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Según estudios del presupuesto vial de los últimos 12 años, el once,6 por ciento de los fondos fue para santa Cruz y el empresario Lázaro Báez llegó a manejar dólares americanos veinticuatro y quinientos millones en decenas y decenas de contratos de obra pública. Además de esto, existen sospechas de sobreprecios en la obra pública asignada por el gobierno, siendo que además de esto, muchas de exactamente las mismas están sin finalizar. Conforme un informe emitido por Vialidad Nacional llevado adelante por el Gobierno de Mauricio Macri, la mitad de las cincuenta y uno obras concedidas al Conjunto Austral de Lázaro Báez en santa Cruz quedaron inacabadas a diciembre de dos mil quince. De ellas, el noventa por ciento habían duplicado y prácticamente tresdoblado el plazo de obra inicial, lo que prueba que desde dos mil diez de ahora en adelante Báez recibió obras durante más de dólares americanos dieciseis.000 millones, que representó el ochenta por ciento del total de obra pública que la Nación destinó a la provincia.


El doce de septiembre de dos mil dieciseis, el juez federal Julián Ercolini dispuso la convocatoria a indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el veinte de octubre por supuesto fraude a la administración pública por direccionamiento de las obras a favor del empresario Lázaro Baéz. La acusación apunta a la construcción de sendas en la provincia de santa Cruz entre dos mil tres y dos mil quince, que estuvo monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez. En adición, El juez comprendió que trabar una inhibición sobre sus recursos correspondía "para prevenir manejos, trasferencias o bien disposiciones de recursos que podrían formar, en suma, producido o bien provecho del delito bajo pesquisa". Cristina Fernández encabeza la lista de diecisiete personas llamadas a indagatoria en el marco de uno de los episodios de la demanda por asociación ilegal que impulsó la miembro del Congreso de los Diputados Elisa Carrió en dos mil ocho.


Cristina Fernández expuso en su defensa que:



  • en el ranking de la obra pública realizada con recursos nacionales, el Conjunto Austral se halla en el número 38;
  • tuvo 3 causas por enriquecimiento ilegal, en las que fue suspendida total y definitivamente;
  • no tuvo cargos de responsabilidad directiva o bien de resoluciones empresariales en ninguna de las compañías investigadas;
  • Lázaro Báez no es su amigo y, si lo fuera, no puede formar un rastro de delito;
  • todas las cuentas de inversión del dos mil tres al dos mil trece fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, y las de dos mil catorce ya fueron aprobadas por la Auditoría General de la Nación.
  • los recursos por obra pública vial recibidos por santa Cruz del once,3 por ciento del presupuesto de Vialidad Nacional no fueron desmedidos puesto que su territorio es el diez,5 por ciento del país, aparte de que por tener la menor densidad de población precisa de sendas para su integración.
  • la resolución sobre recursos es un área reservada al poder político y está determinada por leyes nacionales.
  • las adjudicaciones se hicieron con licitaciones públicas en el campo provincial cuya responsabilidad exclusiva es del órgano provincial de vialidad.
  • esta causa se enmarca en una prosecución a su persona y a los expresidentes de la República Federativa de Brasil.

El veintisiete de diciembre de dos mil dieciseis a través de una resolución que ocupó setecientos noventa y cuatro fojas el juez Ercolini procesó por considerarlos prima facie coautores de los delitos de asociación ilegal y administración fraudulenta agravada y ordenó un embargo sobre los recursos de cada uno de ellos de ellos por diez.000 millones de pesos, a la expresidenta Cristina Kirchner al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti. Por exactamente los mismos delitos en grado de participante preciso procesó al empresario Lázaro Báez, ordenando igual embargo. Por el delito de administración fraudulenta agravada, en grado de participantes precisos, procesó a los exfuncionarios de Vialidad Nacional, Raúl Osvaldo Daruich, Héctor René Jesús Garro, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda José Raúl Santibáñez, y Juan Carlos Villafañe con embargo por dos mil quinientos millones de pesos para cada uno de ellos.


También resolvió que no había mérito para procesar o bien suspender a Eduardo Ernesto Morillo, un funcionario que aún se desempeña en Vialidad Nacional y a los exsubsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Julio Fatala.


Entre otras consideraciones el juez aseveró que "se trata de un plan delictivo que se extendió durante 3 ordenes presidenciales -a lo largo de doce años- desarrollado desde la bóveda del Poder Ejecutivo con objeto de apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial, de entrada, en la provincia de santa Cruz" cuyo objetivo fue "enriquecer con fondos públicos por medio de la adjudicación irregular de obra pública vial al empresario Lázaro Báez".


El diario El País afirmó que si bien se trata del segundo procesamiento judicial de Cristina Kirchner, es el primero que la sitúa en una trama de corrupción a gran escala en la que además de esto están implicadas personalidades de su orden (dos mil siete-dos mil quince) y el del fallecido Néstor Kirchner (dos mil tres-dos mil siete) y el embargo de seiscientos sesenta y seis millones de euros ha proyectado en la sociedad argentina una imagen del volumen de dinero defraudado que estudia la justicia argentina.


La resolución del juez Ercolini fue apelada por Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros encausados en la causa y asimismo por el fiscal Gerardo Pollicita, con relación a la carencia de mérito que favoreció a Abel Fatala.






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