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salud  Caso Rizzo 


Se conoce como Caso Rizzo a la causa judicial caratulada Rizzo, Jorge c/ Estado Nacional2013) resuelto en suma por la Corte Suprema de Argentina el dieciocho de junio de dos mil trece. La sentencia ratifica la capacitad de los tribunales de efectuar control de constitucionalidad, esto es juzgar la conformidad de una ley con la Constitución Nacional y para derogar, dejando inaplicables, aquellas que pudiesen infringirla. Este principio instaura la atribución más esencial del poder judicial, y hace de ello un esencial referencia en materia de control de constitucionalidad. También, la Corte hizo esenciales definiciones en materia del rol de la soberanía popular en el Estado de Derecho, República, y división de poderes.


Dentro del bulto de leyes de la Reforma Judicial de dos mil trece en Argentina, se hallaba la Ley veintiseis y ochocientos cincuenta y cinco de reforma del Consejo de la Magistratura, que establecía la elección popular de los representantes de los estamentos técnicos -abogados, jueces, académicos- en el Consejo de la Magistratura.


Establecía que los representantes de los estamentos técnicos en el Consejo de la Magistratura, iban a ser votados por la totalidad del pueblo, y adosados a las boletas de los partidos. Las elecciones tendrían sitio en las Elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO).


El Presidente del Instituto Público de Abogados de la Capital Federal,· letrado del juez Fayt doctor Jorge Rizzo, con el patrocinio letrado del letrado Adriano Patricio Díaz Cisneros, presentó una acción de amparo solicitando su inconstitucionalidad en representación de la agrupación de abogados "Gente de Derecho". Rizzo propuso que la nueva ley expulsaba la Agrupación "Gente de Derecho", al impedirle postular aspirante propio en las próximas elecciones en el Consejo de la Magistratura, en tanto que, con la nueva ley, estas se decidían por el sufragio universal, y por medio de los partidos.


Paralelamente el apoderado del Partido Demócrata Cristiano de la Argentina, doctor Carlos Lionel Traboulsi, presentó otro recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la ley veintiseis y ochocientos cincuenta y cinco de reforma y convocatoria a elecciones populares del Consejo de la Magistratura


La juez María Romilda Servini de Cubría emitió, el once de junio de dos mil trece, 2 sentencias, en uno y otro amparo, dictaminado que dicha ley era inconstitucional al no adecuarse a las pautas del art. ciento catorce CN, y dejando sin efecto el llamado a elecciones nacionales a representantes del Consejo de la Magistratura.


El representante del Estado Nacional interpuso, entonces, recurso de "salto de instancia" - Per Saltum- contra los fallos dictados por la juez María Servini de Cubría en 2 causas para llegar a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia declaró aceptable los recursos expepcionales por salto de instancia, al ponderar que las sentencias recurridas traían, como efecto, la cancelación de un procedimiento electoral a través de el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, una circunstancia de gravedad institucional.


La Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, decretó en favor de la elección popular y la nueva integración del Consejo solicitando a la Corte Suprema que admita el “per saltum” que presentó el Gobierno Nacional contra los fallos dictados por la juez María Servini de Cubría en 2 causas. Una iniciada por el titular del CPACF, Jorge Rizzo, y otra por el apoderado del Partido Demócrata Cristiano de la Argentina, Carlos Traboulsi, esto es en favor de la postura del Estado Nacional, solicitando a la Corte que revoque las sentencias de primera instancia. Gils Carbó se pronunció en favor de la reforma del Consejo de la Magistratura, argumentando que la ley procuraba desanimar que intereses sectoriales o bien corporativos puedan predominar en la actuación del Consejo, al dejar sin efecto el voto calificado que regía previamente para la elección de los consejeros.


Gils Carbó cuestionó asimismo la legitimación de la agrupación "Gente de Derecho" para impugnar la ley. Mantuvo que no era posible imaginar que todos y cada uno de los abogados iban a compartir la postura de "Gente de Derecho" y del doctor Rizzo contra la ley impugnada: con esto se caía el requisito de "homogeneidad" que demandaba la doctrina del fallo de la Corte Suprema "Halabi", y, de esta forma, se caía la legitimación colectiva que precisaba Rizzo para conseguir que se suspendan las elecciones.


Además, Gils Carbó estimó que la ley era constitucional: los legisladores conciliaron el texto de la ley, con el resguardo de la soberanía popular, la democracia representativa, y el fortalecimiento de la participación ciudadana.


El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (voto mayoritario), Enrique Petracchi y Carmen Argibay (voto concurrente) y Eugenio Raúl Zaffaroni (en disidencia).


LA DECISIÓN:


• Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, dieciocho y treinta de la ley veintiseis y ochocientos cincuenta y cinco, y del decreto 577/13.• Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley veintiseis y ochocientos cincuenta y cinco en relación con el quórum previsto en el artículo 7º, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura, conforme a lo previsto en el artículo veintinueve de dicha ley.• Contar con que en los puntos regidos por las reglas declaradas inconstitucionales y también inaplicables, sostendrá su vigencia el régimen precedente previsto en las leyes veinticuatro y novecientos treinta y siete y sus modificatorias veinticuatro y novecientos treinta y nueve y veintiseis y ochenta.• Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas y cada una de las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del campo académico y científico establecida en los artículos dieciocho y treinta de la ley veintiseis y ochocientos cincuenta y cinco y en los artículos 1º, 2º, 3º y concordantes del decreto 577/13.• Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de miembros del Congreso de los Diputados y miembros del Senado nacionales establecido en el decreto 501/13.


Efectos:


Con relación al proceso electoral: los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda apuntan que está ya suspendido por resoluciones precedentes dictadas por jueces de diferentes jurisdicciones. El Juez Zaffaroni añade (considerando diecisiete) que, a consecuencia de ello, se ha producido "una extraña circunstancia que lleva a solucionar una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta". Los jueces Petrachi y Argibay no hacen referencia a otras resoluciones jurisdiccionales, sino más bien a la suspensión ordenada por la Corte.La elección de miembros del Congreso de los Diputados y miembros del Senado nacionales no es perjudicada.Con relación al Consejo de la Magistratura: al declararse la inconstitucionalidad, la mayor parte (6 jueces) apuntan que debe marchar el consejo con la precedente ley, para eludir una parálisis de su funcionamiento, conforme se decidiese en casos precedentes.


El caso:


El caso se refiere a la sentencia dictada por Servini de Cubría (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Delincuente y Correccional Federal) que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, dieciocho y treinta de la ley veintiseis y ochocientos cincuenta y cinco y del decreto del Poder Ejecutivo n.º 577/2013 y dejó sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura.


Legitimación: El actor es la Agrupación "Gente de Derecho", representada por el Dr Jorge Rizzo como su apoderado. Todos y cada uno de los jueces, unánimemente, estiman que tiene legitimación al comprenderse que "Gente de Derecho" tenía interés en participar en las próximas elecciones y en que exactamente las mismas se desarrollen conforme el art. ciento catorce CN.


Voto de la mayor parte y concurrente Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Petrachi y Argibay


La Corte Suprema defendió la atribución de los jueces de efectuar el control de constitucionalidad.


Entre sus primordiales razonamientos sostuvo:


Es lo que dejó que se declarase la inconstitucionalidad de: las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final que impedían juzgar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas a lo largo de la última dictadura militar (“Simón”, Fallos: 328:2056); la ley de Matrimonio Civil que, al impedir a las personas divorciadas regresar a casarse, limitaba la autonomía individual (“Sejean”, Fallos: 308:2268); las reglas del Código Procesal Penal de la Nación cuando ignoraban las facultades acusatorias y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal (“Quiroga”, Fallos: 327:5863); la ley penal que, al castigar la posesión de estupefacientes para consumo personal, no respetaba la autonomía personal (“Bazterrica” y “Arriola”, Fallos: 308:1392 y 332:1963); la ley que, al permitir sin fundamento suficiente la detención de comunicaciones personales y la acumulación de datos personales, avasallaba el derecho a la amedrentad (“Halabi”, Fallos: 332:111); la ley de Contrato de Trabajo que ignoraba el derecho del trabajador a la protección integral en la medida que fijaba un encuentre a la indemnización por despido (“Vizzoti”, Fallos: 327:3677) y negaba naturaleza salarial a los vales alimenticios (“Pérez”, Fallos: 332:2043); la ley de Peligros del Trabajo que impedía al trabajador que había sufrido un accidente laboral acceder a una plena reparación (“Aquino”, Fallos: 327: tres mil setecientos cincuenta y tres) en forma inmediata y no sosten a un sistema de renta periódica (“Milone”, Fallos: 327: cuatro mil seiscientos siete); la ley de Asociaciones Sindicales cuando proporcionaba tutela gremial solo a representantes o bien autoridades de sindicatos que contasen con personería gremial (“Rossi”, Fallos: 332: dos mil setecientos quince) y dispensaba privilegios a determinados sindicatos en menoscabo de los sencillamente inscritos (“Asociación de Trabajadores del Estado”, Fallos 331: dos mil cuatrocientos noventa y nueve). Asimismo inutilizó la ley previsional que frustraba el acceso a la justicia de los retirados al alargar innecesariamente el reconocimiento judicial de sus derechos de naturaleza alimenticia (“Itzcovich”, Fallos 328:566) y deformaba el orden de movilidad jubilatoria del artículo catorce bis de la Constitución Nacional (“Badaro”, Fallos: 330:4866).


La Corte Suprema hizo esenciales consideraciones en lo que se refiere a soberanía popular.Entre sus primordiales definiciones, se resaltan las siguientes:


• El reconocimiento de derechos ha sido posible por el hecho de que la Constitución busca compensar el poder para limitarlo.• Por este motivo, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras.• No posiblemente bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse la falta de conocimiento del orden jurídico, pues nada contraría más los intereses del pueblo que la propia vulneración constitucional.•Los poderes son limitados; si se quiere mudar eso, hay que alterar la Constitución (art treinta CN).• En la Constitución, ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas de manera expresa o bien que deben considerarse conferidas por precisa implicancia de aquéllas• Las resoluciones de los poderes públicos, incluyendo las del Poder Judicial, se hallan sometidas y abiertas al discute público y democrático. Es preciso y saludable que exista ese discute.• Los jueces deben actuar en todo instante en forma independiente y también ecuánime, como custodios de estos derechos, y principios a fin de no dejar desamparados a todos y cada uno de los habitantes de la Nación en frente de los abusos de los poderes públicos o bien fácticos.*


El juez Y también. Raul Zaffaroni votó en disidencia, en la postura de que la ley no merecía ser considerada inconstitucional.


Argumentó, a este respecto, que la reforma se caracterizó por concretar instituciones sin terminar su estructura.De ese modo, delegó la labor de acabar la estructuración del Consejo de la Magistratura en una ley singular.Estimó que tampoco se definió la integración del Consejo de la Magistratura, puesto que el texto se restringe a señalar los estamentos que han de estar representados, sin apuntar número ni proporciones, puesto que solo se intenta la idea de equilibrio.Además, mantuvo que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una salvedad, en la medida en que la regla republicana es la representación popular. Abunda al respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, a propósito, cualquiera sea la opinión sobre la elección de los consejeros, cabe reconocer que el razonamiento es judicialmente fuerte.Es a la perfección posible que la elección por listas y por partidos produzca contrariedades, mas asimismo las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista.Puede ser que esta nueva estructura esté destinada al fracaso, mas alén de las convicciones personales —que no son del caso expresar, si bien pueden rastrearse en los antecedentes de la propia Reunión Reformadora y en publicaciones de la época—, considerando el texto tal y como fue incluido en la Constitución, no se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente frente a una crisis, apelando para esto a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es viable aun que se trate de un nuevo fallo político, mas no todo fallo político es una inconstitucionalidad manifiesta. En lo que se refiere a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los aspirantes sean postulados por los partidos, cabe observar que el término de independencia es doble: la hay externa, mas asimismo interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del término de empresa o bien verticalización. Esta independencia es la que en el derecho constitucional equiparado trata de garantizarse a través de un órgano separado, que sería el Consejo de la Magistratura.Por último —y al lado del tema central tratado—, se hace preciso poner de manifiesto que independientemente de lo decidido por esta Corte en esta causa respecto de los presentes planteos de inconstitucionalidad, el proceso electoral en lo que se refiere a la categoría de aspirantes a miembros del Consejo de la Magistratura, se halla suspendido por efecto de otras resoluciones judiciales federales de diferente competencia, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. En consecuencia, el tribunal decide en esta causa por imperio de ley, mas cabe advertir que en razón de disposiciones procesales y de la elección de las vías de impugnación y que a la data no han llegado a conocimiento de esta Corte, se genera una extraña circunstancia que lleva a solucionar una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta.Por ello, y conforme a lo dictaminado por la señora Procuradora General en lo que se refiere al fondo de la cuestión planteada, se hace sitio al recurso excepcional por salto de instancia presentado por el Estado Nacional y se soluciona anular la sentencia apelada.






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