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salud  Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 


Ley de Servicios de Comunicación AudiovisualwikiPintada en un muro de la urbe de Córdoba en referencia a la Ley de Medios.

La Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el proceso que empezó desde la reglamentación de la Ley veintiseis y quinientos veintidos, aprobada por el Congreso Nacional, en el mes de agosto de dos mil nueve. La plena aplicación de dicha Ley fue diferida desde las presentaciones en la justicia de una parte de diferentes políticos y conjuntos económicos, que demandaban por la ley en conjunto o bien por artículos particularmente.


Una vez aprobada en la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados y en el Senado, comenzaron a surgir los primeros óbices a la total aplicación de la Ley, debido a las medidas cautelares que se sucedieron. Sin embargo, no hubo objeción a la mayor parte de los artículos y ciertos de ellos se comenzaron a incorporar desde exactamente la misma aprobación en el Congreso y su siguiente sanción.


En la actualidad, se halla suspendido solamente 2 artículos de la ley referidos a la cantidad de licencias de medios que pueden ser propiedad del mismo conjunto económico en Argentina, y el tiempo para adecuarse a la ley. Estos artículos fueron suspendidos a instancias del Conjunto Clarín, a través de la presentación de medidas cautelares a lo largo de los 3 años siguientes a la votación de la ley.


Puesto que la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual afecta poderosos intereses, distintos conjuntos económicos y políticos se han presentado frente a la Justicia para bloquear —en mayor o bien menor medida— la plena aplicación de esta Ley.


En dos mil nueve, cuando recién estaba aprobada por las dos cámaras del poder legislativo argentino, el Conjunto Clarín presentó una demanda que cuestiona la constitucionalidad de los artículos ciento sesenta y uno (el plazo de adecuación a la ley), el artículo cuarenta y uno (intransferibilidad de las autorizaciones y licencias) y el artículo cuarenta y cinco (la cantidad de licencia que puede tener cada licenciatario), basándose en que no respeta "derechos adquiridos". En el último mes del año de dos mil nueve, a 3 meses de la aprobación de la ley, el juez al cargo de la causa, Edmundo Carbone, dicta una medida cautelar, sin solucionar la cuestión de fondo.


Esta cautelar fue apelada por el gobierno argentino y en mayo de dos mil diez, la Cámara Civil y Comercial Federal anuló la suspensión del artículo (el cuarenta y uno) que había preparado Carbone, mas la sostuvo para el resto de los artículos. Esto fue apelado de nuevo por el gobierno y la Corte Suprema de Justicia sostuvo la cautelar, mas demandó que se fije un plazo máximo a la cautelar para solucionar la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad o bien no de los artículos de la ley. La Cámara Civil y Comercial Federal en mayo de dos mil once puso ese plazo en tres años. Por último, tras la apelación por la parte del Conjunto Clarín, el veintidos de mayo de dos mil doce, la Corte Suprema de Justicia estableció el siete de diciembre de dos mil doce como plazo específico para el cese de la medida cautelar.


Meses después y escasos días de la data límite, el Conjunto Clarín pidió extender la medida cautelar precedente para sostener suspendida la aplicación de la Ley, mas la Corte Suprema rechazó ese pedido el veintisiete de noviembre de dos mil doce, aparte de pedir al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia terminante sobre la cuestión de fondo, esto es, la resolución final sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.


Plazo para cumplimiento de la Ley


Tras prácticamente 3 años de continuar paralizada la aplicación de la totalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el veintidos de mayo de dos mil doce la Corte Suprema de Justicia estableció el siete de diciembre de dos mil doce como plazo específico para el su cumplimiento integral. Realmente, conforme con el fallo de la Corte, tal es el plazo límite para el vencimiento de las medidas cautelares. El fallo asimismo explica que las cautelares «son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden substituir la solución de fondo por el hecho de que afectan la seguridad jurídica». De esta forma, la resolución del caso «Grupo Clarín S.A. y otros sobre medidas cautelares» ordena que se aplique el artículo ciento sesenta y uno de la ley, que fuerza a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, con lo que quedan obligados tanto el Conjunto Clarín como el resto conjuntos de medios que sobrepasen la cantidad de licencias toleradas a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año «desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido el plazo, van a ser aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen». De las más o menos trescientos licencias que tiene el Conjunto Clarín, va a poder sostener un máximo de veinticuatro, debiendo deshacerse del resto.


El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue por resolución unánime, siendo firmado por el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y por los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi (quien manifestó no compartir todos y cada uno de los fundamentos de sus colegas), Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.


Extensión de cautelares


El veinte de noviembre de dos mil doce, el Conjunto Clarín hizo una presentación judicial en la que le pidió a la Corte Suprema de Justicia la extensión de la medida cautelar «más allá» del siete de diciembre. Sin embargo, una semana después, la Corte Suprema rechazó y calificó dicha petición de «inadmisible», confirmando el siete de diciembre como data límite para ajustarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aparte de ordenar al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia terminante sobre la cuestión de fondo, esto es, la resolución final sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios.


No obstante esta resolución de la Corte Suprema, el seis de diciembre de dos mil doce, a un día de la data fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que favorecía al Conjunto Clarín, los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extendieron la medida cautelar que sostenía suspendido el artículo ciento sesenta y uno de la Ley de Medios «hasta que se dicte una sentencia terminante en la causa». Esta resolución, contraria al dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, provocó la inmediata reacción del Gobierno, en tanto que el juez De las Carreras se halla investigado por la Justicia Penal en una causa por supuestas limosnas y cohecho. Se estudia al juez De las Carreras por haber admitido una convidación para viajar a Miami con todos y cada uno de los gastos pagados por Certal, una organización de medios integrada por Clarín. En el marco de la investigación, el juez aceptó que su viaje a Miami para acudir a un congreso de comunicación audiovisual fue pagado por Certal, si bien asevera haber pagado de su bolsillo los gastos en nutrición. De las Carreras no se excusó de juzgar en la causa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se declaró eficiente para hacerlo, sin embargo de aceptar esta vinculación con una de las partes en pleito.


Dos días después, el ocho de diciembre de dos mil doce, con respecto a la resolución de los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, el miembro del Senado del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes declaró que los jueces de la Cámara Civil y Comercial federal habrían de ser sometidos a un «jury de enjuiciamiento» por no haberse excusado de la causa, ignorando las demandas que señalaban su comprometimiento con el Conjunto Clarín, una de las partes en pleito. Para Fuentes, «Si los jueces pretenden regir o bien legislar mediante sus sentencias, eso produce un enfrentamiento de poderes que se soluciona en el Congreso de la Nación por juicio político».


Repercusiones


A partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de establecer un plazo límite para el vencimiento de las medidas cautelares del Conjunto Clarín y la entrada en vigencia de la totalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se popularizaron en la sociedad manifestaciones sobre el tema. La data establecida por la Corte quedó por último famosa por la contracción «7D» y tanto oficialistas como opositores pasaron a referirse solo de esta forma al evento.

Pintadas contra el Diario Clarín

Horas ya antes de esta extensión de la cautelar que favoreció al Conjunto Clarín, suspendiendo la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, la Comisión de Libertad de Expresión de la Corte Suprema respondió a un propongo de los jueces de la Cámara Civil y Comercial y exhortó al Poder Ejecutivo Nacional «cumplir rigurosamente con el artículo ciento nueve de la Constitución Nacional y a ejercer sus facultades como poder del Estado en el marco de las reglas procesales, eludiendo el empleo de mecanismos directos o bien indirectos de presión sobre los jueces que afecten su Independencia. El reclamo es una crítica directa a la jefe del Estado, Cristina Fernández».


No obstante, el once de diciembre de dos mil doce, un conjunto de camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país publicó un documento crítico, en forma de pedida en los diarios Página/12 y Campo Financiero con respecto al comunicado emitido por la Comisión de Libertad de Expresión, aseverando que «La independencia del Poder Judicial no debe comprenderse limitada a la relación que debe existir entre los poderes del Estado» y que «Los jueces asimismo han de ser independientes de los intereses de tipo económico de las grandes empresas, de los medios concentrados, de los jueces de las instancias superiores e inclusive de las organizaciones que los representan». Este hecho puso de manifiesto la existencia de un campo disidente dentro del Poder Judicial en lo relativo a la postura adoptada por ciertos jueces, sobre todo por lo que respecta al mecanismo de recusación de jueces: «La recusación es el mecanismo procesal establecido en la legislación actual para asegurar un eficiente servicio de justicia y asegurar la ecuanimidad de las resoluciones judiciales. Es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de la trasparencia del desempeño profesional de la magistratura», definieron los funcionarios en este comunicado.

Véanse también:Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Martín Sabbatella.

En septiembre de dos mil doce, el exintendente de Morón y miembro del Congreso de los Diputados nacionalMartín Sabbatella fue designado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), con vistas al cumplimiento integral de la Ley de Medios, que debe darse, conforme con el fallo de Corte Suprema de Justicia, el próximo siete de diciembre de dos mil doce. Para esa data, van a deber reasignarse las señales que en la actualidad son operadas por el Conjunto Clarín y que sobrepasan los límites previstos por la ley sancionada hace 3 años por el Parlamento, puesto que expira el plazo concedido por la justicia a la vigencia de la medida cautelar que suspendió el artículo ciento sesenta y uno de la regla, que estableció un plazo de un año a fin de que las compañías mediáticas se desprendan de las señales que sobrepasan los límites fijado por la ley.


La llegada de Sabbatella al AFSCA busca darle «peso político» al organismo en un instante clave. Su currículo para acceder a la AFSCA resalta como logros la creación de la oficina anticorrupción, el libre acceso a la información pública y la obligación a los funcionarios de hacer públicas sus declaraciones juradas de recursos.


La designación de Sabbatella a la conducción del AFSCA recibió el apoyo de cientos y cientos de referentes de organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y de la cultura y la educación, como Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, Hugo Yasky, Alex Freyre, Fito Páez, Vicentico, Víctor Heredia, Soledad Silveyra, Florencia Peña, Cecilia Roth, Arturo Bonín, Víctor Hugo Morales, Eduardo Aliverti y Jorge Dorio, entre otros muchos. Asimismo la O.N.G. Médicos del Planeta y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos expresaron su adhesión a la designación a través de una pedida que fue publicada en medios como Página/12, Tiempo Argentino, Diario Popular y Crónica, entre otros muchos diarios.


Por otra parte, esta designación recibió valoraciones positivas por la parte de las radios universitarias de todo el país, de políticos como Agustín Rossi y Carlos Heller, quienes estimaron que Sabbatella es «la persona ideal para conducir y para aplicar y hacer cumplir la nueva ley de medios, al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual».


También manifestaron su apoyo los legisladores del bloque kirchnerista porteño y la Capacitad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.


Finalmente, la resolución de Fernández de Kirchner de designar a Sabbatella al frente del AFSCA se basó, entre otras muchas razones, pues «es un líder que ha mostrado con su administración en Morón su compromiso para desmantelar poderes monopólicos y corruptos. Poner al frente del AFSCA a Martín Sabbatella, es dar una clara señal de la trasparencia y capacidad de administración que la presidente busca para hacer totalmente eficaz la aplicación de la ley de medios», expresaron los legisladores porteños del Frente Para la Victoria y aliados del bloque en un comunicado a la prensa. En este sentido, Sabbatella declaró que la Ley «ha significado un avance legal enorme en lo que hace a democratizar la palabra y a asegurar la pluralidad de voces y la libertad de expresión, con lo que trabajar en su aplicación es un reto enorme y una enorme responsabilidad».


El 1º. de octubre del mismo año, la presidente Cristina Fernández de Kirchner ratificó la designación de Martín Sabbatella al frente del AFSCA a través de un decreto. Pese a los intentos de impugnación por la parte de ciertos campos de la oposición, como las que fueron presentadas por Elisa Carrió (Alianza Civil ARI), Laura Alonso (PRO) y Patricia Bullrich (Unión por Todos), la presidente ratificó su resolución y, en el acto de la firma del decreto que confirmaba a Sabbatella, declaró que «nadie lo puede tildar de oficialista. Encabezaba una lista contra Néstor Kirchner en dos mil nueve. Debe haber pocos casos en el planeta con esta situación de pluralidad y diversidad en serio». Así, Sabbatella quedó confirmado como titular del AFSCA cara la completa aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.






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