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salud  Coalición por una Radiodifusión Democrática 


Véanse también: y Discute de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Alianza por una Radiodifusión Democrática es un conjunto de sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros muchos que convocada por el Foro de discusión Argentino de Radios Comunitarias presentaron veintiuno puntos básicos para una nueva Ley de Radiodifusión que fue sancionada en dos mil nueve y remplazó a la existente en Argentina instaurada por la última dictadura militar.


La Alianza se conformó en el dos mil cuatro convocada por el Foro de discusión Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y presentó entonces los veintiuno puntos básicos para una Radiodifusión Democrática consensuados entre todos y cada uno de los participantes como la base para edificar esta nueva Ley. veintiuno puntos que correspondían a cada uno de ellos de los años de democracia que habían pasado entonces. Diferentes miembros y organizaciones pertenecientes a la Alianza produjeron aportes al anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue presentado por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, y después enriquecido con el aporte de ideas en foros de discusión y audiencias federales, para ser tratado en el Discute de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aprobado como Ley veintiseis y quinientos veintidos.


Unos años tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los miembros de la Alianza deciden en dos mil doce re-llamarse como Alianza por una Comunicación Democrática, como actualización de su esfera de incidencia.


Tras el cambio de gobierno nacional argentino en el último mes del año de dos mil quince, y frente a los primeros decretos del Gobierno de Mauricio Macri que alteraron el marco normativo del audiovisual y las telecomunicaciones, la Alianza por una Comunicación Democrática produjo un Encuentro Nacional el tres de marzo de dos mil dieciseis (en el Auditorio anejo de la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados de la Nación), donde se emitió un documento crítico y se aprobaron por acuerdo los "Nuevos veintiuno puntos por el Derecho a la Comunicación" .


Durante dos mil dieciseis, se efectuaron 2 Encuentros Federales de la Alianza por una Comunicación Democrática: el primero de ellos en la urbe de santa Rosa (Provincia de la Pampa) el veinticinco de junio, bajo el leimotiv “Sin derecho a la comunicación no hay democracia plena”; el segundo en Buenos Aires el dos de diciembre, citado con la consigna “Democracia es Diversidad con acceso plural a todas y cada una de las plataformas”. Ese día se aprobó una declaración al lado de 15 puntos de acción, titulada "Un año fuera de la Ley"


La legislación argentina en materia de radiodifusión estaba con fuerza influida por el contenido déspota que le han impuesto las 2 últimas dictaduras militares, al unísono que se orienta a estimar a la comunicación audiovisual prácticamente solamente como una actividad comercial, facilitando la capacitación de monopolios y oligopolios./P>

En mil novecientos setenta y dos, a lo largo de la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina se sancionó la Ley Nacional de Telecomunicaciones N.º diecinueve y setecientos noventa y ocho, que dio origen a la Comisión Nacional de Radio y T.V. (CONART).


En mil novecientos ochenta, a lo largo de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional se sustituyó la regla la ley Nacional de Radiodifusión N.º veintidos y doscientos ochenta y cinco, decretada el quince de septiembre de mil novecientos ochenta, inspirada en la totalitariaDoctrina de la Seguridad Nacional.


Al año siguiente la CONART fue disuelta para ser sustituida por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). La Ley N.º veintidos y doscientos ochenta y cinco estableció que el COMFER estaría dirigido por un directorio integrado por siete miembros, cada uno de ellos de ellos representante de los próximos sectores:


La ley establece asimismo que el directorio ha de ser asesorado por una comisión integrada por representantes de todos y cada uno de los ministerios del gobierno nacional y de la Segregaría de Inteligencia de Estado.


Un aspecto esencial de la ley es que estableció, en su artículo cuarenta y cinco, que solo podían ser titulares de licencias personas individuales o bien sociedades comerciales, excluyendo a las compañías periodísticas (inciso y también). No se dejaba que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, sindicales, culturales, cooperativas, etcétera) pudiesen ser titulares de radios o bien canales de T.V.. Tampoco a las universidades se les dejaba tener radios o bien televisiones, con salvedad de las que las tuviesen instaladas, las que por su parte tenían severas limitaciones en materia de publicidad (art. ciento siete). Respecto a las provincias y ayuntamientos, las ley solo les dejaba tener un servicio de radio y sin publicidad (art ciento siete).


El objetivo de la ley era tener un sistema de medios comercial, controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional. Para esto ordenó la privatización masiva de las señales en un plazo de 3 años (art ciento seis).


Debido a la composición déspota del COMFER, al recobrarse la democracia el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el Presidente Raúl Alfonsín dispuso la intervención del COMFER hasta la sanción de la nueva ley de radiodifusión. Debido a que dicha ley no fue sancionada, el COMFER continuó intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional desde ese momento.


Durante el gobierno de Carlos Menem se efectuaron ciertas modificaciones orientadas al proceso de privatización de señales, para fomentar la concentración de exactamente las mismas en grandes multimedios y facilitar la actuación de empresas extranjeras. Una de las más esenciales fue la autorización a las compañías de periodismo impreso para ser titulares de radios y canales de T.V. (Ley veintitres y seiscientos noventa y seis de Reforma del Estado, art. sesenta y cinco). Asimismo se autorizó la difusión de publicidad producida fuera del país (Resolución 1226/93), se habilitaron mecanismos para poder trasmitir en idiomas extranjeros y se flexibilizaron las limitaciones para efectuar juegos de azar (Decreto 1062/98).


En dos mil cinco, a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley veintiseis y cincuenta y tres dejando que las cooperativas pudiesen acceder a licencias de radiodifusión.


El veintisiete de agosto de dos mil cuatro, en coincidencia intencional con el Día de la Radio, la Alianza por una Radiodifusión Democrática realizó un "Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia" o bien "veintiuno puntos básicos por el derecho a la comunicación", famosa como los veintiuno Puntos.


Los veintiuno Puntos se establecieron con la intención de detallar una serie de pautas esenciales para conformar un sistema de medios compatibles y promotores de la democracia.


Los mismos se introducen en el campo más extenso del derecho a la comunicación, tanto activa como pasiva, que tienen todas y cada una de las personas. Resaltan que la radiodifusión no puede manejarse únicamente como un negocio comercial y que han de ser independientes de toda presión, pública o bien privada.


Establece que las frecuencias radioeléctricas deben pertenecen a la comunidad y considerarse patrimonio común de la humanidad". Las frecuencias han de ser administradas por el Estado y adjudicadas por un período "a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio".


Los medios de radiodifusión deben tener como objetivo principal fomentar la diversidad y el pluralismo garantizándose el acceso de todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad a la titularidad y administración de los servicios. La ley debe impedir la capacitación de monopolios y oligopolios, a los que considera como maquinadores contra la democracia y asegurar "la indemnidad intelectual y estética". El Estado debe llevar un registro público de licencias y no van a poder tener medios de radiodifusión los funcionarios públicos de alto nivel ni quienes hayan violado los derechos humanos.


Los veintiuno Puntos estiman que se deben establecer 3 áreas de radiodifusión: pública, comercial y comunitaria. Estas últimas van a tener por lo menos un treinta y tres por ciento de las frecuencias. Todos van a poder contratar publicidad. Los medios estatales habrán de ser públicos y no gubernativos. El canal de TV pública nacional y de Radio Nacional ha de ser gratis y de difusión en todo el país. Cada provincia va a tener una radio y una transmisora de TV, cada ayuntamiento una transmisora de FM. La radiodifusión universitaria se va a organizar como un sistema público de administración autónoma.


Se deben establecer cuotas mínimas para la difusión de música, cine y contenidos de producción local, nacional y propia. Las repetidoras y cadenas han de ser una salvedad. La publicidad ha de ser de producción nacional y distinguirse de los programas, en tandas meridianamente identificadas al comienzo y al final por la señal propia del medio.


La autoridad de aplicación debe contemplar la participación de las provincias y las organizaciones de la sociedad civil y sindicales. Se debe crear la figura del "Defensor del Público".






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