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ıllı Caso Skanska wiki: info, historia y vídeos


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salud  Caso Skanska 


La causa en el fuero federal se abrió por una demanda del miembro del Congreso de los Diputados de la Alianza Civil Adrián Pérez y medró cuando salió a la luz una supuesta auditoría interna de Skanska en la que fueron grabados ex- gerentes hablando de “comisiones indebidas”. El primer juez fue Guillermo Montenegro, que después renunció para dedicarse a la política, y lo sustituyó Norberto Oyarbide. La Sala I descartó las grabaciones como prueba por considerarlas “parajudiciales”.


La investigación del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, por la supuesta evasión fiscal de Skanska, no consiguió avances siendo procesados ex- directivos de la compañía y el ex- gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, como participante preciso. En cambio, la investigación del juez federal Norberto Oyarbide, por presunta administración fraudulenta y cohecho, registra avances específicos. a causa de un concurso privado de costes por la construcción de 2 gaseoductos, en el norte y el sur del país.El proyecto era gerenciado por la compañía Transportadora Gas del Norte, la que le señaló al Ente Nacional Regulador del Gas que Skanska pagaba un ciento cincuenta y dos por ciento de sobreprecios. Esta cantidad representaba en torno a unos diecisiete millones de pesos argentinos.


La maniobra fue descubierta y perseguida por el juez del fuero en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien empezó a estudiar la hipótesis de que existiese delito penal. El juez consideró demostrado que Skanska pagó un par de años atrás ciento dieciocho facturas apócrifas a cuando menos veintitres empresas espectro o bien irregulares. Una de esas firmas pantalla es Calibán, entonces denominadaInfiniti Group, cuyos operadores se hallan procesados por asociación ilegal y otros delitos.


El quince de abril Aníbal Fernández, ministro del interior, presentó un pedido de remoción frente al Consejo de la Magistratura contra el juez López Biscayart, aduciendo que el juez había intentado mandar a Adrián Félix López -detenido que había encausado al ministro de Planificación Julio De Vido siendo el presunto receptor del dinero salido de Skanska- a una prisión de la Policía Federal ante sospechas de que su integridad física corría riesgo, lo que fue impedido por Fernández. El Consejo desechó la demanda días después.


El jefe de gabinete Alberto Ángel Fernández se presentó en el Congreso para efectuar su informe periódico, y fue consultado por el tema. Desechó que el gobierno pudiese estar implicado, aseverando que "si hubo coimas fue entre privados", y también procuró implicar al jefe de gobierno Jorge Telerman en supuestos negociados con una de las compañías espectros descubiertas (Sol Group sociedad anónima).Los procesamientos fueron para, Gustavo Haragán, ex- CEO de la compañía sueca, los ex- gerentes Javier Azcárate (comercial), Eduardo Varni (Estimaciones), Sergio Zerega, Roberto Zareba, Juan Carlos Bos y Alejandro Gerlero (todos de proyectos) y el empleado Atilio Fuentes. Asimismo fue procesado el contador Alfredo Greco de quien se sospecha ser el vínculo entre Skanska y la compañía Infiniti Group que habría brindado las facturas apócrifas.


Existirían documentos en los que se apreciaría que el Enargas ordenó a TGN Techint que contratase a Skanska para la construcción del gaseoducto, pese a los fuertes sobreprecios denunciados.Enargas arguyó haber forzado la contratación de dicha empresa por TGN Techint proponiendo que estos retardarían la concreción de un contrato para la construcción del gaseoducto para sostener alto el coste del gas. El diario porteño Clarín asimismo publicó "conversaciones segregas" entre 2 gerentes de Skanska en la que se reconocería el pago de sobornos a funcionarios argentinos y asimismo en otras obras como el caso de Pluspetrol en Perú.


El dieciocho de julio de dos mil once, una habilidad judicial efectuada por personal de la Corte Suprema de Justicia fue presentada por el Gobierno como la confirmación de que no hubo sobreprecios en obras de gaseoductos en las que intervino la constructora sueca Skanska. Esto fue, en un inicio, negado desde el juzgado de Oyarbide.


Un fallo unánime de la Sala I de la Cámara Federal (Noviembre del dos mil once), suspendió y anuló procesamientos de los funcionarios implicados, los ejecutivos bajo sospecha y una larga lista de personas vinculadas con sociedades distribuidoras de facturas apócrifas. Los sobreseimientos favorecieron al secretario de Energía, Daniel Cameron, al ex- titular del Y también-nargas (ente regulador del gas) Fulvio Madaro y un conjunto de funcionarios de ese organismo, igual que a miembros de TGS y TGN, las gerenciadoras de los proyectos encomendados por el Estado para edificar tramos de gaseoductos que realizaron los presupuestos iniciales. Por su parte, la Cámara resolvió anular el procesamiento de Néstor Ulloa, que era el titular del fideicomiso del Banco Nación creado para financiar las obras; a 8 ejecutivos de Skanska; un contador, Alfredo Greco, quien habría oficiado de vínculo a fin de que esa firma lograra facturas truchas, y veinta personas vinculadas con “usinas” distribuidores de esas facturas, entre ellos Adrián Félix López, que manejaba Infinity Group y proveía documentación a la constructora sueca. Las declaraciones de López –que estuvo preso– en los medios y la Justicia favorecieron la pista de los presuntos sobornos cuando apuntó a funcionarios, entre ellos el ministro de Planificación, Julio De Vido.


Uno de los que quedó en esa zona judicial gris es Ulloa, que conectó a Skanska con Infinitiy, igual que todas y cada una de las “usinas de facturación”.


Un estudio de los peritos de la Corte y de parte concluyó que no se habían pagado sobreprecios y que se habían respetado los valores de mercado. Este peritaje fue tenido en cuenta en la resolución por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Es más, le recriminan a Oyarbide: “si tanto tiempo se hizo aguardar la resolución de la situación procesal a pesar del orden de solucionar en los diez días, ¿por qué razón no esperó el resultado del peritaje?”.


La Cámara Federal afirma que hubo una “decisión política” de hacer las obras en frente de la crisis energética y la necesidad de suministro de gas en el invierno de 2005; y considera justificados los presupuestos que pasaron las compañías contratistas (así como Skanska, TBU y Techint en el caso del gaseoducto del Norte y Odebrecht en el del Sur) a pesar de que superaban a los proyectados por las gerenciadoras. Afirman en la resolución, a la que accedió Página/12, que “aun con el desfasaje entre la inicial proyección de costos y el costo final, la irrazonabilidad por él (Oyarbide) predicada es tan solo producto de una argumentación circular y autoconfirmatoria”.


Según los camaristas el juez edificó la teoría de las coimas en el “plano especulativo” cuando “se vio en frente de una vía fallecida al procurar avanzar en la senda del dinero que salió de Skanska”. Entonces “redireccionó la encuesta a descubrir si esa empresa consiguió algo sobre la base de lo que debía recompensar”. Ahí cuadrarían en la lógica de Oyarbide los sobreprecios. Para la Cámara “es un discute equívoco”. “Ni la resolución de hacer las obras, ni la metodología empleada, ni los costos acordados pueden reputarse en sí delictivos frente a la total ausencia de elementos que de esta forma lo indiquen”, mantuvo el fallo. Conforme el texto hubo un argumento “forzado” que “posiblemente” haya intentado “encontrarles explicación a las comisiones incorrectas denunciadas en un origen”. Los camaristas aclaran que, incluso de esta forma, hay “un sustrato fáctico de probable contenido delictivo: el vinculado con las operaciones simuladas (...) a pesar de los asientos contables de cada una de las firmas los servicios a Skanska no se prestaron mas sí se facturaron”. Esa sería la única punta superviviente de la pesquisa.(Por Irina Hauser. Página/12).


El 1 de marzo de dos mil trece, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico, a instancia de los abogados de la AFIP-DGI, condenó a cárcel eficaz a los jefes de la asociación ilegal Adrián Félix López y Miguel Ángel Hernández a la pena de seis años de cárcel, y a los empleados de la AFIP, Hermando Fandiño y Alejandro Fernandez a dos años y tres años y seis meses respectivamente.


Los funcionarios fueron suspendidos en la causa N.º 18579/06 de trámite frente al Juzgado en lo Delincuente y Correccional Federal N.º siete, siendo aun confirmado por la Cámara de Apelaciones Sala I. El peritaje obrante en la causa, efectuado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, probó que no existieron sobreprecios a los costos previstos para la obra de ampliación de gaseoductos que llevaba adelante Nación Fideicomisos y este ministerio.


El trece de abril de dos mil dieciseis la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación resolvió que era aceptable como prueba la grabación secuestrada en un allanamiento a la sede de la compañía Skanska en la que un exgerente de la compañía y un auditor charlaban de sobornos pagados para la construcción de gaseoductos y ordenó apurar la investigación al cargo del juez federal Sebastián Casanello.Consecuentemente, Casanello citó para declaración indagatoria a veintinueve personas que incluyen exdirectivos de Skanska, contadores, funcionarios y otros empresarios.


El tres de noviembre de dos mil diecisiete el juez Sebastián Casanello procesó a los exfuncionarios Julio De Vido, José López y al exgerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho en tanto procesó a exdirectivos de la compañía Skanska solo por cohecho.En su instante, los funcionarios negaron que hubiesen existido sobornos y adujeron que el tema de las facturas apócrifas era un diferendo entre privados.


En diciembre de dos mil siete, la editorial Planeta publicó un libro del cronista Pablo Abiad, titulado El club K de la Obra Pública. Skanska, un caso. El libro que examina el caso en detalle sobre la base de rebosante documentación.






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