartirse el mercado eléctrico de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires y sus aledaños. En mil novecientos treinta y seis la CHADE-CADE y la CIAE sobornaron a altos funcionarios argentinos para extender sus concesiones concedidas por cincuenta años, otros cuarenta años, y para dejar sin efecto la cláusula que las forzaba a dar sus activos a la Urbe de la ciudad de Buenos Aires al terminar la concesión. En mil novecientos treinta y seis la Ítalo fue una de las compañías protagonistas del insigne Escándalo de la CHADE, a causa de la extensión del plazo de concesión a un siglo, a través de sobornos a políticos y actos de corrupción en los que se vieron implicados 2 presidentes de Argentina, el radical Marcelo T. de Alvear y el conservador Agustín P. Justo.


En mil novecientos cuarenta y cuatro el Informe Rodríguez Conde descubrió los delitos y actos de corrupción efectuados por la compañía y aconsejó quitarle la personería jurídica a la Ítalo y otras empresas. En mil novecientos cincuenta y siete se declaró la nulidad de la prórroga de la concesión y la cláusula de entrega de los recursos al Estado, mas meses ya antes de vencer, el presidente Arturo Frondizi volvió a concederle el servicio, sin plazo y con el beneficio de que podía vender la compañía al Estado, si de esta forma lo pedía. La presidente María Estela Martínez de Perón anuló en mil novecientos setenta y cinco la concesión renovada por Frondizi.


Al año siguiente la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, a través de actos del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, exdirectivo de la Ítalo, y del secretario Guillermo Walter Klein, conservó la concesión a cargo de la compañía y en mil novecientos setenta y ocho dispuso que el Estado la adquiriera, produciendo otro escándalo debido a la obsolescencia de sus recursos. La maniobra implicó la desaparición de Juan Carlos Casariego, un funcionario de la dictadura que se oponía a la adquisición de la Ítalo. Recuperada la democracia en el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el Congreso de la Nación creó una Comisión para investigar el caso.


En las últimas 2 década del siglo XIX se instaló el servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires. En la primera década del siglo veinte se generó un proceso de trustificación y cartelización del que surgió la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) como monopolio del servicio eléctrico de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires. En mil novecientos siete la CATE consiguió una cuestionada concesión del servicio, que establecía altas tarifas y un plazo de manera notable largo de cincuenta años, a cambio de una "cláusula de reversión", por la que al acabar la concesión todos y cada uno de los recursos de la compañía debían pasar a manos de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.


La creación de la Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIAE) en mil novecientos once aprecio el monopolio y la cartelización conseguido por la CATE. En su constitución desempeñó un papel esencial el ingeniero italiano Juan Carosio, quien reunió los capitales mayoritarios del holding suizo Motor Columbus, con empresarios italianos establecidos en Argentina, las compañías italianas Pirelli y Franco Tosi y un conjunto de inversores españoles.


La palabra "Ítalo" en el nombre de la compañía tuvo fines solamente comerciales, destinados a captar la enorme masa de población italiana que estaba inmigrando a la Argentina. La compañía, no era italiana sino más bien suiza, fundada con capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus, con sede en Baden.


Al año siguiente, de la misma manera que a la CATE, la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires le da una concesión por cincuenta años, que debía concluir el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, con "cláusula de reversión". La Ítalo empieza entonces a generar y repartir energía eléctrica en las zonas Centro y Sur de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires para el servicio de iluminado público y privado, fuerza, tracción y demás aplicaciones. Los servicios eléctricos de la CIAE después se extenderían a múltiples partidos alrededores.

El intendente Joaquín S. de Anchorena entregó una prevista concesión a la Ítalo y al cesar en su cargo pasó a ser parte de su directorio.

La concesión repitió las ventajas desmesurados (tarifas exageradamente altas y plazo de concesión exageradamente largo) que habían sido concedidos a la CATE, mas el intendente conservador Joaquín S. de Anchorena y el secretario de Obras Públicas Atanasio Iturbe, justificaron la resolución con el razonamiento de que la existencia de 2 empresas produciría competencia y reducción de tarifas. No obstante eso no sucedió pues las dos empresas ya se habían puesto conforme para no competir, repartiéndose las diferentes zonas de la urbe, creando de esta manera 2 monopolios, agudizando la situación creada por el acuerdo de mil novecientos tres, distribuyéndose la electricidad y el subterráneo, entre los capitales ingleses y alemanes. Al dejar sus cargos en la Municipalidad, los dos funcionarios entraron a ser parte del directorio de la Ítalo.


A diferencia de CATE, esta compañía empezó con plantas pequeñas de provisión de electricidad para el consumo familiar. El receptor era el enorme conjunto inmigratorio de origen italiano asentado en la ciudad de Buenos Aires. En mil novecientos catorce inauguró sus servicios desde un edificio situado en la calle José Andrés Pacheco de Melo, entre Coronel Díaz y Billinghurst. Se sumaron un conjunto de usinas y subusinas de transformación, locales de carácter utilitario que ofrecían a la urbe la particularidad de una arquitectura identificatoria de la compañía. En mil novecientos dieciseis inauguró la Usina Pedro de Mendoza en La Boca, con 3 generadores de seis mil doscientos cincuenta kW cada uno de ellos.


La Primera Guerra Mundial (mil novecientos catorce-mil novecientos dieciocho) robusteció las estructuras monopólicas de la economía argentina, entre ellas la del campo de la electricidad.La gravedad de la situación llegó a motivar a la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados para crear una Comisión de investigación de los Trusts, que puso en patentiza el bajo nivel de competencia y también innovación existente en los mercados argentinos, primordialmente en perjuicio de las Pymes. El estudio mostró asimismo que el Estado argentino era demasiado pequeño para supervisar a las grandes empresas de capital europeo o bien estadounidense, que adquirían la dimensión de multinacionales.


La derrota de Alemania en la guerra, asimismo llevó a ese país a una seria crisis económica y política, que complicó la situación financiera de CATE debido a las contrariedades para conseguir capitales auxiliares para efectuar inversiones que pudiesen atender la demanda creciente. La compañía fue vendida entonces en mil novecientos veintiuno a la Compañía Hispano Argentina de Electricidad (CHADE), una filial del gran holding mundial europeo Sofina con sede en Bruselas.


Hacia fines de la década de mil novecientos veinte los trusts mundiales Sofina (europeo) y Ebasco (estadounidense) alcanzaron un acuerdo monopólico para repartirse el mercado eléctrico argentino de modo tal que a Sofina le quedase toda el área de repercusión de la ciudad de Buenos Aires (que por su parte se había repartido con la Ítalo), al tiempo que a la Ebasco le quedaba el resto del país. La trustificación del mercado eléctrico argentino aplazaría por décadas la electrificación del campo y fomentaría un empleo desmedido de los hidrocarburos al decantarse por el empleo de centrales termoeléctricas, en vez de edificar centrales de energía hidroeléctrica. 3 décadas después, Brasil había conformado un sistema eléctrico apoyado en un setenta y cinco por ciento en la energía hidroeléctrica, que impulsó con fuerza la industrialización pese a no contar con petróleo en su territorio, al tiempo que en la Argentina ese aporte era solo del ocho por ciento , que al volverlo plenamente dependiente del petróleo, actuó de forma sistemática como límite para el desarrollo industrial, toda vez que no se conseguía el "autoabastecimiento" petrolero.


En mil novecientos treinta y dos la Ítalo inauguró una enorme usina termoeléctrica en terrenos ganados al Río de la Plata que conformaron el Puerto Nuevo. 5 años ya antes, en mil novecientos veintisiete, la CHADE asimismo edificó una súper-usina en las cercanías. A pesar de ello, la inversión resultó menor que la precisa para atender la demanda de sus clientes del servicio.


La razón de que las 2 "super-usinas" hubiesen sido instaladas en Puerto Nuevo se debió al hecho vital, desde el punto de vista técnico-económico, de la localización en un sitio donde el lignito pudiese ser descargado de manera directa desde los navíos que lo traían de Inglaterra. Por ese motivo la Municipalidad entregó gratis a las compañías esos terrenos, que habían sido ganados al río, en el comprensión de que la reducción de costos operativos se traduciría en una reducción equivalente de las elevadas tarifas. A pesar de ello ni la CHADE, ni la Ítalo, rebajaron las tarifas.


En la década de mil novecientos veinte las 2 empresas eléctricas de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires, mas con claro predominio de la CHADE, extendieron su dominio cara lo que entonces se llamaría el Conurbano bonaerense, comprando las compañías eléctrica comunales.

Artículo principal: Escándalo de la CHADEEl escándalo de la CHADE descubrió que el expresidente radical Marcelo T. de Alvear fue uno de los funcionarios sobornados.

El insigne Escándalo de la CHADE, estallado entre mil novecientos treinta y dos y mil novecientos treinta y seis, no solo alcanzó las maniobras ilegales de la CHADE-CADE, sino más bien asimismo las de la Ítalo.


El seis de septiembre de mil novecientos treinta fue derribado por un golpe civil-militar el gobierno encabezado por el presidente Hipólito Yrigoyen, quien en su primer orden comenzado en mil novecientos dieciseis se había transformado en el primer presidente democrático de la historia argentina. El poder pasó a estar controlado por una coalición de radicales antiyrigoyenistas (antipersonalistas), conservadores y socialistas llamada La Concordancia, que después de una etapa dictatorial, tomó el poder a través de un régimen fraudulento conocido como "la Década Vil". Las compañías eléctricas tuvieron una fuerte repercusión sobre el gobierno a lo largo de la Década Vil, a través de sobornos sistemáticos, o bien mediante la presencia de políticos que habían sido o bien serían directivos de exactamente las mismas, como el ministro de Hacienda Alberto Hueyo, que fue presidente de la CADE -sucesora de la CHADE-, o bien tenían enfrentamientos de intereses, como fue el caso del asimismo ministro de Hacienda Federico Pinedo, que se había desempeñado como letrado de la CHADE.


En mil novecientos treinta y dos la CHADE y la CIAE debieron enfrentar los reclamos de la Junta de Sociedades de Promuevo Pro Rebaja de Tarifas de Electricidad, encabezada por Jorge Del Río, que puso en patentiza un escandaloso patrón de irregularidades en perjuicio de los usuarios, que incluía la elevación fraudulenta de las tarifas. La CHADE y la CIAE contraatacaron con grandes pedidas en los primordiales diarios, que por su parte escondieron la situación de los usuarios, viéndose obligada la Comisión a crear un folleto para propagar su opinión.


El enfrentamiento fue llevado al Concejo Deliberante que abrió una investigación que concluyó con la preparación de 3 proyectos de ordenanzas, sancionando seriamente a la CHADE y la CIAE, controlando las tarifas, comprobando los costos de producción y mandando a investigar las cobranzas incorrectas.


Al año siguiente el Concejo Deliberante volvió sobre sus pasos y designó una una "Comisión de Conciliación", integrada por los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y también Ingeniería de la Universidad de la ciudad de Buenos Aires, que emitió un dictamen claramente conveniente a las compañías concesionarias. El escándalo llegó a un punto tal que forzó al intendente Mariano de Vedia y Mitre a vedar la ordenanza, poniendo al descubierto las graves irregularidades que contenía, la violación a los términos de las concesiones y las sospechas de corrupción.


El escándalo alcanzó su punto culminante en mil novecientos treinta y seis cuando el Concejo Deliberante alteró los términos de la concesión original de la CHADE-CADE y CIAE a través de las ordenanzas N.º ocho mil veintiocho y ocho mil veintinueve, con una anticipación de veinticinco años respecto del vencimiento del plazo original. Dichas modificaciones extendían la concesión veinticinco años más (desde mil novecientos cincuenta y siete), con opción a otros quince y dejaba sin efecto la "cláusula de reversión" de la concesión original, que había establecido que las construcciones, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían de manera automática al patrimonio de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato.


Los concejales de la Unión Civil Radical, que eran mayoría en el Concejo, habían sido sobornados con el visto bueno del expresidente Marcelo T. de Alvear. El informe dejó al descubierto los sobornos percibidos tanto por funcionarios de la oficialista Concordancia como de la opositora Unión Civil Radical.


Una de las primeras medidas tomadas por el general Pedro Pablo Ramírez después de deponer al presidente Ramón Castillo el cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y tres y aceptar el gobierno el siete de junio fue crear una Comisión Estudiosa de los pormenores de la prórroga de las concesiones eléctricas en mil novecientos treinta y seis. La Comisión fue puesta bajo la dirección del Coronel Matías Rodríguez Conde y estaba integrada asimismo por el ingeniero Juan Sabato (hermano del escritor Ernesto Sabato y futuro miembro del conjunto íntimo de Raúl Alfonsín) y el letrado Juan P. Oliver.


La Comisión entrevistó a la mayoría de los implicados y consiguió documentación vital para develar los mecanismos internos de la corrupción, como el intercambio telegráfico interno de las compañías.


El veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro la Comisión acabó su trabajo efectuando un informe y planteando 2 decretos para retirar la personería jurídica de la CADE (sucesora de la CHADE) y la CIAE, anulando las concesiones y disponiendo la expropiación.


Juan Sábato y Félix Luna mantuvieron que, siendo vicepresidente, Juan Perón (mil novecientos cuarenta y cuatro-mil novecientos cincuenta y cinco), paralizó el trámite de aprobación de los proyectos propuestos por el Informe Rodríguez Conde de mil novecientos cuarenta y cuatro y que entonces recibió apoyo económico de la CADE para la campaña electoral de mil novecientos cuarenta y seis, razón por la que no la nacionalizó Norberto Galasso considera que la CADE prosiguió operando con «excesiva impunidad» a lo largo de su gobierno. Guillermo Gauna da una versión diferente de los hechos, diciendo que el Informe Rodríguez Conde recién fue dado a conocer oficialmente en mil novecientos sesenta, 5 años tras el derrocamiento de Perón, con ocasión del discute de la Ley de Electricidad N.º quince.336.


La CADE y la CIAE, no fueron nacionalizadas a lo largo del gobierno de Perón (mil novecientos cuarenta y seis-mil novecientos cincuenta y cinco), mas sí resultó nacionalizada la ANSEC, que tenía la explotación del servicio eléctrico en la mayoría del país. Perón tampoco nacionalizó otras grandes empresas como la Estándar Oil, la Shell, las grandes empresas latifundistas, Bunge y Born, etcétera Jorge Del Río apunta por su lado que, sin desmontar el poder del dueto CADE-CIAE, Perón tuvo el mérito de crear la compañía estatal Agua y Energía Eléctrica y promovió el desarrollo de usinas populares cooperativas.


Perón asimismo impulsó la diversificación energética. Creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), interconectó las centrales Puerto Nuevo (CADE) y Nuevo Puerto (CIAE) y edificó veintidos centrales de energía hidroeléctrica en Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, Río Negro y Mendoza, incrementando la potencia hidroeléctrica instalada de cuarenta y cinco cero kW (kilovatios) en mil novecientos cuarenta y tres, a generar trescientos cincuenta cero kW en mil novecientos cincuenta y dos.


En mil novecientos cincuenta y cinco tomó el poder una dictadura autodenominada Revolución Libertadora después de deponer al gobierno constitucional encabezado por Juan D. Perón. Los días veinticuatro y veinticinco de abril de mil novecientos cincuenta y seis, la Junta Consultiva de la dictadura, integrada por los partidos antiperonistas, recomendó aprobar los decretos recomendados por el Informe Rodríguez Conde, anulando las personerías jurídicas de la CADE, la CIAE y la ANSEC. El veintidos de julio de mil novecientos cincuenta y siete una Comisión Asesora encabezada por el procurador Sebastián Soler, recomendó declarar nulos los decretos de mil novecientos treinta y seis y restituir las concesiones de mil novecientos siete y mil novecientos doce. El veintitres de julio de mil novecientos cincuenta y siete el dictador Pedro Eugenio Aramburu prosiguió este último consejo y firmó el Decreto N.º 8377/57, declarando la nulidad de los 2 decretos de mil novecientos treinta y seis y declarando la vigencia de las concesiones tal y como habían sido establecidas en mil novecientos siete para la CADE y el mil novecientos doce para la CIAE.


La CADE y la CIAE comenzaron entonces una campaña internacional contra la resolución de la dictadura y cuestionaron judicialmente el decreto de nulidad de las concesiones y pidió una medida de no crear. El trece de octubre de mil novecientos cincuenta y siete la dictadura dictó un nuevo decreto, admitiendo la medida de no crear pedida por la CADE y la CIAE, habilitando a la justicia a intervenir inmediatamente. Debido al pacto entre las compañías y la dictadura, el juez interviniente dictó entonces la medida de no crear, mas con la aclaración de que exactamente la misma no impedía al Estado ejercer su derecho de expropiar las compañías si de este modo lo decidía. Al llegar el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, data de finalización de la concesión de la CADE iniciada en mil novecientos siete, nada sucedió.


Durante los gobiernos peronistas sucedidos entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos setenta y seis, se creó una Comisión para investigar las irregularidades cometidas en torno a la Ítalo, que debió haber finalizado su concesión en mil novecientos sesenta y dos. En el mes de junio de mil novecientos setenta y cinco el procurador Edgar Sa decretó que la concesión que manetnía le empresa era inconstitucional, que el Estado debía emplear su derecho de reversión y cuestionar el revalúo fraudulento. El dictamen apunta asimismo la conducta corrupta de la compañía, la repercusión mediática destinada a mentir a los usuarios y la campaña que llevó adelante contra las cooperativas eléctricas.


En mil novecientos setenta y cinco una comisión singular fijó el valor de la compañía en treinta y cinco millones de dólares estadounidenses.Por último en el mes de febrero de mil novecientos setenta y seis, la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón dictó el Decreto N.º seiscientos cuarenta y ocho, anulando la concesión concedida por Frondizi en mil novecientos sesenta y uno, y también interviniendo la compañía.


La cancelación de la concesión de la Ítalo, siguiendo la línea del Informe Rodríguez Conde de mil novecientos cuarenta y cuatro, produjo una fuerte reacción del ámbito empresarial y el gobierno suizo. Julio González, secretario de la presidente María Estela Martínez de Perón, narra el próximo hecho sucedido un día ya antes del golpe de Estado que derribó al gobierno constitucional:

El ministro de la economía de la última dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, había sido directivo de la Ítalo. Pese a ser un férreo opositor al Estado empresario participó en la operación de la estatización de La Ítalo, que desencadenó un nuevo escándalo y la desaparición de Juan Carlos Casariego, uno de sus funcionarios.

La dictadura que tomó el poder en mil novecientos setenta y seis, tuvo como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, que había sido directivo de la Ítalo hasta el veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y seis. La dictadura dejó sin efecto el decreto de la presidente depuesta, restituyendo la titularidad de la Ítalo. En el mes de julio de mil novecientos setenta y seis Martínez de Hoz viajó a Suiza para entrevistarse con el directorio la CIADE y el ministro de Relaciones Exteriores suizo. La compañía y el gobierno suizo le notificaron a Martínez de Hoz que la condición a fin de que la dictadura argentina accediese al crédito suizo, era que Argentina adquiriera la Ítalo (CIAE), cuyas instalaciones eran obsoletas, al costo que solicitara la compañía. Martínez de Hoz, que tenía una ideología contraria frontalmente al Estado empresario, admitió la demanda de la compañía a la que había pertenecido y nacionalizó la Ítalo.


Argentina pagó con bonos en francos suizos, emitidos de la Unión de Bancos Suizos, cuyo representante era Roberto Alemann, hermano del secretario de Hacienda de la dictadura y firmante, cuando era ministro de Frondizi, del Decreto N.º 5571/61 que autorizó a la Ítalo continuar al cargo del servicio, sin límite de tiempo.


Algunos de los empresarios y funcionarios implicados en la operación fueron Francisco A. Soldati (presidente de CIAE), Horacio Beccar Varela (directivo de la Sociedad Comercial del Plata, vicepresidente y después presidente de CIAE), César A. Bunge (directivo de CIAE), Alejandro Roberto Caride (negociador único con la CIAE), contraalmirante Francisco Norberto Castro (directivo de CIAE), Luis María Gotelli (consultor del gobierno argentino en la venta de la CIAE), Jorge Maffía (miembro de la comisión negociadora), Fernando Terrera (miembro de la comisión negociadora), Sadi Conrado Massüe (fiscal de investigaciones administrativas que emitió dictamen conveniente), Luis María de Pablo Pardo (embajador en Suiza), Williams Frei (embajador suizo en Argentina y accionista).


Durante las oscuras operaciones que acabaron en la estatización de la Ítalo fue secuestrado-desaparecidoJuan Carlos Casariego, un alto funcionario del Ministerio de Economía, que se oponía a la calificación de la CIAE como "empresa extranjera", de la que dependía si el pago debía efectuarse en dólares estadounidenses o bien en pesos. Casariego desapareció el quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando iba cara una asamblea con el exsecretario de Planificación Económica Guillermo Walter Klein. Conforme su hija, Casariego estimaba que la adquisición de la Ítalo, efectuada por trescientos noventa y cuatro con cinco millones de dólares estadounidenses, fue un enorme fraude, por el hecho de que los recursos de la compañía eran obsoletos y estaban amortizados:


En diciembre de dos mil doce, el represor Héctor Pedro Vergez fue condenado por el rapto y desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel. Otras causas sospechaban la posibilidad que en su desaparición hubiesen estado implicados el ministro Martínez de Hoz y el secretario Klein.






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