PATRIMONIO CULTURAL LATINO (2018-2019)

INFORMACIÓN SOBRE HISPANOAMÉRICA: CULTURA, HISTORIA, RECURSOS, TURISMO, CIUDADES Y NOTICIAS

Todo sobre Argentina y los Argentinos:

ıllı Caso Simón wiki: info, historia y vídeos


La información contenida en esta web debe ser considerada como información general, de carácter formativo, educativo o divulgativo, y no puede ser utilizada o interpretada como consejo o diagnótico médico, psicológico o de ningún otro tipo. Es posible que algunos datos mostrados no esten actualizados. Por ello, en caso de duda lo recomentable es consultar a un experto cualificado.


 


 



salud  Caso Simón 


En la década del '80, después del Juicio a las Juntas, en la Argentina se vivió una temporada de alzamientos militares que demandaron que se finalice con la prosecución judicial. En ese contexto, a lo largo del gobierno radical de Raúl Alfonsín -exactamente el mismo a lo largo del como se había llevado a cabo el trascendental juicio-, el Congreso de la Nación dictó reglas para morigerar la prosecución penal a militares, por los hechos cometidos a lo largo de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional.


Declarada constitucional la Ley de Obediencia Debida por la Corte Suprema en mil novecientos ochenta y siete -fallo Camps-, la punibilidad de los delitos cometidos por militares entre mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y tres fue excluida, para los escalafones menores de la jerarquíamilitar (y más tarde, bajo el gobierno de Carlos Menem, absueltos y liberados los altos mandos militares de ese entonces, conjuntamente con los guerrillerosmontoneros condenados en mil novecientos ochenta y cinco).


Los indultos asimismo fueron inconstitucionalizados, en el año dos mil siete, en la sentencia Mazzeo (Caso Santiago Omar Riveros), dando sitio la Corte a la posibilidad de un nuevo proceso contra los jefes militares, es decir, dejando a un lado el principio penal de ne bis in idem.


En el año dos mil cuatro, exactamente el mismo Tribunal abrió una puerta para el nuevo juzgamiento de los altos mandos militares, al sentenciar que los delitos de lesa humanidad no están sujetos a prescripción, en un caso referido a un ex--agente de la DINA-Exterior, a lo largo del régimen militar del GeneralAugusto Pinochet en Chile (caso Arancibia Clavel).


Resta por aclarar que, en sentencia del mismo año dos mil cinco in reLáriz Iriondo (en un caso impulsado contra un terrorista etarra), el Supremo Tribunal concluyó en que los actos terroristas cometidos por una organización que no tiene el carácter de Estado son prescriptibles, esto es, que en razón de la cantidad de años pasados desde el hecho, la posibilidad de abrir la investigación estaba vedada al Ministerio Fiscal. Diferente es la situación si se trata de un caso de terrorismo de Estado, como en la sentencia de que trata este artículo.


Este fallo fue muy comentado en el entorno doctrinario, considerándoselo -desde el punto de vista técnico-jurídico- tanto de forma aprobatoria como desaprobatoria, y en los medios.


Este proceso fue empezado merced a una demanda de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en razón de que “fuerzas conjuntas” secuestraran al matrimonio Hlaczik - Poblete y a su hija Claudia Victoria Poblete, la que fue retenida y cambiado su nombre y apellido por el de Mercedes Beatriz Landa. En ese procedimiento habían intervenido Juan Antonio del Cerro (alias “Colores”) y Julio Héctor Simón (alias “El Turco Julián”).


En este fallo, los miembros de la mayor parte de la Corte (Dres. Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano -entonces depuesto por juicio político en el Senado-, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay) mantuvieron posturas convenientes respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Los 2 últimos jueces añadieron que un delito contra la humanidad ha de ser cometido por un agente estatal ejecutando una acción o bien programa gubernativo. Lorenzetti asimismo consideró como tal a un acto efectuado por un conjunto capaz de ejercer un dominio y ejecución equivalentes al estatal sobre un territorio determinado.


Principios de legalidad, retroactividad y también imprescriptibilidad en materia penal


En cuanto al comienzo de legalidad, renovaron los jueces Maqueda y Lorenzetti al proteger la postura de que al instante de los hechos la punibilidad de las conductas encausadas estaba prevista, tanto por la costumbre internacional como por el ordenamiento jurídico local (en referencia a las reglas del Código Penal sobre privación ilícita de la libertad, art. ciento cuarenta y uno y siguientes del mismo), cuya aplicación conservaría este principio, teniendo presente que la desaparición forzada de personas es un delito permanente, que no cesa hasta el momento en que se hallen pruebas sobre la fortuna corrida por los desaparecidos, en tal caso sí empezaría a correr la prescripción de la acción penal.


El juez Petracchi justificó la afectación del principio de legalidad por la necesidad de cumplir obligaciones derivadas de tratados internacionales. La juez Highton de Nolasco aseveró que al instante de los hechos el orden jurídico nacional contenía reglas internacionales que reputaban al delito de desaparición forzada de personas como delito contra el derecho de gentes, y por consiguiente imprescriptible.


Antonio Boggiano mencionó a que el art. ciento dieciocho de la Constitución Nacional complementa su art. dieciocho de exactamente la misma, puesto que aquel incorpora al ius cogens con sus reglas relativas a la imprescriptibilidad.


La ministra Argibay estimó que el principio de legalidad no fue vulnerado, puesto que el Congreso ratificó y también elevó al carácter de miembro del "bloque de constitucionalidad federal" a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. La modificación de las reglas de prescripción de forma retroactiva no viola el principio de legalidad, en tanto que exactamente la misma prescripción no es una parte de éste: absolutamente nadie tiene un derecho asegurado constitucionalmente a no ser perseguido por el trascurso de determinado tiempo. A su modo de ver, el Estado argentino aceptó un compromiso internacional de perseguir los crímenes anormales.


El juez Fayt, único disidente en la especie, rechazó que el término “desaparición forzada de personas” pueda aplicarse de modo retroactivo, puesto que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es siguiente a los hechos de la causa. Lo mismo concluyó sobre la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, en razón de que la ley penal no puede aplicarse cara atrás en el tiempo y la desaparición forzada no se cita entre los crímenes de guerra y lesa humanidad que la Convención explicita en su art.I (incs. a y b), remitiendo al art. seis, inc. c, del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg.


Podría mantenerse que la Convención sobre la Imprescriptibilidad fue dictada para tener efecto retroactivo, por causa del riesgo que cara mil novecientos sesenta y ocho significaba la prescripción y el consecuente no juzgamiento de los delitos cometidos por el nacionalsocialismo en el periodo mil novecientos treinta y tres-mil novecientos cuarenta y cinco. El término “desaparición forzada de personas” menciona a una múltiple violación de Derechos Humanos, pudiendo subsumirse en otros crímenes que ciertamente atentan contra la humanidad, sin violar el principio de legalidad en materia penal.


Situación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional

El precedente “Barrios Altos” de la CIDH.

De los votos de los jueces que integraron la mayor parte del tribunal, y por consiguiente declararon de ningún efecto las “leyes de impunidad” dictadas a lo largo del gobierno de Raúl Alfonsín, se desprende que aplicaron la jerarquía que da a determinados instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos el art. setenta y cinco (inc. veintidos) de la Constitución Argentina.


Petracchi aseveró que, desde la Reforma constitucional de mil novecientos noventa y cuatro, el Estado argentino aceptó con la comunidad internacional la obligación de perseguir hechos considerados graves violaciones a los Derechos Humanos.


El doctor Boggiano arguyó que una regla local no puede amnistiar un delito internacional, como son los crímenes de lesa humanidad; en otros términos, el Congreso Nacional no puede legislar en el campo internacional.


Distinta fue la circunstancia a la que adhirió el ministro Fayt. Postuló la primacía del art. veintisiete de la Constitución Nacional, en el sentido de que los tratados deben conformarse a la primera una parte de la Ley Esencial. Comprendió Fayt que el art. treinta y uno no cuenta, sino jerarquiza las fuentes del derecho en el país.


Otra cuestión central en el caso Simón fue el tratamiento que debía darse al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Distritos Altos vs. Perú.


El voto disidente del juez Carlos S. Fayt desarrolló una serie de razonamientos por los que trató de probar la inaplicabilidad de lo allá decidido: en el caso de Distritos Altos vs. Perú, las amnistías eran aplicables al gobierno que las dictó; en esa país no existió un discute público sobre la necesidad de sancionar las leyes; tampoco habían sido sometidas al contralor de los 3 poderes del Estado; allá las amnistías eran totales, alcanzaban a todas y cada una de las conductas obradas; las leyes peruanas impedían que se investigara y conociese la verdad de los hechos. En opinión del ministro, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por su origen y sus efectos generados, se oponían a las reglas que en Perú se habían dictado.


La postura mayoritaria postuló implícitamente que la capacitad de entregar amnistías generales, concedida al Parlamento por el art. setenta y cinco (inc. veinte) de la Carta Magna, se halla limitada cuando los hechos forman graves violaciones a los Derechos Humanos. El juez Petracchi mantuvo que las diferencias citadas por Fayt resultan anecdóticas, en razón de que las “leyes de impunidad” argentinas asimismo privaron a las víctimas de protección judicial a sus derechos. Esto las torna carentes de efectos jurídicos.


El ministro Zaffaroni afirmó que el inconveniente se agudizaba, puesto que las reglas cuestionadas violaban también disposiciones del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De tal modo, imponían responsabilidad internacional para la Argentina frente a las 2 instancias internacionales a las que el Estado se sostuvo.


En relación a ley veinticinco y setecientos setenta y nueve, sobre nulificación de las leyes de impunidad


El disidente ministro Fayt aseveró la inconstitucionalidad de esta regla jurídica, puesto que el Poder Legislativo no podía declarar la nulidad de las amnistías, derogadas ya antes de la sanción de la ley veinticinco y setecientos setenta y nueve. Solo el Poder Judicial puede privar de modo retroactivo de efectos a una regla jurídica, por intermedio de la declaratoria de inconstitucionalidad. Esencialmente, "el Congreso no puede usurpar funciones judiciales", violando el principio de separación de los poderes y sustraerse a los jueces en el análisis de los procedimientos en los que le toca sentenciar. Ello no impediría estimar la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad”, la que es manifiesta y declarable por los jueces de modo retroactivo, si de esta manera lo decidieran, si bien el juez Fayt no adhirió a la solución mayoritaria.


Los jueces Lorenzetti y Petracchi le asignaron a esta ley solo carácter declarativo, privándola de cualquier efecto. Lorenzetti engasta este razonamiento con otro que comparte con los jueces Maqueda y Highton: la ley veinticinco y setecientos setenta y nueve es válida constitucionalmente puesto que su fin es cumplir obligaciones contraídas con organizaciones internacionales, las que producen un deber de adoptar las medidas legislativas precisas para hacer efectivos los derechos que los tratados consagran.


El doctor Zaffaroni empleó esta regla como primordial fundamento de su voto. Su dictado implica el ejercicio de la soberanía estatal; deja que el Estado nacional ejercite su jurisdicción sobre una materia que las leyes veintitres y cuatrocientos noventa y dos y veintitres y quinientos veintiuno vedaban. La ley veinticinco y setecientos setenta y nueve cerró la posibilidad de que otras naciones puedan invocar la jurisdicción universal (como venía ocurriendo) y produjo la destreza para demandar el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura argentina. Solo este juez le asignó a la regla citada efectos nulificantes.






Está aquí: Inicio > [ ARGENTINA ] > ıllı Caso Simón wiki: info, historia y vídeos

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver políticas