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ıllı Causa Hotesur wiki: info, historia y vídeos


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salud  Causa Hotesur 


La Causa Hotesur o bien Caso Hotesur es el nombre con el que se conoce a la causa judicial federal penal 11352/2014 , iniciada por una demanda de la miembro del Congreso de los Diputados nacional Margarita Stolbizer efectuada al día después de la emisión televisiva del programa Periodismo para todos. Stolbizer solicitó que se estudien posibles irregularidades relacionadas con la declaración jurada de la presidente de ArgentinaCristina Fernández de Kirchner y el incumplimiento por la parte de la compañía Hotesur SA (de la que es accionista) de reglas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia (IGJ): adeudar impuestos, no presentar cómputos desde dos mil once ni la conformación societaria ni del directorio.A pedido de Romina Mercado, actual presidente y directiva titular del directorio de Hotesur, que se halla investigada lógicamente lavado de dinero,la Cámara Federal de Apelaciones (Sala I) dispuso cancelar un pedido del Juez Bonadío de contar con peritos contadores en el expediente sin dar intervención a las defensas, por lo que lo separaron del caso que, desde el veinticuatro de febrero de dos mil dieciseis está al cargo del juez Julián Ercolini. Este último validó el rapto de documentación efectuado en el allanamiento.


En esta causa se demanda ( conforme afirmó la miembro del Congreso de los Diputados ) la operatoria hotelera de la familia Kirchner con diferentes empresarios. La hipótesis de la acusación es que exactamente los mismos arrendaban las habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner sin ocuparlosy que de esta manera se configuraría lavado de dinero procedente de sobreprecios cobrados en la obra pública.


El catorce de mayo de dos mil dieciocho, a través de un fallo de cuatrocientos treinta y nueve páginas el juez procesó a Fernández y a sus hijos en esta causa y les embargó por hasta ochocientos millones de pesos (unos 34 millones de dólares estadounidenses) a cada uno de ellos.


El primer juez de la causa, Claudio Bonadío, ordenó un allanamiento en la sede de la compañía el veinte de noviembre de dos mil catorce.


El miembro del Congreso de los Diputados Carlos Kunkel y el jefe de gabinete Jorge Capitanich afirmaron que Bonadío procuraba un golpe para derrocar al gobierno. Luis María Cabral, presidente de la Asociación Nacional de Jueces, apoyó a Bonadío.


El juez Julián Ercolini dispuso una habilidad contable de la que participarán peritos oficiales y uno propuesto por las defensas en la que se solicitan precisiones sobre los alquileres, contratos y operaciones de la sociedad Los Sauces. La documentación de la causa fue trasladada al edificio de la Armada Argentina, situado en frente de los tribunales federales, donde se efectuará el peritaje contable ordenado por el juez Julián Ercolini.En los libros contables fueron advertidas por la fiscalía anomalías como tachaduras, enmiendas y sobrescrituras con lo que, a su pedido, el juez ordenó una peritación caligráfica para determinar la autenticidad de las firmas de Cristina, Néstor, Máximo y Florencia Kirchner obrantes enlos libros de actas de la firma “Hotesur SA”.


Otra medida judicial fue el rapto de documentación por la Gendarmería Argentina efectuado a principios de diciembre de dos mil dieciseis en las sucursales de los bancos Nación, santa Cruz y Patagonia en El Calafate.


En el marco de la causa, el quince de julio de dos mil dieciseis el juez Ercolini dispuso embargar precautoriamente las sumas de O bien dólares americanos S cuatro.664.000, que estaban en una caja de seguridad abierta a nombre de Florencia Kirchner y de O bien dólares americanos S 1.032.144,91 y de dólares americanos 53.280,24 que estaban en cajas de ahorro a nombre de exactamente la misma.


Del primer informe de los peritos técnicos (3 oficiales, 2 del Ministerio Público Fiscal, 2 de la Oficina Anticorrupción y 3 de las defensas) encargados de examinar la documentación contable financiera, brota que en dos mil diez y dos mil once Lázaro Báez aportó más del cincuenta por ciento de la facturación total de Alto Calafate, prácticamente cincuenta millones de pesos desde múltiples empresas a la firma Val Mitre, gerenciadora del hotel, por el presunto alquiler de cientos y cientos de habitaciones y otras dependencias, al tiempo que entre dos mil nueve y dos mil catorce la familia Kirchner retiró una suma afín en término de adelanto de dividendos; al tiempo, el registro de huéspedes del hotel no se halla. En mayo de dos mil diecisiete los fiscales Gerardo Pollicita y también Ignacio Mahiques firmaron un dictamen en el que solicitan al juez Ercolini la indagatoria de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro y Martín Báez y otras diecisiete personas, como la inhibición general de sus recursos.En julio de dos mil diecisiete, Pollicita solicitó allanar la sede de la compañía Asociación Turística SRL en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene su sede legal esa compañía que administra el hotel Las Dunas en El Calafate. Como se halló ninguna documentación de la compañía, el fiscal incrementó sus sospechas de que se trataría de otra sociedad espectro que aparece vinculada a Hotesur.


El letrado de Fernández aseveró que las sociedades Hotesur y Los Sauces son encabezadas por Romina Mercado, que los accionistas son Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y Florencia y que no se dedican al negocio hotelero sino más bien al alquiler de inmuebles, a un coste fijo, conforme contratos oficializados que corresponde a valores de mercado. El hotel Alto Calafate, única propiedad de Hotesur, y las propiedades de Los Sauces se arrendaron a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López; sobre esto declara que ello no es un delito y aclara que Hotesur jamás le arrendó nada a Compañías aéreas Argentinas.


La defensa mantuvo que las operaciones de la sociedad fueron reales, con pagos bancarios, lo que excluye la imputación de lavado de dinero, y costos de mercado sin que en ninguna parte el juez afirme que los valores fuesen descomunales. Añadió que si se habla de contratos de obra pública por cuarenta y seis mil millones de pesos y alquileres pagados a la sociedad por veintisiete millones resultan valores sin proporción entre sí. Asimismo mantiene que las adjudicaciones de obras se hacían a nivel provincial y que la Presidente no decidía a este respecto. Por otro lado, la acusación asevera que había operaciones falsas para mandar a los Kirchner dinero de la obra pública concedida a Báez mas no afirma que el alquiler del hotel hubiese sido una operación simulada.Respecto de los cobros y retiros en los que conforme el juez no se respetaron “las debidas formalidades”, la defensa arguyó que dada la confianza propia de una sociedad familiar, los miembros no precisaban aguardar cómputos para repartir ganancias.






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