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salud  Caso Carrasco 


Tras salir sorteado para efectuar el servicio militar obligatorio, Carrasco se incorporó el tres de marzo de mil novecientos noventa y cuatro al Conjunto de Artillería dieciseis del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala.


Tres días tras su integración fue reportado como desaparecido, y considerado desertor. Poco después sus progenitores lo fueron a visitar en su primer franco interno y se les comunicó del hecho de la presunta desaparición.


Aparición del cuerpo sin vida


Sus progenitores desconfiaron de la versión oficial puesto que conocían el carácter de Omar, quien sería parcialmente sumiso: nunca haría eso. Ninguna instancia militar les dio contestaciones. El diario regional Río Negro publicó que los progenitores lo procuraban con desesperación. La justicia Federal de Zapala retardaba temerariamente la investigación. La opinión pública empezó a movilizarse y ejercer presión. Un mes después fue encontrado el cuerpo sin vida de Omar, en el fondo del cuartel.


Proceso judicial


La entomóloga forense, estudiosa del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas, Adriana Oliva, participó en la segunda necropsia. Sus aportes dejaron establecer que el cuerpo del joven, que fue hallado en la mitad del campo, realmente había estado oculto en el cuartel más de veinte días y después fue trasladado, inmediatamente antes de reportar su aparición. Esta información fue esencial en el esclarecimiento del hecho.


La Justicia Federal no estudió y con esto dejó que el Ejército se adueñara de su investigación. En esa investigación furtiva, fueron señalados sin pruebas los responsables de la compañía de Omar a la data de su desaparición y la justicia federal la aceptó como propia, arrastrando con esto el vicio de origen.


Un año y medio una vez que terminara ese discutido y previsto proceso los condenaron en un juicio oral que ahondó el creciente escepticismo entre la opinión pública, puesto que en él se ventilaron numerosas irregularidades en la obtención de los rastros que se utilizaron para llegar a las condenas, puesto que allá tampoco se encontraron pruebas. Las condenas al subteniente Canevaro a quince años de cárcel y 2 soldados, Suárez y Salazar, a diez años aliviaron el lamento popular que demandaba juicio y castigo a los culpables, mas dejaron un sabor amargo por el hecho de que no se pudieron confirmar ciertamente las acusaciones.


En las investigaciones que se prosiguieron por los encubrimientos del crimen, y que se desarrollaron en el llamado caso Carrasco II, se descubrieron innumerables pruebas que chocaban con las sentencias que condenaron a los 3 acusados.



Entre las pruebas más esenciales figura el ignorado Informe Brailovsky, una destreza pedida por la fiscalía que llevó el nombre del perito de la Policía Federal que la hizo. En el extenso informe se asegura que los autores de la muerte de Carrasco son los médicos militares que le dieron una atención médica furtiva y con fallo de diagnóstico y no los 3 condenados en el juicio.


El que fuera más tarde segundo jefe de Medicina Legal de la Policía Federal Argentina, dio los nombres de los médicos a quienes les atribuía la autoría de la muerte del soldado: El capitán médico Jorge Corvalán, jefe de traumatología del centro de salud del cuartel, el cardiólogo civil Norberto Kurchan, y 3 subtenientes enfermeras, Viviana Antonia González, Patricia Troncoso y Claudia Peralta, aparte de la sargento Mabel Villalba de Verón.


Según esa habilidad, efectuada con nuevos elementos que no estuvieron libres para los peritos del Cuerpo Médico Forense al instante del juicio por el homicidio , entre los sospechosos asimismo está el teniente primero médico neurólogo Daniel Temi. En las conclusiones elevadas al juez de la causa, se sugieren una cantidad de medidas de prueba a investigar, mas en lugar de acentuar las pesquisas se dejó caer el caso en el olvido, hasta su prescripción. Con esto se perdió la ocasión de aprobar o bien corregir las condenas y se ahondó la sensación de injusticia.


El objeto de la suspicacia general fue que, si bien era evidente que Carrasco había sido golpeado, el hecho de que su agonía y muerte haya sucedido en un centro de salud militar, más el de haber estado escondo un mes en las instalaciones castrenses, señalaba meridianamente una intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, al tiempo que los 3 condenados eran de la menor jerarquía existente, los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar y el subteniente Ignacio Canevaro.


En junio de dos mil cinco, la Justicia Federal de Neuquén suspendió a 7 militares que estaban procesados por encubrir la muerte del soldado Carrasco, debido a la prescripción de la causa.


En agosto de dos mil siete, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, anuló el fallo anterior mas en los hechos no tuvo ninguna gravitación. El Caso Carrasco estaba oficialmente cerrado.


En febrero de dos mil nueve, el último de los acusados acabó de cumplir su condena, y hasta hoy los 3 prosiguen insistiendo en su inocencia.






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