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ıllı Ateísmo en Argentina wiki: info, historia y vídeos


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salud  Ateísmo en Argentina 


El ateísmo en Argentina ha venido medrando en porcentaje de población desde hace muchos años, si bien las cantidades no son precisas en tanto que en los censos de Argentina no se pregunta sobre religión. Conforme una encuesta nacional efectuada en dos mil ocho por el Consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas, un once,3 por ciento de la población es atea, agnóstica o bien no tiene religión.


Existen en el país múltiples organizaciones de ateos que tienen como objetivo principal establecer un Estado absolutamente laico, la completa independencia del Estado respecto a cualquier género de religión y una rigurosa separación legal entre los dos conceptos.En diciembre de dos mil ocho, se hizo el Primer Congreso de Ateísmo de Argentina, en el que se discutió sobre diferentes opiniones y dogmas, aparte de sobre el propio ateísmo.


El dos mil ocho se publicó en Argentina la Primera encuesta sobre opiniones y actitudes religiosas (FONCYT-CONICET). En ella se resalta que el once.3 por ciento declara ser agnóstico, ateo o bien no tener ninguna religión. Este conjunto designado en el informe como «indiferentes», tiene su máximo (dieciocho.0 por ciento ) en Capital y GBA, seguido de la zona Sur (once.7 por ciento ) y Centro (nueve.4 por ciento ) y el mínimo (dieciocho por ciento ) en el NOA. Conforme la edad, el máximo es diecisiete.2 por ciento en la franja etaria de dieciocho a veintinueve años y reduciendo en la medida que aumenta la edad. Conforme el nivel de instrucción el máximo es diecisiete.4 por ciento entre los universitarios reduciendo en la medida que reduce el nivel de instrucción.


Disposiciones legales que favorecen al culto católico


A pesar de que la Argentina no tiene religión oficial, existen leyes y decretos que le dan un estatus singular a la Iglesia católica. Además de esto, el preámbulo de la Constitucióninvoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia y el artículo segundo afirma que el Estado debe mantener el culto católico.


El Estado argentino asigna fondos públicos a la Iglesia católica. En dos mil ocho, esta cantidad fue de dieciocho.100.000 pesos. Estos fondos fueron usados para abonar canonizaciones, jubilaciones de sacerdotes, mantenimiento de parroquias y viajes de la jerarquía eclesiástica al Vaticano.


Entre las leyes más esenciales de las que dan beneficios a la Iglesia católica, pueden citarse la Ley N.º veintiuno y novecientos cincuenta, firmada el siete de marzo de mil novecientos setenta y nueve por Jorge Rafael Videla a lo largo del Proceso de Reorganización Nacional, que establece que el salario de arzobispos, obispos y obispos auxiliares de religión católica sea pagado por el Estado, que les asigna un sueldo equivalente al ochenta por ciento de la retribución que recibe un Juez Nacional de Primera Instancia en los 2 primeros casos, y equivalente al setenta por ciento en el tercero. Por medio de la Ley N.º veintiuno y quinientos cuarenta del veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y siete, firmada por Videla, los arzobispos, obispos y el Vicario Castrense para las Fuerzas Armadas reciben al retirarse una asignación mensual de por vida equivalente al setenta por ciento de la retribución de un Juez Nacional de Primera Instancia; al tiempo que los obispos auxiliares reciben una suma afín mas que en su caso equivale al sesenta por ciento .


Cabe mentar asimismo el Decreto N.º 1.991/80 del seis de octubre de mil novecientos ochenta, que asimismo lleva la rúbrica de Videla, a través del que se les cubren los gastos de pasajes tanto para viajes en el país como al exterior a todo el mundo que participan y colaboran con el fin apostólico de la Iglesia, a condición de que el viaje sea por razones de su ministerio.


El Estado, también, subvenciona a las escuelas confesionales otorgándoles entre el ochenta y el cien por ciento del dinero preciso para abonar los sueldos de profesores y maestros. Esto representó en dos mil ocho, solo en Buenos Aires, trescientos veinte millones de pesos. Por otro lado, la Iglesia católica asimismo cuenta con desgravaciones y exenciones impositivas por sus patrimonios y actividades-


Organizaciones de ateos frente al estatus singular de la Iglesia católica


Las organizaciones de ateos están contra que la Iglesia católica reciba un trato singular y dinero público, puesto que consideran injusto que tanto los fieles no católicos como los no fieles deban subvencionar mediante sus impuestos una religión que no practican.


Promueven, además de esto, la apostasía, un trámite por medio del que se puede abandonar a la fe católica en tanto que estiman que cada persona bautizada le deja a la Iglesia católica ejercer mayor presión política y lograr más ventajas sociales. Con la promoción de este trámite defienden el derecho de no tener religión, en tanto que el bautismo es por norma general efectuado cuando la persona es bebé y no tiene poder de raciocinio para decidir, existiendo en consecuencia, una notable cantidad de personas bautizadas en el catolicismo que entonces cambian de religión o bien se convierten en ateas si bien prosiguen siendo católicas para las estadísticas de la Iglesia.


Lucha contra la simbología religiosa en espacios públicos


Al igual que en la política, en el campo judicial asimismo hay una fuerte relación entre el Estado y el catolicismo. Hay un sinnúmero de símbolos religiosos en tribunales federales, provinciales y municipales a lo largo y ancho del país. Las organizaciones de ateos y ciertas de derechos civiles se oponen a esta situación, con lo que han denunciado judicialmente ciertos casos particularmente.


Una de las demandas fue tomada por la juez Susana Córdoba, que falló en favor de la remoción de una imagen de la Virgen María y un retrato de San Cayetano, entre otros muchos símbolos religiosos, que se hallaban en la entrada del Palacio de Justicia de la Nación desde dos mil dos y afirmó estar en consonancia con lo expresado previamente por el presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, que había dicho:


Los símbolos religiosos fueron retirados en dos mil cuatro, si bien el fallo fue apelado por la Empresa de Abogados Católicos. En dos mil cinco, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo estimó que no era discriminatorio el tener símbolos religiosos en edificios públicos y fundamentó:


Carmen María Argibay fue una reputada juez argentina de larga trayectoria que fue propuesta en el último mes del año de dos mil tres para cubrir una plaza libre que había en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Su postulación produjo un intenso discute por declaraciones en las que mantuvo que estaba en favor de la despenalización del aborto y que se declaraba atea componente.


En julio de dos mil cuatro, el Senado de la Nación aprobó su integración como ministra de la Corte, después de una fuerte discusión en torno a su condición de atea. El ex- presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, en su calidad de miembro del Senado por la provincia de La Rioja, mantuvo que Argibay no estaba habilitada para ocupar un cargo en la Corte Suprema por haberse declarado atea y preguntó a quién se confiaba si no creía en Dios. Basó su oposición a la designación en el previamente convocado preámbulo de la Constitución Nacional, que invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.


Argibay, por su parte, había hecho declaraciones en las que mantenía lo siguiente:


Finalmente, Argibay aceptó como ministra de la Corte en el mes de febrero de dos mil cinco puesto que debió seguir ciertos meses con su trabajo en el Tribunal Penal Internacional para la ex- Yugoslavia, en La Haya.






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