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CHADE y CADE fueron las iniciales usadas consecutivamente por una compañía de electricidad perteneciente al holding europeo Sofina con sede en Bruselas, creada en mil novecientos veinte, que se resaltó por prestar el servicio eléctrico en la Urbe de la ciudad de Buenos Aires y sus aledaños entre mil novecientos veintiuno y mil novecientos sesenta y uno. Su nombre originario fue Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE), que fue alterado en mil novecientos treinta y seis por el de Compañía Argentina de Electricidad (CADE). En mil novecientos veintiuno la CHADE adquirió los activos de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), de capitales alemanes, incluyendo la concesión del servicio eléctrico de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires concedida en mil novecientos siete por un plazo de cincuenta años. En mil novecientos cincuenta y ocho la CADE integró como accionista mayoritaria la compañía mixta Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), vendiendo sus acciones al Estado argentino en mil novecientos sesenta y uno.

wikiEdificio de la CHADE en Balcarce ciento ochenta y cuatro, heredado de la CATE.wikiEdificio Volta, sede de las oficinas de la CHADE estrenada en mil novecientos treinta y cinco.

Aunque los capitales españoles fueron minoritarios, la compañía por razones estratégicas tuvo su sede en la villa de Madrid y Barna y entre sus directivos se resaltó el político de España Francisco Cambó, llegando a ser en la década de mil novecientos treinta la tercera empresa más grande de España. La firma se volvió insigne por el llamado escándalo de la CHADE, cuando salió a la luz que llevaba adelante una política sistemática de corrupción de funcionarios, tanto en la Argentina, como en Chile y Uruguay, llegando a sobornar al presidente radicalMarcelo T. de Alvear y al presidente conservadorAgustín P. Justo (mil novecientos treinta y dos-mil novecientos treinta y ocho).


La CHADE-CADE aplicó una política comercial que empleó solamente hidrocarburos como materia prima para la producción de electricidad, bloqueando el desarrollo de la energía hidroeléctrica en Argentina.


Realizó un pacto monopólico con la compañía estadounidense ANSEC para repartirse el mercado argentino de electricidad, y con la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), para repartirse el mercado eléctrico de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires y sus aledaños. En mil novecientos treinta y seis la CADE y la CIAE sobornaron a altos funcionarios argentinos para extender sus concesiones concedidas por cincuenta años, otros cuarenta años, y para dejar sin efecto la cláusula que las forzaba a dar sus activos a la Urbe de la ciudad de Buenos Aires al concluir la concesión.

El político catalanista y conservador Francisco Cambó fue el presidente de la CHADE. Impuso una administración empresarial que fomentó de manera sistemática la corrupción política.

La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial (mil novecientos catorce-mil novecientos dieciocho) llevó a ese país a una seria crisis económica y política, que complicó la situación financiera de muchas empresas de capitales alemanes. Entre ellas se hallaba la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE) que era titular de una concesión por cincuenta años, iniciada en mil novecientos siete, del servicio eléctrico de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires, por entonces uno de los 3 más grandes del planeta.


El trust de capitales europeos Sofina, con sede en Bruselas, decidió aprovechar la situación para adquirir la CATE. Para esto, en mil novecientos veinte Sofina decidió crear una compañía que residió en España por razones de estrategia empresarial, que fue llamada Compañía Hispano Argentina de Electricidad (CHADE). Sofina conservó el control accionario de la CHADE, en la que solo una parte minoritaria del capital, de alrededor del veinte por ciento , era de España y estaba representados por quien sería primero vicepresidente y después presidente de la compañía, Francisco Cambó, un político de España catalanista y conservador. Otro alto directivo de la CHADE fue Daniel Heineman, perteneciente al directorio de Sofina. Sofina por su parte era dueña de la Compañía de Tranvías Anglo Argentina, que monopolizaba el extenso servicio de tranvías y trenes subterráneos de la urbe.


Bajo la administración de Cambó la CHADE y después su sucesora la CADE, llevó adelante una política sistemática de corrupción, tanto en la Argentina, como en Chile y Uruguay, llegando a sobornar al presidente radical Marcelo T. de Alvear (mil novecientos veintidos-mil novecientos veintiocho) y al presidente conservador Agustín P. Justo (mil novecientos treinta y dos-mil novecientos treinta y ocho). Su biógrafo Borja de Riquer i Permanyer afirma al respecto:


Hacia fines de la década de mil novecientos veinte los trusts mundiales Sofina (europeo) y Ebasco (estadounidense) alcanzaron un acuerdo monopólico para repartirse el mercado eléctrico argentino de modo tal que a Sofina le quedase toda el área de repercusión de la ciudad de Buenos Aires (que por su parte se había repartido con la Ítalo), al tiempo que a la Ebasco le quedaba el resto del país. La trustificación del mercado eléctrico argentino aplazaría por décadas la electrificación del campo y fomentaría un empleo desmedido de los hidrocarburos al decantarse por el empleo de centrales termoeléctricas, en vez de edificar centrales de energía hidroeléctrica. 3 décadas después, Brasil había conformado un sistema eléctrico apoyado en un setenta y cinco por ciento en la energía hidroeléctrica, que impulsó con fuerza la industrialización pese a no contar con petróleo en su territorio, al paso que en la Argentina ese aporte era solo del ocho por ciento , que al volverlo absolutamente dependiente del petróleo, actuó de manera sistemática como límite para el desarrollo industrial, toda vez que no se conseguía el "autoabastecimiento" petrolero.


En mil novecientos veintisiete la CHADE inauguró una enorme usina termoeléctrica en terrenos ganados al Río de la Plata que conformaron el Puerto Nuevo. En mil novecientos treinta y dos la Ítalo asimismo edificó una súper-usina en las cercanías.


La usina tenía una potencia total de novecientos HP, con doce turbinas y cuarenta y dos calderas. Estaba situada en un terreno de ciento cuarenta cuatrocientos m2. Con esta usina la compañía aumentó su producción de ciento veinticuatro mil ciento noventa KW de energía producida en mil novecientos catorce por la CATE, a doscientos cuarenta y mil KW, en mil novecientos veintisiete. A pesar de ello, la inversión resultó menor que la precisa para atender la demanda de sus clientes del servicio.


La razón de que las 2 "super-usinas" hubiesen sido instaladas en Puerto Nuevo se debió al hecho vital, desde el punto de vista técnico-económico, de la localización en un sitio donde el lignito pudiese ser descargado de forma directa desde los navíos que lo traían de Inglaterra.Por ese motivo la Municipalidad entregó gratis a las compañías esos terrenos, que habían sido ganados al río, en el comprensión de que la reducción de costos operativos se traduciría en una reducción equivalente de las elevadas tarifas. A pesar de ello ni la CHADE, ni la Ítalo, rebajaron las tarifas.


En la década de mil novecientos veinte las 2 empresas eléctricas de la Urbe de la ciudad de Buenos Aires, mas con claro predominio de la CHADE, extendieron su dominio cara lo que entonces se llamaría el Conurbano bonaerense, comprando las compañías eléctrica comunales. La memoria que el presidente Francisco Cambó presentó a los accionistas el veintiocho de mayo de mil novecientos treinta, en plena crisis mundial, describe la situación floreciente de la CHADE, merced a la expansión territorial:

Escándalo de la CHADEEl escándalo de la CHADE descubrió que el expresidente radical Marcelo T. de Alvear fue uno de los funcionarios sobornados.

El seis de septiembre de mil novecientos treinta fue depuesto por un golpe civil-militar el gobierno encabezado por el presidente Hipólito Yrigoyen, quien en su primer orden empezado en mil novecientos dieciseis se había transformado en el primer presidente democrático de la historia argentina. El poder pasó a estar controlado por una coalición de radicales antiyrigoyenistas (antipersonalistas), conservadores y socialistas llamada La Concordancia, que después de una etapa dictatorial, tomó el poder a través de un régimen fraudulento conocido como "la Década Vil". Las compañías eléctricas tuvieron una fuerte repercusión sobre el gobierno a lo largo de la Década Vil, a través de sobornos sistemáticos, o bien por medio de la presencia de políticos que habían sido o bien serían directivos de exactamente las mismas, como el ministro de Hacienda Alberto Hueyo, que fue presidente de la CADE -sucesora de la CHADE-, o bien tenían enfrentamientos de intereses, como fue el caso del asimismo ministro de Hacienda Federico Pinedo, que se había desempeñado como letrado de la CHADE.


En mil novecientos treinta y dos la CHADE debió enfrentar los reclamos de la Junta de Sociedades de Promuevo Pro Rebaja de Tarifas de Electricidad, encabezada por Jorge Del Río, que puso en patentiza un escandaloso patrón de irregularidades en perjuicio de los usuarios, que incluía la elevación fraudulenta de las tarifas.


La demanda ganó la primera plana, cuando ese año el Concejo Deliberante abrió una investigación que concluyó con la preparación de 3 proyectos de ordenanzas, sancionando seriamente a la CHADE y la CIAE, controlando las tarifas, comprobando los costos de producción y mandando a investigar las cobranzas incorrectas. Por año siguiente el Concejo Deliberante volvió sobre sus pasos y designó una una "Comisión de Conciliación", integrada por los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Económicas y también Ingeniería de la Universidad de la ciudad de Buenos Aires, que emitió un dictamen claramente conveniente a las compañías concesionarias. El escándalo llegó a un punto tal que forzó al intendente Mariano de Vedia y Mitre a vedar la ordenanza, poniendo al descubierto las graves irregularidades que contenía, la violación a los términos de las concesiones y las sospechas de corrupción.


El escándalo alcanzó su punto culminante en mil novecientos treinta y seis cuando el Concejo Deliberante alteró los términos de la concesión original de la CHADE-CADE y CIAE a través de las ordenanzas N.º ocho mil veintiocho y ocho mil veintinueve, con una anticipación de veinticinco años respecto del vencimiento del plazo original. Dichas modificaciones extendían la concesión veinticinco años más (desde mil novecientos cincuenta y siete), con opción a otros veinticinco y dejaba sin efecto la "cláusula de reversión", que establecía que las edificaciones, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían de forma automática al patrimonio de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato.


Los concejales de la Unión Civil Radical, que eran mayoría en el Concejo, habían sido sobornados con el visto bueno del expresidente Marcelo T. de Alvear. El informe dejó al descubierto los sobornos percibidos tanto por funcionarios de la Concordancia como de la Unión Civil Radical.


Los directivos de la compañía que planificaron, ordenaron y ejecutaron los delitos y actos de corrupción fueron Francisco Cambó (presidente) Daniel Heineman (vicepresidente), Rafael Vehils, que organizó todos y cada uno de los aspectos de los sobornos y la trama delictiva, y Andrés Bausilis, gerente general de la CADE.


En mil novecientos treinta y seis, en la mitad del escándalo, la CHADE cambió su nombre a Compañía Argentina de Electricidad (CADE), con el objetivo de aparentar que la compañía había sido argentinizada.

Contra sus promesas de campaña, Arturo Frondizi efectuó en mil novecientos cincuenta y ocho un pacto que dejó claramente si efecto el Informe Rodríguez Conde de mil novecientos cuarenta y cuatro, por el que se creó una nueva empresa llamada Segba, en la que la CADE tuvo el setenta y dos por ciento del capital y el Estado el sobrante veintiocho por ciento .

Una de las primeras medidas tomadas por el general Pedro Pablo Ramírez después de deponer al presidente Ramón Castillo el cuatro de junio de mil novecientos cuarenta y tres y aceptar el gobierno el siete de junio fue crear una Comisión Estudiosa de los pormenores de la prórroga de las concesiones eléctricas en mil novecientos treinta y seis. La Comisión fue puesta bajo la dirección del Coronel Matías Rodríguez Conde y estaba integrada asimismo por el ingeniero Juan Sabato (hermano del escritor Ernesto Sabato y futuro miembro del conjunto íntimo de Raúl Alfonsín) y el letrado Juan P. Oliver.


La Comisión entrevistó a la mayoría de los implicados y consiguió documentación vital para develar los mecanismos internos de la corrupción, como el intercambio telegráfico interno de las compañías.


El veintisiete de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro la Comisión acabó su trabajo efectuando un informe y planteando 2 decretos para retirar la personería jurídica de la CADE (sucesora de la CHADE) y la CIADE, anulando las concesiones y disponiendo la expropiación.


Sin embargo el informe no fue publicado sino más bien hasta el momento en que el Congreso de la Nación lo dispusiese en mil novecientos cincuenta y ocho y el trámite de los proyectos de decretos dejando sin efecto las ordenanzas de mil novecientos treinta y seis, quedó paralizado por resolución del vicepresidente Juan D.Perón. La justicia penal por su lado declaró la prescripción de los delitos.


La CADE sería una de las pocas empresas estratégicas no estatizadas a lo largo del gobierno de Perón (mil novecientos cuarenta y seis-mil novecientos cincuenta y cinco), pues había ayudado financieramente en la campaña de Perón para las elecciones. Jorge Del Río apunta por su lado que, sin desmontar el poder del trío CADE-ANSEC-CIAE, Perón tuvo el mérito de crear la compañía estatal Agua y Energía Eléctrica y promovió el desarrollo de usinas populares cooperativas.


En mil novecientos cincuenta y cinco tomó el poder una dictadura autodenominada Revolución Libertadora después de deponer al gobierno constitucional encabezado por Juan D. Perón. Los días veinticuatro y veinticinco de abril de mil novecientos cincuenta y seis, la Junta Consultiva de la dictadura, integrada por los partidos antiperonistas, recomendó aprobar los decretos recomendados por el Informe Rodríguez Conde, anulando las personerías jurídicas de la CADE, la CIADE y la ANSEC. El veintidos de julio de mil novecientos cincuenta y siete una Comisión Asesora encabezada por el procurador Sebastián Soler, recomendó declarar nulos los decretos de mil novecientos treinta y seis y restituir las concesiones de mil novecientos siete y mil novecientos doce.


El veintitres de julio de mil novecientos cincuenta y siete el dictador Pedro Eugenio Aramburu prosiguió este último consejo y firmó el Decreto N.º 8377/57, declarando la nulidad de los 2 decretos de mil novecientos treinta y seis y declarando la vigencia de las concesiones tal y como habían sido establecidas en mil novecientos siete para la CADE y el mil novecientos doce para la CIADE. Dado a que la concesión de la CADE vencía ese el treinta y uno de diciembre de ese año, el decreto dispuso la intervención de la CADE a fin de asegurar la entrega de sus recursos a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.


La CADE y la CIADE comenzaron entonces una campaña internacional contra la resolución de la dictadura y cuestionaron judicialmente el decreto de nulidad de las concesiones y pidió una medida de no crear. La dictadura admitió la medida de no crear y el juez interviniente la dictó, aclarando que exactamente la misma no impedía al Estado ejercer su derecho de expropiar las compañías si de esta forma lo decidía. Al llegar el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, data de finalización de la concesión de la CADE iniciada en mil novecientos siete, nada sucedió.


Pocos meses después aceptó la presidencia Arturo Frondizi, aspirante de la el Unión Civil Radical Inflexible (UCRI) que se definía a sí como "anticadista". Del Río da cuenta de los datos históricos que apuntan que Frondizi tenía un arreglo con las compañías eléctricas ya antes de ser escogido. A poco de aceptar Frondizi mandó al Congreso un proyecto aprobando un pacto del Estado con la CADE, elaborado por la compañía madre Sofina, que fue aprobado como Ley N.º catorce y setecientos setenta y dos. La Ley dispuso crear una nueva empresa llamada Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), integrada por la CADE y el Estado, que aportó de nuevo a la compañía el capital formalmente recibido, quedando liberados los accionistas privados de efectuar inversiones. El pacto terminante reconoció a la CADE el setenta y dos por ciento del capital de la compañía y al Estado nacional el veintiocho por ciento sobrante, mas 3 años después, Frondizi dispuso que el Estado argentino adquiriera todas y cada una de las acciones de la CADE en Segba.






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